Foto tomada de Progreso Hoy

Ciudad de México | Desinformémonos. A pesar de que la juez cuarta de distrito en Yucatán ordenó la suspensión de operaciones de la granja porcícola que afecta los cenotes del pueblo maya de Homún, la empresa Kekén no ha retirado los cerdos del lugar y “lleva un mes en desacato”, denunciaron las organizaciones Ka’anan Ts’onot – Guardianes de los cenotes y el equipo Indignación.

“En pleno desacato, respaldando la violación al mandato judicial en el que incurre la empresa, una comisión de diputados y diputados que parece maniobrar a favor de la empresa porcícola, visitó las instalaciones el pasado lunes y expresó opiniones favorables a la operación de la megagranja”, denunciaron los integrantes de las organizaciones luego de que el 6 de noviembre venciera el plazo para que la granja fuera desalojada.

La orden de suspensión fue decretada desde el 1 de octubre, cuando concedió la suspensión provisional como medida precautoria ante la posibilidad de daños irreparables en el amparo presentado por seis niños de Homún, ante la amenaza a su derecho a la salud y al medio ambiente sano que representa la granja.

Además, el 9 de octubre la juez reiteró la medida al conceder la suspensión definitiva, en tanto se resuelve el amparo, después de una inspección judicial a la megagranja porcícola, la cual no fue aprobada por el pueblo y pone en riesgo la salud, los recursos naturales, el agua de los cenotes y el modo de vida de la población.

Las organizaciones explicaron que los diputados “insisten en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún, que rechazó la megagranja porcícola a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya en ejercicio de su libre determinación”, lo cual muestra “un absoluto desdén y desconocimiento de los derechos” de los pueblos indígenas.

Por otra parte, agregaron que han sido objeto de campañas de difamación y “calumnias” por parte de representantes y dueños de la empresa.

Ante el desacato de la empresa, Guardianes de los cenotes y el equipo Indignación exigieron el cumplimiento del mandato de la juez y la suspensión definitiva de cualquier operación de la granja porcícola, la cual albegaría a más de 49 mil cerdos por años.