En Mendoza, Argentina desde que inició el nuevo gobierno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) lucha contra el avance de las grandes corporaciones de los agronegocios.

El acceso a la tierra y al trabajo digno son dos derechos humanos que deben ser garantizados a todas las personas, denuncian la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena.

En un contexto donde las medidas económicas del Gobierno Nacional han provocado cientos de miles de despidos, han elevado sensiblemente el valor del precio de la canasta básica, han aumentado las tarifas y, la inflación se come los raquíticos salarios y los ingresos sociales, ¿es un problema que la juventud busque reactivar una finca para trabajar?

En febrero de 2016, la policía de Mendoza, a pedido de la empresa española Argenceres, que intenta expandir en esta provincia su negocio vitivinícola y del olivo,  baleó a Pablo Sarmiento, miembro del MNCI y detuvieron a dos puesteros, según denunció el movimiento indígena en sede judicial informó La Izquierda Diario en su momento.

Según analizó el MNCI, “el cambio de gobierno se materializó en múltiples beneficios para los sectores que concentran los agronegocios y las empresas transnacionales, acompañado de un proceso que echó atrás las políticas e instituciones destinadas al sector de la agricultura familiar campesina indígena que existían. La nueva política  fomenta las economías regionales donde la familia campesina es altamente explotada y expoliada”.

En los días recientes en Mendoza diversos políticos y medios de prensa han insistido en que la ocupación de tierras baldías o abandonadas son provocadas por “usurpadores”  cuyos motivos son “políticos” para desestabilizar las instituciones.

Sin embargo, el propio Concejal del partido Unión Cívica Radical (UCR) en Tunuyán,  Marcelo Barceló, criminaliza a los jóvenes y familias que intentan trabajar la tierra para tener un trabajo digno ante la embestida empresarial. Barceló se ha presentado con policías en fincas cuya posesión la tienen familias campesinas desde muchos años atrás tratando de mantenerlas activas para atemorizar y amedrentarlos.   Esta situación se suma a la ocupación de tierras fiscales que realizan empresarios a los que nunca han denunciado como usurpadores.

¿Porqué el concejal Barceló no denuncia a los empresarios que han usurpado ? preguntan las organizaciones campesinas y de trabajadores de la tierra. 

Barceló debería preocuparse por situaciones como la ocasionada por la empresa ALCO que suspendió a 200 trabajadores que están sin cobrar.  Esto debía ser su reclamo inmediato al gobierno nacional para que revierta las medidas económicas que están llevando a la ruina las economías locales, mientras un puñado de empresas se enriquecen de forma escandalosa.

“Desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, acompañamos a las familias campesinas y de trabajadores en su lucha por lograr que el derecho al trabajo digno, a la tierra y a la Vivienda, se cumplan, y si el Estado no genera las políticas públicas que la grave situación requiere, pues a los humildes no nos queda otra salida que organizarnos para enfrentar a este modelo económico y luchar por los derechos consagrados en nuestra constitución y el sistema internacional de Derechos Humanos” denuncian las organizaciones campesinas.

“No permitiremos que se siga empujando a la juventud a cometer ilícitos y quedar a merced del crimen organizado para sobrevivir. Si hay tierras improductivas y jóvenes trabajadores rurales sin tierra y sin trabajo, la tierra debe ser para generar trabajo digno y alimentos sanos para el pueblo” concluyen.

Con información de Resumen Latinoamericano