México, DF. Este viernes entra en vigor la Ley General de Víctimas. El diseño legislativo de esta normatividad no fue del agrado de la anterior administración y, en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue promulgada, aunque se espera que en breve se envíe una iniciativa para “perfeccionarla”, según declaraciones de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, así como de diputados y senadores.

Esta ley tiene como propósito “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de Derechos Humanos y demás instrumentos en la materia”, indica el artículo 2 de la ley.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero, sus artículos transitorios establecieron que la ley entrará en vigor 30 días después de su publicación.

En tanto, el reglamento de esta normatividad deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar en el 8 de agosto próximo.

De igual forma el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación de Integral de Víctimas, incluido en la ley, deberá crearse dentro de los 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley.

Éste último punto es parte del análisis que realiza actualmente el gobierno federal porque deberá calcular los recursos necesarios para hacer efectiva la ley, en especial a quienes reclamen reparación del daño.

Después de integrarse el Sistema, se formará una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la participación de nueve consejeros. A su vez, los Congresos locales deberán armonizar sus normas a esta ley, lo mismo que las autoridades relacionadas con la atención a víctimas, incluyendo la generación de protocolos en materia pericial y los ajustes presupuestales que haya lugar.

La Ley de Víctimas fue aprobada por el Congreso en abril del año pasado, aunque el Ejecutivo no procedió a su publicación, porque consideró que tenía la ley deficiencias e incluso promovió controversias en torno a ella. Ahora, desde hoy vigente, tendrá que cumplir con los plazos que establecen los artículos transitorios en mención, en tanto proceden eventuales cambios a esta ley aprobada en su momento por unanimidad.