La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la “gravísima situación de riesgo” que enfrentan las personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTTTI y, muy especialmente, las integrantes de la Asociación Arcoiris, con sede en Honduras.
Es por ello que exigen al gobierno de este país el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las integrantes de Arcoiris, y que garantice la seguridad de todas las personas defensoras de la diversidad sexual.
La labor que desempeña la Asociación Arcoiris, fundada en 2003, se ha traducido en numerosos incidentes de seguridad para quienes la integran. Es así que entre julio de 2015 y enero de 2016, esta Asociación reportó haber sido blanco de 36 incidentes de seguridad, entre ellos, de cinco asesinatos, además de amenazas, vigilancia y hostigamiento.
Tan sólo en enero de 2016, el equipo de Arcoiris sufrió siete ataques, incluidos los asesinatos de Paola Barraza y Estefanía Zúniga. Antes fueron ejecutadas también las siguientes personas: Angie Ferreira, Violeta (testigo presencial del crimen de Angie), Josselin Janet Aceituno Suazo y Henry Matamoros.
