México, DF. El Estado mexicano en su conjunto «está haciendo un uso indebido del sistema penal y de justicia de México» para criminalizar a los luchadores sociales que defienden los derechos humanos y la tierra y el territorio de los pueblos frente a proyectos depredadores del capitalismo internacional, como es el caso de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, «presos políticos» del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT) y de Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), aseveraron representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
Flores Solís y Rosas fueron encarcelados por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, y un gasoducto que atraviesa municipios de ese estado, Puebla y Tlaxcala y cuyas obras son acompañadas por convoyes de policías y/o militares en algunos casos; en otros llegan previo a la entrada de la maquinaria convoyes y helicópteros «para intimidar a la población y disminuir la protesta», explicó Samanta César del FDTAMPT.
Antonio Lara, abogado de la Red Nacional de Resistencia Civil, defensor de Juan Carlos Flores, informó que pese a haber ganado el 28 de agosto un amparo -707/2014- en el que se demostró su inocencia de los cargos de daño en infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, y que hubo violaciones al debido proceso, por lo que el juez tendría que haber dictado auto de libertad, el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión «en el que dicen simplemente que se oponen a la libertad» del detenido, sin hacer ninguna valoración de las pruebas que aportó la defensa para demostrar que el gobierno «inventó pruebas» en contra de su defendido.
Con esto queda claro «que hay la intención del gobierno de utilizar la ley para reprimir y criminalizar las luchas sociales» y que el Estado mexicano está dando «un uso faccioso» a la ley contra los defensores del derecho de los pueblos a la tierra y el territorio», coincidieron Lara Duque, Cruz, Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y Wilfrido Hernández, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN) y Samanta, en rueda de prensa efectuada en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Subrayó Lara Duque que la espera del veredicto sobre el citado recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público podría retrasar la liberación de Flores Solís entre una semana y seis meses. Entre tanto va avanzando la construcción del PIM.
Samanta, por su parte, informó que Enedina Flores tuvo que ser trasladada del penal de Atlixco, Puebla, a un hospital este jueves debido a una gripa de la cual no fue atendida adecuadamente en el centro de reclusión.
Bettina Cruz, en tanto, informó que la APIIDITT lucha desde hace ocho años contra el proyecto eólico transnacional que se está imponiendo en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que también están luchando contra las altas tarifas de electricidad. Después de una manifestación el 13 de abril de 2011 la acusaron de privación ilegal de la libertad y de atentar contra la riqueza nacional. Fue detenida en febrero de 2012, internada en el Cereso de Tehuantepec una semana, liberada bajo fianza y tiene que firmar el día 15 de cada mes.
Detalló que ella demostró que no participó en dicha manifestación, pero aun así está pendiente la resolución del juez Sexto de Distrito sobre su situación jurídica. Aseveró que en el juicio se presentaron pruebas «que demostramos que eran falsas, independientemente de que tenemos derecho a manifestarnos», indicó.
Afirmó que con la reforma energética y otras recientes «están poniendo en la ilegalidad a los pueblos indígenas porque vamos a seguir defendiendo nuestra tierra y territorio» del despojo que pretenden hacerles para beneficio del capital transnacional.
