Ciudad de México | Desinformémonos. Las fuerzas armadas deben retirarse de manera gradual, ordenada y verificable de las funciones que no les corresponden, como la seguridad pública, a través de un plan estructurado por el Estado, aseguró el representante en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
“El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, aseguró Jarab, quien subrayó que, por el contrario, se provocó que los mexicanos hayan “sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de determinar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, Jarab agregó que “hasta que este retiro (de las fuerzas armadas) sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”.
Por último, indicó que con la decisión de la SCJN se debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles “sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.
