El choque violento entre reos del penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, en donde al menos 49 personas murieron y 12 resultaron heridas entre el 10 y 11 de febrero, fue condenado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH).

Los organismos resaltaron la urgencia de enfrentar de manera decidida y conjunta la grave situación carcelaria en la que se mezclan la violación de derechos humanos y de las personas privadas de libertad, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas.

Ante esto, UNODC y ONU-DH hicieron un llamado para que las autoridades pertinentes inicien la investigación sobre las casusas que llevaron a los presos a participar en el choque, así como procesar a los responsables de y proveer información fidedigna a las familias de las víctimas.

Además, solicitaron que el personal que labore en las cárceles del país esté capacitado para su gestión, desde la perspectiva de derechos humanos y con esquemas de protección de sus propios derechos, con formación especializada y el conocimiento adecuado.