Ciudad de México | Desinformémonos. A un año de la detención arbitraria de Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y de la Policía Comunitaria en Guerrero, 15 europarlamentarios enviarion una misiva dirigidas a autoridades estateles para evidenciar las irregularidades en el proceso de los presos.

En la carta, los parlamentarios de la Unión Europea llamaron al gobernador Héctor Astudillo y al fiscal general de Guerrero Jorge Zuriel de los Santos Barrila a garantizar un debido proceso legal a las 17 personas defensoras imputadas, «tomando en cuenta
las condiciones de arbitrariedad de la detención, las implicaciones de las alegaciones de tortura y malos tratos para la valoración de los datos de prueba, la probable fabricación y/o manipulación de evidencia bajo estas circunstancias y el carácter individualizante de las pruebas que se requiere para garantizar el debido proceso».

A continuación la carta completa:

Asunto: Criminalización de integrantes del CECOP

Sr. Héctor Astudillo Flores Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

Sr. Jorge Zuriel de los Santos Barrila Fiscal General del Estado de Guerrero

CC: Sr. Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México

Sr. Mauricio Escanero Figueroa, Jefe de la Misión de México ante la Unión Europea

Distinguido Señor Gobernador, Distinguido Señor Fiscal General:
Los miembros del Parlamento Europeo que suscribimos esta comunicación estamos profundamente preocupados por las informaciones que hemos recibido sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en México, particularmente sobre la criminalización incesante de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa “La Parota” (CECOP) en el Estado de Guerrero.

Dado el compromiso compartido que la Unión Europea y México sostienen a favor del cumplimiento de los derechos humanos, nos dirigimos a ustedes, respetuosos de la soberanía del Estado mexicano.

Consideramos de especial relevancia referirnos al importante papel que representan las personas
defensoras de derechos humanos, particularmente del derecho al territorio, en el fortalecimiento de la
democracia, el Estado de derecho en México y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
En ese sentido, apreciamos el reconocimiento público a las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y el llamado a “garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legitima de sus derechos”, así como el reconocimiento público a quienes defienden los derechos humanos en la Montaña del Estado de Guerrero, emitidos por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2018.

No obstante, los miembros del CECOP y en particular, el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, siguen siendo criminalizados y estigmatizados por la defensa de su derecho al territorio de sus comunidades frente a la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota”.

Hace un año, el 7 de enero de 2018, tras un enfrentamiento entre miembros de la Policía Comunitaria
(CRAC-PC) y civiles armados en la comunidad de La Concepción (Guerrero) que resultó en ocho personas muertas, tuvo lugar un operativo de seguridad – compuesto por Policía Estatal, Federal y el Ejército – donde tres personas habrían sido ejecutadas de forma extrajudicial y por lo menos 25 fueron detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas integrantes del CECOP. Adicionalmente, los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron blanco de difamaciones en medios de comunicación y redes sociales al asumir la representación jurídica.

A un año de su detención arbitraria, Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del CECOP y
la Policía Comunitaria aún se encuentran privados de su libertad.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció, haciendo un llamado a las autoridades a investigar los hechos violentos y, en específico, los hechos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las autoridades de nivel estatal y federal durante el operativo, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura y malos tratos.

Pese a ello, según la información recibida, a la fecha no existen actos de investigación que indiquen avance alguno en el esclarecimiento de la responsabilidad por las supuestas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Además, hemos recibido con preocupación información sobre varias violaciones al debido proceso y al derecho a una defensa adecuada, así como sobre la probable fabricación de evidencia y el carácter no individualizante de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para la formulación de imputación y
vinculación a proceso de las 17 personas defensoras que se encuentran indiciadas.

Se observa que el operativo de seguridad sería un nuevo episodio de persecución y criminalización del CECOP, quienes, debido a su lucha, con anterioridad varios de sus integrantes han sido sujetos a amenazas y criminalización de diversos tipos.
Ante esa situación altamente preocupante, les urgimos a:

– Investigar de manera independiente e imparcial todas las muertes sucedidas durante el
enfrentamiento armado de la madrugada del 7 de enero de 2018;

– Asegurar la investigación y el procesamiento efectivos e imparciales de las denuncias de tortura y malos tratos, así como de las tres supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el
operativo de seguridad, aplicando cabalmente los protocolos internacionales, el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota;
– Garantizar un debido proceso legal a las 17 personas defensoras imputadas, tomando en cuenta
las condiciones de arbitrariedad de la detención, las implicaciones de las alegaciones de tortura y malos tratos para la valoración de los datos de prueba, la probable fabricación y/o manipulación de evidencia bajo estas circunstancias y el carácter individualizante de las pruebas que se requiere para garantizar el debido proceso.

– Impulsar medidas concretas para “garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para
criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legitima de sus derechos”, tal y como reclamó la
Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2018.

Atentamente,
Francisco Assis (S&D, Portugal)
Ana Miranda (Verdes/EFA, España)
Josep-Maria Terricabras (Verdes/EFA, España)
Ernest Urtasun (Verdes/EFA, España)
Marina Albiol (GUE/NGL, España)
Martina Anderson (GUE/NGL, Reino Unido)
Xabier Benito (GUE/NGL, España)
Lynn Boylan (GUE/NGL, Irlanda)
Matt Carthy (GUE/NGL, Irlanda)
Ignazio Corrao (EFDD, Italia)
Tania González Peñas (GUE/NGL, España)
Anne Marie Mineur (GUE/NGL, Países Bajos)
Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlanda)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL, España)
Miguel Urbán (GUE/NGL, España