“¡Ése es!”, gritó un policía justo antes de que varios elementos de las fuerzas de seguridad pública estatal y municipal de San Andrés Cholula detuvieran violentamente a Adán Xicale. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana y de ese modo desalojaban el campamento que permanecía afuera de la presidencia municipal,tomada pacíficamente el lunes pasado en protesta contra el proyecto de la plaza de las 7 culturas y la reforma a la ley orgánica municipal, que quita las facultades del registro civil a las juntas auxiliares.

Eran unas 50 personas las que dormían ahí, cuando los policías llegaron a dispersarlas, llevándose dos vehículos y deteniendo a cuatro: Adán Xicale Huitle (55 años), abogado cholulteca y uno de los rostros más visibles de la defensa del territorio en los últimos meses; su hijo Alejandro Paul Xicale Coyopotl (24 años), Manuel Tlachi Valencia (49 años) y Albino Tlachi Valencia (44 años). Dicen que habrían detenido a otras dos personas que tocaban las campanas de la parroquia, pero eso no ha sido confirmado.

Después del desalojo que algunos de los ciudadanos que estaban ahí describieron como violento, comenzaron a tocar las campanas y la gente empezó a llegar. Para las nueve de la mañana, cuando ya había salido el sol, había más de 300 personas reunidas a un costado de la iglesia, ya lejos de la presidencia que fue “recuperada” por las autoridades estatales y municipales. Ahí mismo algunos vecinos de San Andrés y de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, miembros del Círculo de Defensa, Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna y el Comité en Defensa del Registro Civil, contaron lo que había pasado y convocaron a marchar hacia ésa junta auxiliar para realizar una asamblea a las 11 de la mañana y decidir los siguientes pasos a seguir.

Mientras  dos camiones de la policía estatal llegaban a la presidencia y los policías estatales y municipales ocupaban el patio de adoquín entre el edificio y el parque del zócalo, frente a la parroquia, los cholultecas empezaron la caminata hacia el centro de Tlaxcalancingo.

Poco después de las 11 de la mañana la gente llegó a la plaza de la comunidad, donde uno de los miembros del comité en defensa del registro civil explicó que el lunes había personas infiltradas, concretamente una persona que identifican como Javier Hernández y la agrupación Consejo Ciudadano Indígena. Aclaró que fueron ellos quienes incitaron a agredir al presidente municipal de San Andrés, Leoncio Paisano, cuando salía del auditorio de la parroquia luego de dialogar con una comisión de ciudadanos el lunes por la tarde.

Ante el desalojo y la violenta detención de cuatro personas, cuyo paradero en ese momento era desconocido, se propuso cerrar la carretera federal a Atlixco a la altura de Tlaxcalancingo hasta que llegaran funcionarios estatales para dialogar.

Antes de mediodía llegó el delegado de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto Solano Pineda, quien propuso que una comisión fuera a dialogar a Casa Aguayo, pero el rechazo fue total e inmediato y los manifestantes exigieron la presencia de funcionarios ahí, en la plaza del pueblo. Finalmente el gobierno cedió. A la 1:20 de la tarde el delegado se fue bajo el sol y la gente dispersó el bloqueo carretero para dirigirse hacia la plaza a esperar a los enviados de la SGG, Omar Álvarez Arronte y Enrique Nácer.

Después de las tres de la tarde acabó el diálogo que se llevó a cabo entre los funcionarios y una comisión de los activistas y defensores que han sido parte de las movilizaciones. Al terminar, los ciudadanos que estuvieron en la reunión dijeron a las cientos de personas que seguían en la plaza de Tlaxcalancingo que no quitarían el dedo del renglón con las demandas:

1) Liberación de los cuatro detenidos en el desalojo de la madrugada del martes.

2) Cancelación de las ordenes de aprehensión, pues se presume que existen 10 ordenes contra pobladores de las Cholulas.

3) La presentación de los dos presuntos detenidos que fueron bajados del campanario

4) La devolución de los vehículos que fueron confiscados durante el desalojo

5) Libertad de dos mujeres de Cacalotepec detenidas por protestar contra el proyecto Ruta.

Y pusieron un plazo: la liberación debería darse durante el transcurso del día.

“Buena disposición” pero nada más

Al ser entrevistado al salir de la reunión de diálogo y negociación, Álvarez Arronte aseguró que había muy buena disposición entre la comisión de opositores y la dependencia que representa:

–Hay muy buenos términos por parte de la comisión y por parte de Gobernación del estado para intervenir en la relación que hay con el municipio de San Andrés y resolverlos, después de atender en estos puntos ya nos sentamos a retomaremos lo que estaba anoche, el pliego que presentó el presidente Paisano con gente de Gobernación y una contrapropuesta que iban a presentar ellos.

