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Exigen a gobierno de Yucatán investigar a fondo todos los casos con indicio de tortura

Redacción Desinformémonos

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Desinformémonos| Ciudad de México. 13/07/2016.- Equipo Indignación exige al gobierno de Yucatán a actuar, en el caso de William Roberto Chan Cob quien fue víctima de policías municipales de Temax quienes lo “torturaron a con tal brutalidad que le ocasionaron la muerte”, con investigaciones escrupulosas, apegadas a los criterios internacionales en cada uno de los casos en los que exista algún indicio de tortura, así mismo instaron a la Comisión de Derechos Humanos, que señalaron, está obligada a realizar un informe especial de todos los casos de los que tiene conocimiento y a elevar las exigencias y recomendaciones de acuerdo con los criterios internacionales en esta materia, incluyendo las medidas necesarias para erradicar y sancionar esta ominosa práctica.

En mayo pasado, policías municipales de Temax torturaron a William Roberto Chan Cob hasta asesinarlo, luego de semanas, a través del forense de la Fiscalía se determinó parasitosis en una conclusión que la organización califica de “absurda” y que dicen que no tiene más objetivo que encubrir la tortura. Unos días después de la tortura en Temax, se informó del fallecimiento de un detenido en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Mérida. Se dijo que fue por infarto.

Explican que ya han pasado 25 años de lucha en contra de la tortura y es la primera vez que el gobierno de Yucatán actúa e inicia una investigación con la detención de los responsables ya que existe un video que circula en redes sociales y que evidencia los hechos, por lo que en este caso el gobierno, a través de la fiscalía, detuvo a los policías responsables y los investiga, la difusión del crimen “ha obligado a actuar y ha evitado la natural tendencia del gobierno a encubrir” aseguran.

Ante la evidencia de tortura cometida por Policías Municipales de Tekax y “probablemente un integrante de la Policía Estatal, al menos con camiseta de esa corporación” acusa Indignación y agrega que el Gobierno de Yucatán admite como “hechos lamentables” y condena esa y “cualquier práctica que atente contra los derechos humanos” sin llamarla por su nombre y “deplorando” dicen, estos hechos ante los cuales los policías responsables no fueron detenidos ni se les investiga. La fiscalía no actúa como tal. “Parece esperar una recomendación de un organismo internacional para actuar como le correspondería. Mientras tanto, prefiere omitir cualquier investigación, cualquier acción.

Aseguran que la tortura es generalizada, normalizada, impune y que se trata de una práctica recurrente de los policías al momento de la detención, a pesar de ello, no hay ningún sentenciado en Yucatán. Las autoridades protegen y encubren a los policías al grado de falsear hechos, dicen.

¿Cuántos “suicidios” en las cárceles municipales y estatales no serán en realidad crímenes de tortura encubiertos? ¿Cuántos “infartos” en las cárceles no serán producto de la tortura infligida?”, cuestionaron.

No se trata de un hecho aislado ya que, recuerdan que, en agosto 2010 un hecho similar se dio en en los separos de la entonces Procuraduría Estatal, donde “falleció” Roberth Tzab Ek en circunstancias que obligan a sospechar tortura. A pesar de esto, desde 2010 la entonces Procuraduría y las Fiscalías no han hecho más que “obstaculizar la investigación e intentar cerrarla”.

Sólo el trabajo emprendido por organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos como el equipo que integra Indignación, ha presionado e impedido por medio de amparos y otros recursos legales que se cerrada la investigación. Las autoridades se niegan a investigar a los policías y a quienes eran responsables del detenido puesto que lo tenían bajo su custodia, afirman.

Aclararon que no es la primera vez que hay una grabación ya que un compañero voluntario del equipo Indignación, grabó en 2006 un evento de tortura cuando era gobernador Patricio Patrón Laviada, el integrante de Indignación que laboraba en el edificio que antes ocupó la antigua Procuraduría, en la calle 66, fue posteriormente despedido debido a que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán lo señaló a pesar de la petición de proteger la identidad del denunciante. La propia Comisión se negó a actuar ante el despido por considerarlo un caso laboral ante el cual no puede actuar.

Recuerdan que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, en tiempos de Jorge Victoria, tuvo severas deficiencias ante casos de tortura y se limitó a recomendar cursos a policías en vez de interponer denuncias y, ante fallecimientos de personas en centros de detención, prefirió centrarse en las omisiones de quienes tienen a su cuidado a cualquier detenido y en las condiciones de las cárceles municipales, que dicen “ciertamente son deplorables”, pero que, consideran, podrían significar un distractor si se estuviera ante un caso de tortura.

La reelección de Jorge Victoria como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán que acusaron de ser promovida por agrupaciones que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de su “evidente impericia y su incapacidad de confrontar al poder”, ha sido uno de los elementos que han permitido que continúe la tortura en Yucatán.

Uno de los casos que cerró apresuradamente Jorge Victoria poco antes de concluir su gestión, fue un caso de tortura cometido contra un joven acusado de robar un bulto de cemento. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública lo golpearon y le simularon una violación ante lo que el titular de la dependencia “se dio por satisfecho” con el cambio de los policías responsables a otra ruta.

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