Más de 100 residentes de fraccionamientos en Baja California emprenderán una demanda colectiva en contra de cuatro empresas inmobiliarias (Urbi, ARA, GEO y Homex) a las que acusan de dañar su patrimonio, ya que les vendieron casas sobrevaluadas, con vicios ocultos de construcción y en unidades habitacionales carentes de servicios públicos.

Los inconformes argumentan que de 2000 a 2013, con la complicidad de los gobiernos estatales y municipales, estas constructoras violentaron la ley, al simular la entrega de miles de casas con los servicios básicos, cuando éstas, en realidad, no contaban con drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura y, en algunos casos, ni siquiera con  agua potable y energía eléctrica.

Los residentes de los fraccionamientos ubicados en Tijuana y Mexicali forman parte del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna, que tiene presencia en 15 estados del país.

De acuerdo con José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal de este Frente, en la documentación revisada de propietarios de vivienda de Baja California detectaron que falta información y autorización de los planos sobre la introducción de redes de infraestructura de servicios de agua potable, drenaje pluvial, sanitario, electrificación y alumbrado público.

Con información de La Jornada Baja California