–¿Hay compromiso entonces? -se le preguntó.

–Sí cómo no acá, está firmado –fue su respuesta al tiempo que mostraba el papel redactado a mano y firmado por los funcionarios estatales.

Y agregó:

–Lo importante es que no se cierren vialidades y que no se lleven a cabo desalojos, ya tenemos la amarga experiencia de lo que pasó en el mes de septiembre (julio en realidad si la referencia es Chalchihuapan).

–¿La PGJ puede echar atrás el acuerdo?

–La SGG tiene que hacer su papel de ser un intermediario entre las autoridades de procuración de justicia porque hubo algunas denuncias, me imagino por parte del Ayuntamiento de San Andrés en la toma de la presidencia.

–¿Hay certeza de que se van a liberar?

–Sí, sí, yo creo que sí.

–¿Se liberarán hoy? -se le insistió.

–Yooo… miren, la verdad esa es la intención, de sacarlos, de volver a retomar el diálogo, de que platiquen, pero ojalá que la prudencia quepa de las dos partes, que no haya toma de carreteras, que no haya toma de presidencias para evitar los operativos de desalojo.

Pero horas más tarde la realidad de la intención gubernamental se hizo pública cuando pasadas las 7pm un boletín enviado por la SGG llegó a los correos de las redacciones de los medios de comunicación con el siguiente mensaje:

“1.- Omar Álvarez Arronte sólo recibió la propuesta establecida por los manifestantes, a fin de analizarla.

2.- Por lo anterior se desmiente a quienes han informado erróneamente que se ha pactado la liberación de los detenidos al margen de la ley.

3.- La SGG expresa la voluntad de diálogo y construcción de acuerdos, siempre que estos se apeguen al Estado de Derecho.

4.- Por lo anterior, no será posible obsequiar las demandas formuladas, que contravengan los procesos jurídicos de los probables responsables.

5.- No obstante, se expresa que se ofrecen todas las garantías de respeto a los Derechos Humanos y al debido proceso de los detenidos, facilitando la información necesaria sobre su situación jurídica, para que estén en posibilidad de interponer los medios de defensa que se les confiere”.

El cubetazo de agua fría cayó sobre los opositores al proyecto, y desde la cuenta de Facebook del Círculo de Defensa Cholula se anunció que este miércoles se volverán a reunir, a las 11 de la mañana, en la plaza central de Tlaxcalancingo:

“La SSG desmiente la liberación de los presos.
¡Así se maneja el gobierno! Con artimañas y dobles discursos.
Mañana 11 am en Tlaxcalancingo para tomar las acciones pertinentes.”

Los detenidos

El activista y politólogo Alberto Merlo, dio a conocer que las autoridades de San Andrés Cholula trataron de ocultar a las personas detenidas durante la madrugada en la presidencia municipal, pues negaron a su abogada defensora y a personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que se encontraran detenidos en el complejo de seguridad, aunque más tarde tuvieron que reconocerlo.

Merlo pudo confirmar lo anterior luego de que cerca de las 9:15 de la mañana de este martes, llamara a la CDH para levantar una queja (folio 3840) por las detenciones arbitrarias, y solicitar la presencia de visitadores que, según le informó Marco Osorio, debía autorizar la directora de Quejas, Julia Martínez, por lo que se comprometieron a devolverle la llamada.

Mientras tanto, la abogada defensora de los detenidos se presentó en el complejo de seguridad, donde le dijeron que no se encontraban ahí y se negaron a darle más información, lo que le causó alarma, y ésta se incrementó cuando, unos 40 minutos después, Marco Osorio de la CDH le dice lo mismo: que en el complejo de seguridad niegan tener a los detenidos.

Finalmente, dicha versión fue desmentida por personal del municipio de San Andrés Cholula, poco antes de que trasladaran a las cuatro personas detenidas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Cerca de las 2:30pm, Julia Martínez le informó a Alberto Merlo que los visitadores ya estaban con las cuatro personas detenidas y se estaban levantando las quejas correspondientes.

PGJ determinará situación jurídica

Cerca de la media noche de este martes, la PGJ envió el boletin 4801.071014, en el que informa que “lleva a cabo diligencias a través del agente del Ministerio Público, para investigar los hechos fuera de la Ley que se registraron en  diversas acciones, incluida la toma de las oficinas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.

“Dentro del término constitucional, la PGJ definirá la situación jurídica de cuatro personas aseguradas y puestas a disposición de la autoridad ministerial”.

(Con información de Mayra Guarneros)