En Atenco “no hay una consulta legítima” sobre el aeropuerto

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México. Con la realización de foros públicos sobre el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, “el gobierno busca justificar la obra a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, pero en realidad no hay ningún proceso legítimo de consulta, aclara Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco. “Lo que quieren es cubrir sus mentiras”, remata.

El 27 de octubre, se realizó un foro en el que se expusieron las posturas antes de otorgar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del aeropuerto, y al que no acudieron funcionarios de alto rango de la Semarnat. Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y ejidatarios de FPDT expusieron las afectaciones que traerá la obra, mientras que funcionarios hicieron lo propio pero a favor de la construcción. “Ellos manifiestan que es adecuado, y que hay poca afectación y es tolerable; hablaron de empleo, de mejoramiento de la región y de un sistema de humedales a donde las aves podrán llegar y convivir con la obra”, informa el ejidatario, para quien estos argumentos son “mentiras”.

Los argumentos de los ejidatarios para que no se realice la construcción vinieron de parte de académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo y de los propios campesinos, como David Pájaro, que es miembro del Colegio de Posgraduados. Con información “con sustento científico”, se expuso la historia del lugar para reivindicar su vocación agrícola y la necesidad de conservarlo para la identidad de los pueblos, explica Del Valle. Se expuso que “hay un peligro inminente para un lugar con más de 10 mil años de historia, muy importante para Mesoamérica”, sostiene el ejidatario, quien agrega que además de la contaminación, el consumo de agua no hará sostenible al aeropuerto.

El proyecto –que además del aeropuerto, contempla instalaciones “auxiliares”-contempla mil 500 hectáreas de San Salvador Atenco, de un total de más de 15 mil sobre lo que fue la ribera del lago de Texcoco, en la zona oriente de la Ciudad de México. Los ejidatarios que se oponen a la mega obra tienen la protección de un amparo contra el cambio de régimen de propiedad de la tierra (de ejidal a dominio pleno, que da la posibilidad de vender individualmente).

“La parte gubernamental y el grupo aeroportuario se toman esto a la ligera, hablan de convivencia con la naturaleza cuando sabemos que este proyecto traerá depredación y muerte”, denuncia Ignacio del Valle. “Sobre todo, ya trajeron un rompimiento del tejido social muy fuerte por la compra de tierras. No supieron respetar que desde 2001 se dijo que no al aeropuerto”. El ejidatario indica que en los pueblos que “cayeron en la tentación” de vender las tierras por la presión de las instancias gubernamentales, ya no hay dinero de la venta ni tierras.

El gobierno, insiste Del Valle, sigue trabajando con una estrategia de compra de tierra por medio del miedo y la amenaza. “Pero nosotros no vamos a renunciar a la tierra ni a nuestra identidad. No queremos ser desplazados por esto que ellos llaman progreso”, sostiene el ejidatario.

“Aquí no hay una consulta. Lo que hay es una actitud adversa y engañosa, además de la corrupción de las instancias ligadas a la tenencia de la tierra”, finaliza.

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