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Ciudad de México I La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las organizaciones que impulsaron el informe #GobiernoEspía coincidieron en que es indispensable que la investigación por espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuente con garantías de imparcialidad de independencia.

“Las denuncias son extremadamente preocupantes, en particular la información presentada por miembros del GIEI de que también habrían sido espiados”, advirtió este lunes el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren. “Debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, añadió.

Informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales sobre espionaje a GIEI

Un nuevo informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que un teléfono del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) recibió mensajes de texto vinculados a la infraestructura del malware Pegasus, comercializado por la empresa NSO Group y adquirido por al menos tres dependencias del gobierno federal. Estos hallazgos se suman a los 93 intentos de espionaje documentados en contra de periodistas, científicos, activistas pro salud, defensores de derechos humanos y políticos.

Al igual que los ataques referidos en el informe Gobierno Espía, el envío de los mensajes de texto con enlaces maliciosos ocurre dentro de uno de los temas más importantes para el gobierno federal: la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (también conocida como caso Iguala o caso Ayotzinapa).

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) se conformó el 18 de noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los estudiantes desaparecidos, y el Estado mexicano. El objetivo del GIEI era proporcionar asistencia técnica en las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas y la identificación y sanción de los responsables.

De acuerdo con el informe del Citizen Lab, un teléfono móvil perteneciente al GIEI recibió dos mensajes de texto los días 1 y 4 de marzo de 2016. Ambos mensajes señalaban un supuesto fallecimiento e invitaban al objetivo a hacer clic en un enlace.

Coyuntura de los mensajes

El 6 de septiembre de 2015, tras seis meses de trabajo, el GIEI presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que concluyó que no existe evidencia que sustente la hipótesis de la “verdad histórica” de la PGR, que sostiene que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en un basurero en Cocula.

A raíz de este informe, la presencia del GIEI en México se prolongó para un segundo periodo de trabajo, programado del 31 de octubre de 2015 al 30 de abril de 2016. Durante este lapso, el GIEI insistió en entrevistar a 26 militares relacionados con el caso, solicitud que fue denegada por el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR. El 8 de diciembre de 2015, después de que el GIEI presentó más evidencia rechazando la hipótesis del incendio de Cocula, un grupo de organizaciones denunció que el GIEI era blanco de una campaña de difamación y acoso.

En enero de 2016, nuevamente se denunció una campaña de desprestigio en contra de dos integrantes del GIEI; incluso la CIDH señaló los intentos de descalificación. El 21 de febrero, el GIEI denunció, entre otros obstáculos, que la PGR estaba entorpeciendo la investigación, ya que la fiscalía estaba fragmentando el caso al integrar nuevas carpetas no incluidas en el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano; por lo tanto, dichos documentos no eran examinados por el GIEI. La PGR negó las acusaciones.

El 28 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI anunciaron la realización de un nuevo estudio sobre el incendio de Cocula. Al día siguiente, 1 de marzo, el teléfono vinculado al GIEI recibió el primer mensaje de texto con enlace malicioso.

El 2 de marzo, la CIDH emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Al respecto del caso Iguala, la comisión urgió al gobierno mexicano a permitir al GIEI entrevistar a los militares involucrados. La CIDH también calificó la situación de Ayotzinapa como “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”.

El 3 de marzo, dos integrantes del GIEI solicitaron apoyo a la Unión Europea para realizar su trabajo, ante los obstáculos enfrentados. Al siguiente día, 4 de marzo, el teléfono del GIEI recibió un segundo mensaje de texto con enlace malicioso. Ese mismo día, la CIDH anunció la audiencia “Situación general de los derechos humanos en México” como parte del programa de su 157 periodo de sesiones.

La situación entre el GIEI y el gobierno mexicano se tornó cada vez más tensa y la campaña de desprestigio se intensificó. Varios espacios mediáticos mantuvieron una línea de descalificaciones en contra del GIEI, además del surgimiento de una demanda penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH, por el supuesto delito de fraude por “[el] dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

La situación llevó a que el 29 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara que no habría otra prórroga para el GIEI. El 1 de abril, uno de los integrantes del grupo, acompañado por funcionarios de la PGR, presentó resultados preliminares del estudio de fuego, sin el consenso de todos los peritos participantes. En su formulación, buscó retomar elementos de la hipótesis del incendio en Cocula.

El GIEI consideró roto el acuerdo de trabajo tras la acción de la PGR, además de que se consideró el dictamen como “no concluyente”. Esta tensión entre el GIEI y el gobierno mexicano se trasladó a la audiencia ante la CIDH el 8 de abril.

El GIEI presentó su informe final el 24 de abril de 2016 y concluyó su estancia en México el día 30.

Consulte el informe completo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales sobre espionaje a GIEI.

Por su parte, las organizaciones de derechos humanos consideraron que la comprobación por parte de Citizen Lab de nuevos intentos de infección confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. El caso del GIEI, indicaron, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática. Por esta razón, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional “y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria”.

Los denunciantes del espionaje recordaron que han solicitado dos garantías mínimas de que la investigación se llevará con seriedad: generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos, y que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.