Desde diciembre pasado, circula en internet un documento que busca acumular firmas en favor de la liberación de Roberto Abel Jiménez García, Othon Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Juan Carlos Orozco Matus, profesores de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, detenidos el 28 y 29 de octubre de 2015.

En la carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, los adherentes dan cuenta de las violaciones de que han sido objeto los cuatro docentes desde el momento mismo de su captura. Éstas serían responsabilidad de las personas que ejecutaron las detenciones, así como de los juzgadores que libraron la orden de aprehensión y los que tramitan los procesos penales.

Destaca en la carta pública la exigencia de justicia y, en tanto, de inmediata liberación de los maestros procesados como consecuencia de las recurrentes violaciones a su debido proceso. También la demanda hacia las autoridades mexicanas de que ofrezcan una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron.

Además de la detención arbitraria, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron objeto de desaparición forzada, en perjuicio de su derecho a la vida e integridad personal. Y es que las personas de civil que los detuvieron, mismas que jamás se identificaron como policías, no los pusieron a disposición de autoridad alguna. Aunado a ello, durante las primeras horas que siguieron a la aprehensión, la autoridad ministerial negó información sobre el paradero de los docentes.

Fue hasta 11 horas después de la captura que se supo de estos cuatro hombres, dado que la Procuraduría General de la República los exhibió en televisión nacional como delincuentes de alta peligrosidad.

Entre las violaciones al debido proceso contra los profesores oaxaqueños, se encuentran: la no presentación de órdenes de aprehensión ni de cateo en el momento de la detención; su traslado al Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, un penal de máxima seguridad ubicado en otra entidad, no obstante que la orden de aprehensión mandataba que fueran internados en cárceles de Oaxaca; la negativa de que los abogados particulares estuvieran presentes durante la declaración preparatoria; que las declaraciones preparatorias sucedieran en El Altiplano, aun cuando se trata de asuntos de competencia del fuero común; la exhibición de los docente en medios de comunicación nacional y redes sociales; y que una de las principales pruebas en contra de los inculpados sea una fotografía cuya fuente es Google.