Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Luego de que Naciones Unidas emitiera una resolución en la que afirma que la detención del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, fue arbitraria y que por ello es un preso político desde hace tres años, los integrantes de la agrupación exigieron a las autoridades de Puebla su liberación inmediata.
A través de una carta dirigida al gobernador Antonio Gali Fayad y a otras autoridades estatales, los miembros de La 28 de Octubre refieren la conclusión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la cual aseguró que Simitrio fue perseguido por sus actividades políticas y que el gobierno estatal debe reparar el daño, incluso con el pago de una indemnización.
“En vista de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo solicita al gobierno de México que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Rubén Sarabia Sánchez sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indica la resolución emitida en agosto.
El Grupo de Trabajo destacó que Sarabia Sánchez fue objeto de persecución en el estado de Puebla por sus actividades políticas, incluido su rol en el sindicato. “Esa es la razón del acoso judicial constante, empeorado por la revocatoria de la libertad condicional unos meses antes de que su sentencia de 25 años estuviese a punto de caducar”, agregó.
En la resolución se afirmó además que la persecución de Simitrio es “una práctica discriminatorio que viola el artículo 26 del Pacto y, como consecuencia, hacen que el arresto y la detención de diciembre de 2014 hayan sido arbitrarios bajo la categoría V”.
Por ello, los integrantes de La 28 de Octubre demandaron que el gobierno de Puebla “deje de utilizar al Poder Judicial del Estado y sus tribunales como tribunales de consigna, es decir, que dejen de usar la prisión preventiva como método de control y castigo político”.
Simitrio, quien es el líder principal de la agrupación, fue acusado de violar su libertad condicional en 2014, a sólo unos días de que se le decretara libertad absoluta en torno a un caso radicado en Tlaxcala. Sin embargo, la familia del líder aseguró que se trata de una represión política tras haberse negado a que la organización estuviera al servicio del gobierno.
