El 24 de febrero pasado, el hijo de Mario Luna Romero, defensor, vocero y autoridad de la Tribu Yaqui, fue agredido. El atentado ocurrió en el estado Sonora, aproximadamente a las 19:30 horas, mientras el joven de 16 años de edad conducía una motocicleta. Entonces, un grupo de personas a bordo de una camioneta le lanzó cuestionamientos sobre su padre y otras personas de la Tribu para, posteriormente, jalarlo de la ropa y tirarlo al piso con la moto aún en marcha.

Organizaciones y redes de derechos humanos manifiestan su profunda indignación y rechazo ante los actos referidos, mismos que, según refieren, pusieron en riesgo la vida del hijo de Mario Luna.

Además de expresar su molestia por la agresión, las y los defensores de derechos humanos del país exigen a las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto y de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, adoptar todas las medidas necesarias para la protección inmediata de la integridad personal de Mario Luna y su familia, en virtud de la obligación del Estado de garantizar los derechos a la vida e integridad personal.

En un comunicado emitido ayer, las 12 organizaciones y redes firmantes recuerdan que Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros y defensores de los derechos humanos de la Tribu Yaqui, han sido criminalizados por su lucha en contra del Acueducto Independencia y en defensa del agua. Es así que fueron detenidos de forma arbitraria, acusados y encarcelados indebidamente.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado constancia de las violaciones del derecho a la libre autodeterminación de la Tribu Yaqui, así como del derecho al debido proceso, derivado de la detención arbitraria de sus voceros, en 2014.

Aunado a ello, decenas de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos han manifestado, en repetidas ocasiones, su preocupación por las agresiones que ya en otras ocasiones han puesto en peligro la integridad y la vida de personas yaquis.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; DECA Equipo Pueblo; el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Fundación para la Democracia.
Servicios y Asesoría para la Paz; el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Jóvenes en Resistencia Alternativa; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, son las organizaciones a cargo del comunicado.