Ciudad de México | Desinformémonos. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigió justicia y respeto para las comunidades tepecana y wixáritari de Azqueltán, Jalisco, en el marco de las violaciones a sus derechos humanos y comunitarios.
La Red TDT difundió una petición para que las personas acusadas de los delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias sean investigadas y ajusticiadas y para que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio Villa Guerrero, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidad.
En el comunicado exigieron que se investiguen y sancionen los perpetradores del intento de homicidio del 3 de noviembre de 2019, ya que “la impunidad prevalece” tras el crimen cometido por Fabio Ernesto Flores Sánchez -quien no ha sido detenido “debido a la omisión de los distintos cuerpos policíacos y ministeriales”-, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Fausto, quienes fueron detenidos y luego puestos en libertad por las autoridades estatales de Jalisco después de que reclasificaron el delito como lesiones y consideraron que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso.
La organización de derechos humanos también denunció la participación de las autoridades municipales de Villa Guerero en el despojo y robo de tierras a los pueblos indígenas por parte de pequeños propietarios, una violación a sus derechos como pueblos originarios y “un atentado contra su identidad y formas de organización y relación”. A esto se suma que las y los comuneros han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada, afirmó la Red.
Finalmente, la Red pidió un alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de las comunidades tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y que la Fiscalía General de la República escuche sus denuncias y actúe de manera correspondiente.
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A continuación el comunicado completo:
La comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero continúa esperando respuestas a sus demandas y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y a sus derechos comunitarios.
Mediante acciones ilegales, han sufrido el despojo y robo de tierras por parte de pequeños propietarios, lo que ha significado violaciones graves a sus derechos como pueblos indígenas. El despojo de su territorio es también un atentado contra su identidad y formas de organización y relación como pueblos originarios dado que la relación con la tierra es una parte fundamental de su identidad. Asimismo, sus comuneros y autoridades comunitarias han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada.
De manera particular resulta preocupante el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019 por Fabio Ernesto Flores Sánchez, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, que consta en la carpeta de investigación 522/2019 y la causa penal 120/2019. Estos dos últimos fueron detenidos en diferentes momentos y puestos en libertad por el Juzgado de Control y Juicio Oral del XI Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Colotlán, tras reclasificar el delito como lesiones y considerar que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso en prisión preventiva. En tanto que Fabio Flores Sánchez no ha sido detenido en ningún momento debido a la omisión de los distintos cuerpos policiacos y ministeriales a pesar de que se ha conocido y dado aviso en diversas ocasiones de su paradero.
Diversos informes públicos y notas en medios han señalado las afectaciones médicas y la gravedad de las heridas causadas por estos agresores contra autoridades comunitarias y cómo la impunidad prevalece. Asimismo, han señalado la participación de autoridades municipales de Villa Guerrero en el despojo y privatización de la tierra comunal que aparecen documentadas en el expediente en litigio 38/2015 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco.
En ese mismo sentido, es urgente señalar que la invasión y despojo que buscan privatizar los terrenos comunales de San Lorenzo Azqueltán, no se ha detenido. Los conflictos y agresiones contra la comunidad por la impunidad de estos delitos y la dilación de las autoridades judiciales para dictar las resoluciones correspondientes preocupa porque incrementa el riesgo para la comunidad por las potenciales agresiones que pueden sufrir en este contexto.
Manifestamos nuestra preocupación e indignación por esta situación y solicitamos a las autoridades correspondientes que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades legales, intervengan en el asunto y se lleven a cabo acciones orientadas a garantizar la paz y la justicia para San Lorenzo de Azqueltán. Por ello, exigimos:
- Investigación y sanción correspondiente, conforme a juicio, de los C. Fabio Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, señalados como perpetradores por la comunidad.
- Debida integración de las carpetas de investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión contra las personas acusadas de los diversos delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias.
- Que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidas.
- Alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de la comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y respeto a su derecho a la organización y la protesta social.
- Que la Fiscalía General de la República esucuche las denuncias y atraiga el caso donde policías municipales de Villa Guerrero torturaron a un comunero, toda vez que cumple con los requisitos marcados en la ley para ser atraído por la Fiscalia Especial en Investigación del Delito de Tortura.
