La Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que los grupos defensores de la tierra y que se oponen a esta práctica son hostigados y criminalizados por quienes encabezan los proyectos extractivos, principalmente en Puebla, Durango, Oaxaca y Chiapas.

La REMA aseguró que el en todos estos casos «hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales» para lograr intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería, y que incluso han golpeado, desaparecido o asesinado a los representantes y activistas que junto con los pobladores de las comunidades afectadas luchan como forma de resistencia a la imposición de los proyectos.

A continuación, el comunicado completo:

Las empresas mineras de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

A los ya de por sí conocidos procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería.

Lo hacen desde diferentes frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1ero de mayo 2017; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra.

Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de MiningWatch Canada y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.

En todos estos casos hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.

La campaña está desatada y en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los estados para con el poder empresarial.
El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, MiningWatch Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la intimidación.

Ante esta alzada de intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El ejército intimada a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS