La histórica declaración la ha realizado el nuevo intendente (gobernador) de la zona, Francisco Huenchumilla, una de las autoridades regionales nombradas por la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

En la región de La Araucanía, ubicada en territorio mapuche, varias comunidades mantienen desde hace muchos años un conflicto con empresas forestales y agrícolas, reclamando la devolución de sus tierras ancestrales.

«El Estado tiene pendiente el pago de esta deuda y por más de 130 años ha implementado políticas públicas que no han logrado sacar a esta región de la pobreza y de los últimos lugares del desarrollo nacional», ha afirmado el intendente.

En esa misma línea, Huenchumilla ha agregaod: «Para lograr esto, yo manifiesto, en nombre de la presidenta Michelle Bachelet, la voluntad política de hacer algo diferente. No más de lo mismo», ha enfatizado.

Huenchumilla, miembro también de la etnia mapuche, ha asegurado que para avanzar en este camino se reunirá precisamente con todas las organizaciones de los sectores productivos que se «han visto afectados por la violencia», ya que en este nuevo escenario «todos deben ser escuchados».

El intendente ha llamado además a los fiscales de la región a colaborar en la conformación de un clima de respeto y tolerancia en la zona. «Debemos calmar los espíritus», ha recalcado.

«Los fiscales deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de ‘opinólogos’ de lo sucedido en el proceso (de una investigación», ha subrayado.

El llamamiento del intendente Huenchumilla también ha aludido a la mesura en la aplicación de la «ley antiterrorista», que fue invocada en cuatro ocasiones en el anterior gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

La presidenta Bachelet respondió a las críticas y en su momento aseguró que «fue un error» la aplicación de dicha legislación, por lo que no la volvería a aplicar en ningún caso en el marco del conflicto mapuche.

La legislación fue modificada a mediados de la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014) para garantizar el debido proceso, medida que fue adoptada tras una larga huelga de hambre de comuneros mapuches en prisión.

Según el actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez, «es una ley para casos particulares y especiales donde se cumple requisitos que la propia ley establece, no es una ley que pueda ser utilizada simplemente porque se toma la decisión política».

En declaraciones al diario ‘La Tercera’, el ministro ha dicho que «hay temas de la ley que deben ser reformulados» y ha agregado que las autoridades deben hacerse cargo de «algunas recomendaciones internacionales, porque son órganos oficiales».

«La presidenta ha señalado que no se va a aplicar la ley antiterrorista, ése es el camino que ella ha designado», ha recalcado.