Colombia. Ante el intento de engaño del gobierno, que impulsa reformas educativas neoliberales pese a los acuerdos con los estudiantes, el movimiento estudiantil y magisterial colombiano toman de nuevo las calles para reivindicar el derecho a la educación pública.

Miles de inconformes, estudiantes de universidades públicas y privadas, integrantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), colegios de secundaria y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), se pronunciaron el 5 de septiembre contra los tratados de libre comercio, las reformas pensionales y laborales y los megaproyectos de minería.

“El objetivo de este carnaval en contra del ‘conejo’ a la educación superior es recordarle al gobierno que no ha cumplido con los puntos acordados el año pasado con los estudiantes cuando se levantó el Paro Nacional Universitario”, dijo un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá.

La reforma a la Ley 30 de educación superior que ha intentado imponer el Gobierno Nacional ha sido rechazada de manera vehemente por la comunidad estudiantil y por diversos sectores de la sociedad civil. Así lo demostraron las movilizaciones llevadas a cabo a finales del año pasado, protagonizadas por más de medio millón de estudiantes de todo el territorio nacional.

Fueron muchas las jornadas de protesta de carácter pacífico y pedagógico; se informó a la ciudadanía sobre las consecuencias nefastas de la aprobación de dicha reforma que fomentaría la privatización de la educación.

La “toma de Bogotá” y el Paro Nacional Universitario, en noviembre del 2011, fueron la respuesta contundente del movimiento social ante la actitud arrogante del Gobierno Nacional. La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, se mostró intransigente y despectiva al insinuar que los estudiantes no habían leído la reforma. Desató con ello la indignación de la comunidad estudiantil, la cual había analizado el documento y se había pronunciado de manera crítica y con argumentos en los escenarios públicos y medios de comunicación.

La protesta social se ganó la admiración y el respeto de los ciudadanos. Se hizo sentir la fuerza renovadora del movimiento estudiantil gracias a su capacidad organizativa y de movilización. Finalmente, el gobierno del presidente Santos tuvo que ceder ante la presión y retiró del Congreso la reforma a la Ley 30 o de Educación Superior (Proyecto de Ley Nº 112 de 2011). Tal decisión se convirtió en una victoria para el movimiento estudiantil y en una derrota para el gobierno de Santos.

A partir de entonces, la comunidad educativa se ha planteado la necesidad de una voluntad política seria para construir, con la comunidad universitaria y frente a la sociedad, una reforma que responda a las verdaderas necesidades de la realidad colombiana, pues la actual reforma a la Ley 30 de educación no es más que la mercantilización de un derecho constitucional.

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) se comprometió a elaborar una propuesta alternativa que solucionara los problemas graves de la crisis en la que se encuentra la educación superior en Colombia. “Estamos cumpliendo, no le hemos puesto ‘conejo’ ni al gobierno ni al país. La MANE y la comunidad académica adelantan el proceso de construcción de una Ley Alternativa, cuya próxima cita será en la ciudad de Bucaramanga 7, 8 y 9 de septiembre. En esta cita se sancionará la exposición de motivos de la propuesta alternativa”, señaló uno de sus voceros.

Los estudiantes denuncian, en cambio, que han sido el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de educación, María Fernanda Campo, quienes han incumplido su palabra. “El gobierno continúa impulsando una agenda de reformas que no solucionan la problemática y desconocen el arduo trabajo de la MANE y la comunidad universitaria para construir una alternativa que logre cambiar el modelo neoliberal de la Ley 30. Santos le hizo ‘conejo’ al movimiento estudiantil y al país”, afirmó un líder estudiantil.

El malestar de la comunidad educativa tiene que ver con la actitud antidemocrática con la que el gobierno nacional ha manejado dicha reforma; esta comunidad se siente excluida de asuntos como la reforma a la educación a distancia, la modificación legal para que instituciones técnicas y tecnológicas oferten doctorados, el Sistema Nacional de Formación de Capital Humano y las modificaciones a los créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Asimismo, es víctima de la continua violación de la autonomía universitaria, por ejemplo, en la imposición de los rectores y la militarización de claustros universitarios.

