Filadelfia, Pensilvania. Una mañana en Filadelfia, hace no mucho, Fernando besó a sus hijos y a su esposa y se fue a trabajar. En el camino tuvo un accidente automovilístico. Los migrantes sin papeles no pueden obtener licencias de conducir en el estado de Pensilvania, por lo que la policía se dio cuenta de que Fernando era indocumentado y lo llevó a la cárcel. Como el Departamento de Policía de Filadelfia comparte su base de datos electrónica con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, Immigration and Customs Enforcement) el brazo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargado de llevar a cabo las deportaciones, las autoridades federales de inmigración pidieron a la policía local detener a Fernando hasta que pudieran transferirlo a custodia federal para deportarlo. Él es ahora uno de los más de 430 mil inmigrantes indocumentados detenidos en 250 instalaciones en todo Estados Unidos que se enfrentan a ser deportados y separados de sus familias por tiempo indefinido.
Mientras el congreso estadunidense valora la reforma federal de inmigración, las tasas de deportación en los Estados Unidos llegaron a su nivel más alto en los últimos 50 años: alrededor de mil 100 inmigrantes son deportados diariamente, lo que arroja un estimado de 1.7 millones de personas expulsadas por la administración de Barack Obama en los últimos cinco años, lo que incluye al menos 200 mil madres y padres separados de sus hijos, quienes quedan abandonados en el país norteamericano.
Antes, el ICE dependía en gran medida de hacer redadas en lugares de trabajo para detener, encarcelar y deportar a los migrantes indocumentados, pero ahora dependen cada vez más de una estrecha colaboración con los departamentos de policía locales para compartir información y llevar a cabo las deportaciones. Anualmente se gastan más de 2 mil millones de dólares de impuestos de los contribuyentes para albergar a los migrantes detenidos, una bendición para las empresas privadas de prisiones que ayudan a redactar leyes locales de deportación más draconianas.
El programa «Comunidades Seguras», promulgado por el gobierno de Obama, es un programa federal fundamentalmente defectuoso que aumentó drásticamente las tasas de deportación. Comunidades Seguras hace que la policía local participe en tareas de inmigración al enviar las huellas digitales de todas las personas detenidas a la base de datos de ICE. Si hay una coincidencia en la base de datos, el ICE es informado automáticamente y emite una orden de detención para esa persona.
Una orden de detención es una solicitud del ICE a la policía local para detener a personas bajo su custodia 48 horas más de lo habitual para facilitar la transferencia a su mando, pero esto a menudo les obliga a permanecer en la cárcel durante semanas o incluso meses antes de ser trasladados. Este proceso ocurre antes de la condena y somete a las personas a encarcelamiento y castigo adicional sin ningún tipo de prueba. Las órdenes de detención de inmigración no son obligatorias y queda a discreción de las autoridades locales decidir si cumplen o no con ellas.
Algunas ciudades tienen acuerdos adicionales con funcionarios federales de inmigración para facilitar aún más la deportación. Por ejemplo, además de cumplir con el programa federal Comunidades Seguras, la ciudad de Filadelfia le otorgó una licencia a ICE que le permite acceder a la base de datos electrónica que contiene la información local de cada persona bajo custodia policial. ICE puede revisar la base de datos del Departamento de Policía de Filadelfia por nombre y país de origen para identificar a las personas detenidas nacidas en el extranjero, y luego pedir a los funcionarios locales que detengan a la persona hasta que pueda ser transferida bajo custodia federal para los procedimientos de deportación.
Existen varios grupos de base en todo el territorio estadunidense que resisten las deportaciones masivas y se organizan contra la colaboración entre los departamentos de policía locales y el ICE; uno de ellos es el Movimiento Nuevo Santuario de Filadelfia (NSM, New Sanctuary Movement of Philadelphia), una organización multicultural e interconfesional de justicia para los migrantes dirigida por quienes ya fueron afectados.
A finales de julio, NSM completó un ayuno de 40 días para demandar políticas de inmigración justas y humanas. Del 22 de junio al 31 de julio, más de 125 personas y 13 comunidades religiosas ayunaron para exigir que las autoridades municipales pongan fin de inmediato a toda colaboración entre el Departamento de Policía de Filadelfia y el ICE, y que los representantes federales de Pensilvania voten por una reforma federal de inmigración justa y humana.
A través del ayuno y el debilitamiento de mi cuerpo, reflexioné sobre el dolor de las familias destruidas por las políticas de inmigración y las deportaciones injustas en mi propia familia, explicó uno de los líderes de NSM. El trabajo de organización del NSM es crucial, ya que los inmigrantes tienen el derecho de mantener a sus familias unidas, vivir sin miedo, y caminar y conducir con seguridad en Filadelfia sin temor a la deportación.
Blanca Pacheco, organizadora comunitaria con NSM, originaria de Ecuador, ayunó los 40 días de sol a sol. Mientras ayuné, millones de familias fueron separadas por tiempo indefinido debido a la colaboración entre la policía y el ICE. Ayunamos para fortalecernos, para construir nuestra comunidad y para llamar la atención sobre los abusos a los derechos humanos y civiles por parte del sistema de inmigración actual.
Los inmigrantes en los Estados Unidos no encontrarán alivio de la máquina de deportación con la propuesta de legislación federal de migración. Aunque el proyecto de ley proporciona un camino a la ciudadanía, mejor protección para los trabajadores y el permiso de que los migrantes trabajen, conduzcan y viajen durante seis años de estatus provisional, se estima que entre tres y cinco millones de personas serán excluidas del acceso a la ciudadanía debido a los estrictos requisitos económicos. Uno de estos requisitos, incluido en el proyecto de ley, descalificará a alguien que, durante los 10 años de estatus provisional, caiga por debajo del nivel de pobreza o quede desempleada por más de 60 días. En Filadelfia, una ciudad con pobreza profunda y alto desempleo, será difícil para muchos indocumentados obtener la ciudadanía.
Las organizaciones de base de justicia para los inmigrantes como NSM también están indignadas por la mayor militarización de la frontera propuesta a través de la reforma migratoria. La Enmienda Corker-Hoeven añade 46 mil millones de dólares para militarizar la frontera, duplica la cantidad de soldados en la frontera (40 mil), incrementa el uso de vigilancia de alta tecnología incluyendo drones (aviones no tripulados) y propone completar la construcción de más de mil kilómetros de cercas. Esta escalada de control fronterizo sin precedentes no detendrá el flujo migratorio, pero sí propiciará que la gente se introduzca más lejos en el desierto y encuentre una muerte terrible. También dedicará una absurda cantidad de recursos a construir cercas en un momento en que necesitamos desesperadamente de inversión pública en nuestras comunidades. Esta reforma no hace sino robarle a la gente lo que necesita: educación, salud, vivienda y trabajo digno.
La propuesta de reforma migratoria tampoco aborda las políticas de deportación locales. El 31 de agosto es la fecha límite para que el Ayuntamiento de Filadelfia renueve la licencia del ICE. Mientras tanto, los migrantes sin papeles y sus aliados continúan la movilización para poner fin a las deportaciones y crear una ciudad que refleje los valores de la justicia, la dignidad y la libertad para todas y todos, independientemente de su estatus migratorio.
¿Por qué Teresa y Gerardo se unieron al ayuno?
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«Yo ayuno para que seamos escuchados»
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Publicado el 12 de agosto de 2013
