Estados Unidos. Pocas –si es que alguna- de las recientes protestas postelectorales en México han alcanzado la dimensión de las 200 mil personas que inundaron la capital mexicana el 8 de mayo de 2011 en la Marcha por la Paz. Encabezada por el poeta y periodista Javier Sicilia –cuyo hijo de 24 años fue una víctima de la violencia de los cárteles en marzo del año pasado. Ése fue el día en que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se afianzó verdaderamente en la conciencia nacional. Al presentar un manifiesto llamado “Pacto Nacional por la Paz”, el movimiento denunciaba no sólo a los violentos cárteles disputándose el tráfico de drogas, sino a la “guerra contra las drogas” de su propio gobierno, patrocinada por las administraciones tanto de George W. Bush como de Barack Obama.

El 12 de agosto, el Movimiento por la Paz comenzó una gira de cuatro semanas por los Estados Unidos, que inició en San Diego, California, y recorrerá 27 ciudades a lo largo de su camino hacia la ciudad de Washington. De acuerdo con Javier Sicilia, el objetivo de la Caravana por la Paz es “promover el diálogo con la sociedad civil estadounidense y su gobierno en cuanto a los siguientes temas: la necesidad de detener el tráfico de armas, debatir alternativas a la prohibición de las drogas, de fomentar mejores herramientas para combatir el lavado de dinero y de promover la cooperación bilateral en derechos humanos y seguridad de las personas”.

El 23 de julio, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, vetó la Ley General de Víctimas –propuesta por el Movimiento para compensar a las víctimas de la guerra contra el narco-, Sicilia escribió una carta abierta al ejecutivo, que comienza así:

Querido Señor Presidente:

Le digo querido porque, pese a sus traiciones y desprecios por las víctimas y la nación que ha gobernado, sigo creyendo que un ser humano es más que sus errores y sus equívocos y merece respeto y merece amor. Le digo también querido porque en esta carta quiero dirigirme al hombre Felipe Calderón y no a la máscara del poder que en su falsedad –toda desproporción es una falsedad– lo distorsiona, y hablarle a su corazón desde la verdad.

La aprobación de la Ley General de Víctimas fue una de las principales metas del Pacto Nacional por la Paz. Obligaría al gobierno a proporcionar apoyo financiero y sicológico a las decenas de miles de sobrevivientes de la violencia, que han perdido sus hogares, a sus esposos, familiares e hijos en la guerra. El 1 de julio, Calderón envió el proyecto de regreso a los legisladores diciendo que éste daba demasiada presión al gobierno federal, retrasando así su aprobación más de nueve meses. Los críticos dicen que el gobierno –que ha gastado más de 15 billones de dólares en equipo y entrenamiento para sus fuerzas de seguridad- simplemente está renuente a aceptar alguna responsabilidad por su papel en la violencia.

La guerra contra el narco en México

Lo que se ha llamado guerra contra el narco en México es un periodo de seis años de violencia brutal y pasmosa impunidad que comenzó en diciembre de 2006 cuando Calderón, recién investido presidente, lanzó una ofensiva militarizada contra los cárteles de la droga del país. Muchos de esos grupos han existido de una forma u otra por décadas.

Hoy –de acuerdo con la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos- el 97 por ciento de la cocaína en las calles de los Estados Unidos pasa por el corredor México-Centroamérica, junto con las exportaciones mexicanas de mariguana, heroína y metanfetaminas. En este sentido, ha dos guerras del narco en México: la ofensiva del gobierno contra (algunos) de los carteles, y un creciente conflicto entre diversas facciones criminales por el control del comercio de estupefacientes.

La abrumadora mayoría de las entre 60 y 100 mil víctimas del conflicto provienen de las clases pobres y marginadas del país. Calderón siempre ha dicho que los cárteles de las drogas “se matan entre ellos” y que el 94 por ciento de las víctimas son criminales involucrados en el tráfico ilícito de narcóticos. En 2010, un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) –de la oficina del Procurador General- reveló que, hasta esa fecha, solamente habían sido investigados el dos por ciento de los asesinatos de la llamada guerra contra el narco.

