Ciudad de México | Desinformémonos. “El esfuerzo de la Procuraduría General de la República y otras dependencias del gobierno para impugnar masivamente la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas”, con la que se obligaba la conformación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “contrasta con la falta de resultados para dar con el paradero de los estudiantes, investigar y sancionar debidamente a los responsables y reparar de manera integral a las víctimas”, publicó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Ante la nueva declaración del magistrado Sabino Pérez García para reconocer la “imposibilidad jurídica” de la PGR para cumplir el fallo a favor de la reposición de la investigación del caso Ayotzinapa, la ONU-DH aseguró que dará seguimiento “al desenlace jurídico de este caso y, sobre todo, a la materialización efectiva de los legítimos reclamos de justicia y verdad de las víctimas”.

El pasado miércoles, se dio a conocer que fue reconocida la “imposibilidad jurídica” declarada por instancias como la PGR para no cumplir con la reposición de la investigación, tras más de 100 recursos legales interpuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien tendrá la decisión final sobre el rumbo de la investigación y la Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.