México DF. Al norte del país, en el estado de Sonora, la tribu yaqui, ancestral y combativo pueblo originario, se organiza contra la construcción de un acueducto con el que los gobiernos estatal y federal pretenden arrebatarles el agua de un territorio que les pertenece desde hace más de 3 mil años, para llenar, con fines comerciales, una presa industrial en la ciudad de Hermosillo.

Tras varios meses de litigios, un tribunal federal concedió a la tribu yaqui el amparo que declara nula la emisión del manifiesto de impacto ambiental, dictamen que obliga a detener la construcción del acueducto Independencia –proyecto principal del programa Sonora Sistema Integral, promovido por el gobierno de panista de Guillermo Padrés Elías-, con el que se pretende desviar agua de la presa El Novillo hacia la capital del estado.

La resolución, otorgada por el Juzgado cuarto del quinto Distrito del Centro Auxiliar de la quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, obliga al gobierno federal y local a detener las obras, y abre la opción de demandar penalmente a las autoridades de la región por desacato a una orden judicial en caso de que los trabajos del acueducto sigan adelante.

Sin embargo, autoridades tradicionales de este pueblo alertan sobre la posibilidad de que el gobernador de la entidad continúe con las obras a pesar del ordenamiento judicial, tal como lo hizo el año pasado cuando una jueza dictaminó la ilegalidad de la obra y por ende, su suspensión inmediata.

En entrevista con Desinformémonos, Mario Luna, representante de la nación yaqui, dijo que “esta resolución juega a favor de la tribu porque ordena que se anule el manifiesto de impacto ambiental y los trabajos que se están ejecutando basándose en ese manifiesto. En este sentido, se le otorga a la tribu el derecho a tener que ser consultados en un ambiente apropiado, y en nuestro territorio, si queremos o no que se realice el proyecto”.

La intención del gobierno de Sonora es desviar anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca sagrada del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo con fines comerciales. “El agua que pretenden desviar de nuestro territorio no será para uso doméstico, sino para llenar una presa de la zona industrial de Hermosillo, donde se encuentran empresas como Ford, Big Cola, Apasco, y donde se instalará la cervecera Heinekken”, agrega Mario Luna.

Este proyecto ha puesto a la tribu yaqui y a todos los habitantes del valle en una situación crítica. De las 90 mil hectáreas aptas para cultivarse en la región, tan sólo 17 mil hectáreas están sembradas por falta de recursos hídricos para el riego.

Para defender su agua, su autonomía y el derecho a decidir su destino, el pueblo yaqui ha seguido los conductos legales que marca la Constitución y ha obtenido triunfos en este rubro: una medida cautelar preventiva a favor de la demanda de restitución de aguas otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón, que prohíbe “el desvío de caudales de cualquier índole fuera de la cuenca del río Yaqui en tanto no hubiera sido resuelto el conflicto de aguas”, y un amparo contra la licitación del acueducto que ordena parar las obras, otorgado por un juzgado de distrito a los productores agrícolas del valle del Yaqui y ratificado por un tribunal colegiado.

Con el nuevo triunfo legal de los yaquis –la emisión de un amparo que declara nula la emisión de impacto ambiental– “ya no existe posibilidad para el gobierno de seguir con una obra que atenta contra la vida comunal y contra la existencia misma de nuestro pueblo”, dijeron representantes de las autoridades tradicionales a Desinformémonos.

“Si se aplica lo que establece la Constitución, debe detenerse la construcción. En caso de que no sea así, tendremos elementos jurídicos suficientes para demandar penalmente a las personas que están incumpliendo ese ordenamiento judicial. Ése sería el siguiente paso, realizar las demandas penales que resulten de este amparo y también emprender acciones de resistencia civil”.

A pesar de las disposiciones judiciales, la obra para la construcción del acueducto Independencia —que costará casi cuatro mil millones de pesos y tendrá una longitud aproximada de 175 kilómetros— está terminada en alrededor del 65 por ciento, pero ésta es “totalmente reversible según lo dicta el amparo, producto del juicio agrario de restitución de agua, que impide que se desvíe agua de la tribu yaqui, específicamente de la presa El Novillo. Y, en ese sentido, aunque el 100 por ciento del acueducto esté listo, no podrán disponer de las aguas, por lo que las obras actuales son un gasto innecesario”.

En septiembre del año pasado, la tribu yaqui realizó acciones de resistencia en protesta por la construcción del acueducto, que incluyeron bloqueos intermitentes en la carretera internacional México-Nogales y que provocaron un cerco militar y policiaco alrededor de Vícam Pueblo. Sin embargo, las obras siguieron adelante y el gobernador Padrés, al ser cuestionado sobre el desacato en que estaba incurriendo, aseguró que “no existía tal cosa”.

Tras la nueva sentencia judicial, las autoridades tradicionales decidieron viajar a la Ciudad de México para difundir lo que está sucediendo en el valle del Yaqui pues, aseguran, “en Sonora nos han cerrado las puertas prácticamente todos los medios y desde allá resulta casi imposible dar difusión a nuestra lucha”.