Las administraciones de Bush y Obama han contribuido con cerca de dos billones de dólares a la guerra contra el narco de México (que ha sido reetiquetada, tanto por Calderón como por Washington, como guerra contra el crimen organizado, para disfrazar sus obvias limitaciones). Sin embargo, no ha habido un descenso perceptible en la cantidad de narcóticos contrabandeados por la frontera, o una caída significativa de la violencia. Calderón presumió de un alto en el crecimiento de homicidios relacionados con los cárteles en 2011 –no una disminución-, pero las estadísticas del gobierno sobre asesinatos siempre han sido refutadas fuertemente por investigadores independientes.

Aún más: desde 2006, se han presentado cerca de 5 mil quejas contra militares mexicanos por violaciones a los derechos humanos. Algunas de las víctimas de más alto perfil de la guerra contra el narco, que han luchado por años para que sus voces sean escuchadas, afirman que sus seres queridos fueron asesinados o torturados por las mismas fuerzas de seguridad desplegadas para protegerles. Las fuerzas policiales y militares son acusadas cotidianamente de enfocarse contra algunas organizaciones específicas de tráfico de drogas, mientras que colaboran y facilitan las cosas a otras. Miembros de alto nivel del gabinete, cercanos a Felipe Calderón, así como representantes electos –muchos todavía en funciones- también han sido acusados de proteger a traficantes.

Mientras que el controvertido sexenio de Calderón terminará el 1 de diciembre, la estrategia de la guerra contra el narco probablemente continuará, relativamente igual, bajo el mandato del presidente entrante, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Antes de las elecciones mexicanas del 1 de julio, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, viajó a México para reunirse con los tres principales candidatos presidenciales, pidiendo a cada uno continuar con la estrategia bilateral.

Bajo los mismos cielos

Durante su recorrido por los Estados Unidos, la Caravana por la Paz se reunirá con grupos de la sociedad civil a lo largo de todo el país para construir solidaridad para el replanteamiento de la política sobre las drogas y las leyes sobre armas en ese país. Dos autobuses con un total de 110 personas –la mitad de ellas, víctimas de la violencia en México- conformarán la caravana. A lo largo del camino se realizarán vigilias, reuniones y foros públicos.

El Movimiento por la Paz respalda la propuesta de despenalización de las drogas defendida por diversos dirigentes regionales, pero no por Barack Obama en la sexta Cumbre de las Américas, en abril. También pide mayor regulación sobre armas de fuego en los Estados Unidos, 68 mil de las cuales han sido incautadas en escenas del crimen en México en los pasados años.

Javier Sicilia reconoce que pocos ciudadanos estadounidenses pueden estar comprometidos con lo que pasa al otro lado de la frontera, o conscientes del enorme sufrimiento que existe en México a cuenta de un conflicto financiado por Washington. Sin embargo, él señala también a las “víctimas silenciosas” de la guerra contra las drogas en suelo estadounidense. “No son afectados solamente los mexicanos –o colombianos, o centroamericanos”, dijo en una entrevista en abril. “Mira a las familias destruidas por esta guerra en los Estados Unidos. La mayoría de quienes están en las cárceles por delitos relacionados con las drogas (en Estados Unidos) son también negros o hispanos. Son pobres”.

El movimiento admite que puede que su cálculo de fechas, con las elecciones presidenciales estadounidenses que tendrán lugar en noviembre, esté contra las posibilidades de la caravana. Ningún candidato está dispuesto, en una coyuntura tan crucial, a expresar apoyo a la despenalización de las drogas o a una interrupción al financiamiento de las fuerzas de seguridad de México; aun cuando el cambio de política es la principal meta, el Movimiento espera construir coaliciones y alianzas que pueden ser invaluables en una lucha a largo plazo.

La Caravana por la Paz comenzó en San Diego el 12 de agosto y llegará a la ciudad de Washington el 11 de septiembre, visitando 27 ciudades estadounidenses a lo largo del camino.

Publicado el 27 de agosto 2012