Más de 400 concesiones mineras pesan sobre territorio oaxaqueño. Éstas abarcan 35 proyectos enquistados en las ocho regiones del estado. Ninguna cuenta con la anuencia de las comunidades y los pueblos originarios.

Frente a este panorama, el 29 y 30 de enero de 2016 se celebró en la comunidad del Cerro de las Huertas, municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, el Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería.

Las 48 comunidades, 30 organizaciones, dos centros de investigación y tres radios comunitarias reunidas en el marco de esta actividad exigieron la cancelación de todas las concesiones y proyectos mineros en Oaxaca. Además acordaron que, a partir de ahora, cada 22 de julio conmemorarán el Día Estatal de Resistencia contra la Minería.

“La minería es la expresión de un modelo de dominación, sustentado en la extracción irracional de los bienes comunes de los pueblos, que se sustenta en el despojo”, enfatizaron en la declaratoria de su encuentro, hecha pública el primer día de este mes.

En su documento, señalaron también que las concesiones mineras vulneran sus derechos fundamentales, como el de autonomía, en la medida en que éstas son otorgadas por el gobierno federal sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.

Aunado a ello, los proyectos mineros representan una grave amenaza hacia sus formas de vida y medio ambiente, ya que producen la contaminación irreversible del territorio, mismo que es la base de la economía y alimentación comunitaria.

Las personas que participaron en el Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería evidenciaron la mancuerna que existe entre empresarios mineros y representantes de los gobiernos federal y estatal para despojar del territorio a los pueblos y comunidades indígenas.

En aras de este objetivo, los empresarios apuestan a la división y confrontación de las comunidades, mientras que los gobernantes impulsan modificaciones legislativas en favor de las compañías mineras. Pero esto no acaba aquí. Las personas defensoras del territorio son castigadas: se les persigue, encarcela e incluso se les priva de la vida.

Pese al panorama de adversidad, la organización y resistencia de los pueblos oaxaqueños no cesa. A partir de la combinación de diversas estrategias de resistencia pacífica, defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes. Prueba de ello es el Encuentro celebrado, espacio de reflexión colectiva en aras de fortalecer y articular las resistencias regionales y estatales.

La declaratoria del Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería alude a ocho problemáticas específicas: el proyecto minero de la empresa Plata Real, en Ciudad Ixtepec; los intentos de dividir a los ejidatarios de Monte del Toro por parte de Alfredo Ramírez, subdelegado de Conciliación Agraria; el proyecto minero San José, al que se opone la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán; la sustracción de agua de 14 comunidades de El Barrio de la Soledad por parte de la empresa Cruz Azul S.C.L.; el proyecto La Raquelita, en el municipio de San Juan Tepeuxila; la concesión por parte del gobierno federal de 5 mil 413 hectáreas a las empresas mineras Zalamera y Minaurum Gold, lo que afecta a 14 comunidades Chontales de los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita; la introducción del programa Fanar en la comunidad de San Andrés Chicahuxtla; y la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido, que afecta las tierras ejidales de Santa Catarina Coatlán.

Las personas reunidas a finales de enero en Ejutla de Crespo, Oaxaca, llaman a comunidades, pueblos y organizaciones a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte. Los convocan, igualmente, a articular esfuerzos en torno a un frente estatal contra la minería.