En México hay una realidad discordante entre la regulación en derechos humanos y los procesos institucionales, así lo señala José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Esto significa que el cuerpo de leyes emitido en temas como la no discriminación, la protección a la niñez, la libertad de expresión, los asuntos de género y a favor de la transparencia y el acceso a la información, no ha podido constituirse en un proceso completo de emancipación de los ciudadanos.

La crisis de derechos humanos y la crisis estructural de justicia que se viven en el país son evidencia de que la regulación no está llevando a la emancipación.

“En esta realidad sería un riesgo enorme creer que basta con una reforma y el comedimiento de las autoridades mexicanas ante los organismos y tratados internacionales en materia de derechos humanos para legitimar el patrón de violaciones a los mismos y la injusticia estructural”, comenta Caballero Ochoa. Y agrega: “La Constitución no se ve como una verdadera carta de derechos humanos, ni como un instrumento esperanzador, pues en ella el sujeto de los derechos es aquel ciudadano adentrado en el modelo liberal, para el que sí se generan ciertas condiciones favorables, y se pasa de largo por los excluidos”.

El director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México concluye que el orden jurídico en el país es androcéntrico, patriarcal, hegemónico, vertical, jerarquizado y petrificado en las formas. Además de que no es dinámico ni dialogante, no contribuye a romper las estructuras y no es interpelado en su eficacia social.