Además, la comunidad educativa considera que el presupuesto que destina la nación a la educación e investigación es muy bajo en comparación con el que destina a la guerra. El gobierno invierte tan sólo 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior, aproximadamente 22 billones de pesos colombianos, pero invierte 5.5 por ciento del PIB en guerra, 21 billones de pesos colombianos. Esta última cifra está muy por encima de países que se encuentran en conflictos armados y guerras, como Irak y Pakistán. Un estudiante le cuesta al gobierno colombiano 3.5 millones cada año; un soldado, 18 millones, y un interno en la cárcel, 12.5 millones.

En Colombia hay más fuerza pública que profesores, situación que deja ver las prioridades del Estado. “Invertimos 0.16 por ciento del presupuesto nacional en investigación, los países del primer mundo invierten hasta 1 por ciento. Eso se podría lograr si el Estado cobrara más impuestos a las multinacionales, que son las que vienen y se llevan nuestros recursos”, denuncia uno de los voceros de la MANE.

Por otra parte el movimiento estudiantil, a través de los delegados de la MANE, denuncia una serie de amenazas perpetradas por grupos paramilitares (Águilas Negras) contra varios de sus integrantes. Igualmente, reclama protección para las personas amenazadas y agrega que si algo le sucede a alguno de sus integrantes, habrá sido por la omisión del Estado a sus requerimientos.

Varios universitarios han perdido la vida en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); asimismo, en reiteradas ocasiones se ha estigmatizado a los estudiantes al vincularlos con la guerrilla y con acciones terroristas. Por esta razón, los representantes han exigido que el gobierno se comprometa a garantizar el derecho a la protesta y el respeto a los derechos humanos.

El comunicado de la MANE es enfático al plantear lo siguiente: “Hemos dicho ‘basta’ a toda forma de dominación y explotación. Hemos levantado nuestra voz de protesta contra la mercantilización y la privatización de la educación. De la misma manera, nos hemos dado a la tarea de defender el derecho a la educación, de constituir ésta como un bien común y avanzar en la construcción de un sistema de educación superior”.

Un estudiante de secundaria del colegio La Amistad, en Bogotá, dice al respecto: “Los estudiantes de secundaria luchamos por nuestra educación porque somos los futuros estudiantes universitarios. ¿Qué educación nos espera cuando el presidente Santos quiere privatizar los centros educativos, haciéndole un ‘conejo’ a todas las propuestas que ha hecho el movimiento estudiantil?”. Y añade: “Estamos marchando hoy por un modelo de educación de calidad donde quepamos todos, un modelo de educación popular”.

Luis Mendoza, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Cartagena), explica que otra de las peticiones al gobierno es “una real y verdadera financiación de la educación pública del país, desde preescolar hasta universidad”. Estos mismos motivos convocaron a muchos padres de familia y organizaciones sociales a salir a las calles.

La respuesta de la ministra de educación ha sido negar el incumplimiento del gobierno a los acuerdos realizados con los estudiantes y profesores. Lo cierto es que el hecho de que el presidente Santos no haya removido del cargo a la ministra ante su inadecuado desempeño frente a la mesa de negociación generó molestias en la comunidad educativa.

La MANE ha manifestado la posibilidad de volver al paro nacional en caso de que la respuesta del gobierno sea la misma frente a los acuerdos. “Después del paro del año pasado, se acordó que el gobierno y los estudiantes prepararían sendas propuestas de reforma, pero la MANE considera que el gobierno sólo trabaja en un cambio parcial del sistema educativo, y no en uno total”, comenta Sergio Fernández, vocero de la organización.

Finalmente, la MANE expresa su decisión de continuar con la construcción de una propuesta alternativa de educación superior en la que se le sustente como un derecho fundamental y un bien común de la sociedad colombiana; una educación superior de carácter democrático y popular que tenga como pilares la universalidad, la democracia, excelencia académica, gratuidad y autonomía, todo esto acompañado por la financiación estatal necesaria.

Publicado el 24 de septiembre 2012