En lo que organizaciones feministas califican como un triunfo, el gobierno del conservador Partido Popular (PP) retiró hoy la propuesta de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, que despenaliza el aborto en sólo dos casos: debido a una violación y por grave riesgo de salud física o psíquica de la madre. La ley vigente permite la libre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Organizaciones médicas (como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Sociedad Española de Contracepción) y feministas se opusieron a la propuesta de ley desde su anuncio, en diciembre de 2013. Entre los argumentos señalaron que da trato de menores de edad a las mujeres, que la decisión sobre su cuerpo recaerá en los médicos, y que es un retroceso en los derechos no sólo de las mujeres, sino de las familias. Organizaciones sociales de todo tipo se sumaron a lo largo del años 2014 a la oposición feminista a la ley, incluso en otros países.

Miles de mujeres españolas participaron en febrero en una movilización llamada “El Tren de la libertad”, en el que los grupos recorrieron la geografía española y se sumaron a una gran manifestación en Madrid para reivindicar que no existiera el retroceso de 40 años en sus derechos.

El gobierno anunció que reformará ley vigente (que permite para que las menores de 16 y 17 años estén obligadas a contar con el consentimiento de sus padres para interrumpir su embarazo, además de crear un “Plan de Protección de la Familia”.

La retirada de la ley, de acuerdo con el gobierno de Mariano Rajoy, se debió a “falta de consenso”, y provocó la dimisión y retirada de la política de uno de sus principales impulsores, el  ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Una gran parte de las normativas de los países europeos permite a las mujeres abortar de acuerdo con las semanas de embarazo que tengan, y no según condiciones médicas, como lo propuso el PP. La resolución 1607 (2008) del Consejo de Europa reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho.