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Estado crea condiciones para que la verdad de las violaciones de derechos humanos no salga a la luz: Artículo 19

Redacción Desinformémonos

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Ciudad de México | Desinformémonos. A través de la fabricación de “narrativas mediáticas que confunden o engañan”, las autoridades del Estado mexicano generan “ las condiciones para que la verdad de las violaciones a los derechos humanos no salga a la luz”, acusó Artículo 19 en el informe “Derecho a la verdad en México”, elaborado en conjunto con otras organizaciones.

El documento denuncia que el derecho a la verdad en México consiste en el acceso a la información y se debe concretar en la justicia penal, pero que se ve afectado por la impunidad, pues “una noción de verdad por sí sola podría ser inconsecuente si no está aparejada con sanciones”.

Las organizaciones agregaron que otra evidencia del ocultamiento de la verdad por parte del gobierno es el uso “generalizado” de la tortura, a través del cual obliga a las víctimas a declarar los discursos creados por las instituciones.

Ejemplificaron las violaciones a los derechos humanos en México con los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el multihomicidio en la colonia Narvarte y la tortura sexual cometida por militares, entre otros.

“Históricamente, la administración de justicia en el país ha sido hermética, incluso en casos de relevancia social, para las partes directamente implicadas en los delitos, pero también para la sociedad. La incapacidad de conocer y controlar socialmente las instituciones y sus procesos, entonces, ha entremezclado el ocultamiento o secretismo con el tema de verdad”, señala el informe.

“Si los agentes estatales, supuestamente encargados de proteger a todas las personas, violan los derechos humanos, la confianza depositada por las y los ciudadanos en el gobierno se fractura”, agregaron las organización.

Hace 20 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución para denunciar “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación” promovida por el Estado. De acuerdo con las organizaciones, esas prácticas “no se han extinguido” y contribuyen a que las violaciones a los derechos humanos continúen.

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