La mayoría de las visas no permitidas corresponden a turistas y viajeros de negocios que excedieron su tiempo de estadía, pero también afectaron a estudiantes y trabajadores especializados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que revocó más de 175 mil visados a extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero del año pasado.
“La medida ha sido dirigida a ciudadanos extranjeros que infligieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Decisiones de este tipo han sido cuestionadas en varias ocasiones por Human Rights Watch (HRW). Tanya Greene, directora del Programa sobre Estados Unidos de la organización, afirmó que las restricciones migratorias “socavan los compromisos de Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” y advirtió que “separarán familias, pondrán en peligro a personas que huyen de la persecución y dañarán aún más la credibilidad estadounidense en materia de derechos humanos”.
Las autoridades estadounidenses retiraron los permisos en su mayoría debido a incidentes con las fuerzas del orden relacionados con diversos delitos, siendo las agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos de drogas las principales causas. Un porcentaje significativo de visas fue revocado “por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”, señaló la nota.
Amnistía Internacional también ha cuestionado específicamente el programa “Catch and Revoke”, mediante el cual el gobierno estadounidense utiliza herramientas de vigilancia para identificar a titulares de visas y eventualmente revocarlas. La organización sostuvo que el programa puede conducir a revocaciones arbitrarias o ilegales de visas, además de afectar derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad y la libertad de protesta.
Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio ha asegurado este lunes que “seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense” y argumentó que “un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”. Sin embargo, el gobierno estadounidense no publicó un desglose completo por nacionalidad de esas 175.000 revocaciones.
Número creciente
En enero de este año, el Departamento de Estado anunció que había revocado 100.000 visas durante el primer año del segundo mandato de Trump, más del doble que en 2024, durante el último año de la administración del presidente Joe Biden, cuando se revocaron alrededor de 40.000 visas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses han revocado más de 75.000 visas adicionales en menos de ocho meses.
De acuerdo con una nota de Fox News posterior a ese balance, la mayoría de las revocaciones fueron para viajeros de negocios y turistas que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del periodo permitido por sus visas. Pero unos 8.000 estudiantes y 2.500 trabajadores especializados también perdieron su estatus legal. Un portavoz del departamento indicó aquella vez que la mayoría de los estudiantes y trabajadores que perdieron sus visas habían tenido antecedentes penales con las fuerzas del orden.
El dato más concreto disponible corresponde a las visas y registros de estudiantes afectados durante la primera mitad de 2025. Un análisis publicado por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), citado por medios estadounidenses y basado en 327 casos individuales, estimó que aproximadamente el 50 % correspondía a ciudadanos de India y el 14 % a nacionales de China. También se registraron casos de ciudadanos de Corea del Sur, Nepal y Bangladesh.
En junio de 2025, Estados Unidos suspendió completamente la emisión de visas para nacionales de 12 países: Afganistán, Birmania/Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, impuso restricciones parciales para nacionales de otros 7 países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Demandas del gobierno
Además del reciente anuncio de las visas revocadas, el gobierno de Trump demandó este lunes a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, las demandas presentadas elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas. La Justicia estadounidense considera que las normas “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”, y solicita que se prohíba su aplicación.
En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria. La ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio. Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.
Publicado originalmente en Página 12
