Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos condenaron el asesinato de cinco policías comunitarios y la detención de otros 30 integrantes de de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por parte de la policía estatal, federal y del ejército mexicano, “con ayuda del grupo de choque de los caciques gravilleros”.
“El ejército y la policía estatal y federal están cometiendo delitos graves al utilizar la maquinaria de la seguridad nacional para asesinar a ciudadanos e incursionar en las casas sin orden de aprehensión ,y detener ilegalmente a 30 personas violando sus derechos humanos, poniendo en riesgo su integridad física como emocional e incluso su derecho a la vida, así como la violación al derecho al debido proceso al ser incriminados injustamente”, señalaron.
Las organizaciones denunciaron que los detenidos continúan incomunicados y sin saber los delitos por los cuales fueron encarcelados.
Explicaron que las acciones fueron contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui, su hermano Vicente y otros integrantes de la Coordinadora.
“La lucha del CECOP por mantener detenido el proyecto de la presa de La Parota durante más de 15 años ha sido incansable, a pesar de la represión, la violencia y la criminalización. En años anteriores se han vivido una serie de actos de violencia en contra de nuestros compañeros, que ahora se intensifican con los asesinatos y detenciones”, puntualizaron.
Añadieron que la amenaza a la defensa de los pueblos contra el despojo es mayor por la legalización de la intervención armada “para reprimir” mediante la Ley de Seguridad Interior, aprobada a finales del 2017. Esto “muestra que el Estado mexicano utiliza de manera sistemática todas sus instituciones para imponer sus proyectos, asesinar y violentar a los pueblos en sus derechos, y ser servicial del poder económico permitiendo el despojo”, indicaron.
Por ello, responsabilizaron al gobierno federal y estatal de la integridad física y emocional de los detenidos de la CRAC e hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan y garanticen su integridad.
