Ciudad de México | Desinformémonos. “Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, verificadas y corroboradas”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en referencia a la información que entregó el gobierno federal sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante la presentación del Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», Guerrero, el pasado 15 de noviembre.
Frente a los padres y madres de los 43, los integrantes del Mecanismo de la CIDH manifestaron su preocupación sobre las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, ante la inconsistencia de las pruebas, y urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a mantener la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
La relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acusó que ha habido “intromisiones graves” en el caso que afectan la independencia de la UEILCA, como la solicitud de captura contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, girada por otras unidades fiscales ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso de modo inconsulto.
“Los recientes acontecimientos que apuntan a la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el trabajo de la UEILCA, por ejemplo a efectos de la judicializacion de un exprocurador, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de captura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y personas funcionarias estatales que ocuparon cargos públicos en Guerrero en el momento de la ocurrencia de los hechos, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia en el presente caso”, señaló la CIDH.
Por su parte, Mantilla señaló que la información presentada el pasado 18 de agosto por la Covaj y las filtraciones de éste quizá fue presentada por el “afán de cumplir”, pero que no fue corroborada, lo cual “causa preocupación en la CIDH, porque se puede llegar a afectar la verdad, la justicia y la reparación”.
Por ello, el Mecanismo exigió medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de ella.
A finales de octubre, también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que el paquete de pruebas de capturas de pantalla que Alejandro Encinas presentó en agosto sobre el Caso Ayotzinapa es “incosistente” y “no fiable”.
