Fotos: Frayba

Ciudad de México | Desinformémonos. Enfrentamientos entre grupos armados provocaron el desplazamiento forzado de alrededor de 129 tsotsiles del municipio de Chenalhó, Chiapas, así como la quema y destrucción de seis casas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

De acuerdo con el Frayba, las agresiones iniciaron en la Fracción Santa Martha desde el pasado 29 de septiembre y hasta el momento se registran 32 familias desplazadas, las cuales se refugiaron en la comunidad de Polhó.

El Frayba responsabilizó de la violencia al Estado mexicano por «la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas, que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes».

Agregó que quienes protagonizan los enfrentamientos provienen de grupos diversos, desde sucesores de «dinastías de líderes paramilitares», grupos armados vinculados al crimen organizado y la delincuencia común, hasta organizaciones sociales corporativistas afines al Estado. A ello, señaló, «hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional».

Los defensores del Frayba exigieron al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las familias afectadas e iniciar una investigación sobre la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.

A continuación el comunicado completo:

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.

Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso  a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia. 

En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos  actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.
 
Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.

La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.

Por tal razón, exigimos al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.