En el Estado de México, entidad de más de 22 mil kilómetros cuadrados y unos 15 millones de habitantes, existen al menos siete conflictos de relevancia por el control de la tierra, el territorio y el agua.

En 2007, con el proyecto Ciudades del Bicentenario, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano local, las disputas por el control de los bienes comunes se intensificaron. Por un lado, los pueblos y las comunidades indígenas; por el otro, las administraciones gubernamentales y los grupos empresariales.

El objetivo de Ciudades del Bicentenario es la estructuración y el ordenamiento del territorio para tener “ciudades competitivas” y “regiones de desarrollo” con “infraestructura estratégica” en materia de comunicaciones, agua potable y energía eléctrica.

En su informe 2014-2015, Fuego y Digna Resistencia, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, con sede en la entidad mexiquense, da cuenta de esta realidad, que a decir de José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro, puede resumirse así: “En el Estado de México hay una política sistemática de violaciones a los derechos humanos. En aras de imponer megaproyectos se atenta contra los pueblos y sus habitantes”.

Fuego y Digna Resistencia, dado a conocer hace un par de días, es una radiografía de los diversos intentos de despojo del uso y disfrute de los bienes naturales en el Estado de México, pero también del cómo, ante esta situación tan adversa, los pobladores se articulan en defensa de los bienes comunes.

Lara Duque externa la preocupación que comparten los integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dado el incremento y la ampliación de los megaproyectos de despojo en territorio mexiquense. Les inquieta particularmente el tema relacionado con el derecho humano al agua, mismo que en el primer informe a cargo de esta organización no resultaba tan preocupante. Ahora, sin embargo, ha despuntado.

A decir de Lara Duque, en 2016 el tema del agua será de primera agenda en el Estado de México. Al respecto, el defensor recuerda que en el legislativo local sigue vigente la iniciativa para modificar la Ley de Agua para el Estado de México, presentada en abril de 2015 por el diputado Amador Monroy Estrada, que busca municipalizar los sistemas comunitarios de agua potable.

En su informe 2014-2015, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero destaca la política de represión que ejercen los operadores del poder político en el Estado de México, es decir, el Grupo Atlacomulco, contra los pueblos y organizaciones sociales que se organizan y movilizan en defensa de sus bienes y derechos. Las formas de contención son variadas: desde la fabricación de delitos, la persecución ministerial, las amenazas de muerte y las agresiones físicas, hasta el encarcelamiento.

Es así que, en los dos últimos años, el área jurídica de este Centro asumió la defensa legal de 56 personas defensoras de derechos humanos (30 hombres y 26 mujeres) que fueron aprehendidas o que se encuentran bajo investigación ministerial por supuestos hechos delictivos, entre ellos, oposición a la ejecución de obra pública, motín y homicidio.

Quienes conforman el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, no dudan en afirmar que “en el Estado de México hay un claro manejo del sistema penal y penitenciario como una herramienta para mantener controlada a la población y evitar que ésta ejerza su derecho a la libertad de manifestación y expresión para exigir algún otro derecho humano”.

Los siete conflictos

1. Desde 2007, las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, agrupadas en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a la empresa Autovan S.A. de C.V. Se sabe que el proyecto carretero afectará 138 hectáreas de bosque, con su respectiva flora y fauna, así como al suministro de agua.

2. En 2001 y en 2006, los pobladores de San Salvador Atenco lograron frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en sus tierras de cultivo. Sin embargo, la resistencia campesina vuelve ante la nueva amenaza de reactivación del proyecto aeroportuario.

3. En los predios El Ocote y Las Carretas, en el municipio de Nicolás Romero, la empresa Merket Construcciones S.A. de C. V pretende edificar el Desarrollo Inmobiliario Bosques del Paraíso, que implica la construcción de más de 10 mil viviendas en una superficie de 184 hectáreas. Para ello han devastado ya 150 hectáreas de bosque. El pueblo otomí de San Francisco Magú se resiste al proyecto cuya manifestación de Impacto Ambiental presenta errores e inconsistencias.

4. La comunidad nahua-otomí de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, ha enfrentado, al menos, dos intentos de despojo de tierras. El primero por parte de dos particulares que se ostentaron como dueños del predio Salazar; el segundo, de la empresa Consorcio Desarrollador Internacional S.A. de C.V. que busca construir un corredor industrial.

5. Además de la amenaza de empresas inmobiliarias que buscan establecerse en sus terrenos ejidales, al municipio de Apaxco lo quieren utilizar como espacio de incineración de residuos especiales y tóxicos, a expensas de la salud de sus habitantes.

A finales de 2014, el gobierno del Estado de México transfirió facultades al municipio para poder realizar los trámites de licencias y cambios de uso de suelo, así como de densidad y altura de edificaciones, para que las zonas agrícolas puedan emplearse para proyectos industriales o inmobiliarios. Además, entre marzo y abril del mismo año, las autoridades locales acordaron con la empresa Ecoltec la incineración de 60 mil llantas en los hornos de la cementara Holcim, ubicada en este territorio.

Asimismo, en los últimos meses de 2014, representantes de los municipios de Huehuetoca, Coyotepec y Apaxco firmaron el convenio de creación del Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Valle de México, encargado de prestar el servicio público de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de basura y residuos peligrosos de manejo especial. Los pobladores de Apaxco rechazaron la aprobación del convenio intermunicipal.

6. En 2013, el Ayuntamiento de Coyotepec impulsó la municipalización del servicio del agua, que significa despojar del control ciudadano del líquido vital a los habitantes de Coyotepec. La comunidad decidió defender la Administración Ciudadana de Agua Potable de Coyotepec y, para ello, se conformó en el Frente 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales A.C. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha maniobrado para ahorcar económicamente a los pueblos que buscan mantener y dar viabilidad a los sistemas comunitarios de agua, reclamando adeudos impagables y amenazando con cortar el flujo de energía eléctrica, ya que sin ella los pozos que abastecen el agua potable no pueden funcionar.

7. Desde 1976, el municipio de Tecámac cuenta con el Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C., organismo ciudadano y autónomo que administra de manera independiente, mediante usos y costumbres, y sin la intervención de las autoridades municipales, la operación hidráulica. No obstante, a raíz de los proyectos de urbanización, las autoridades de Tecámac han intentado arrebatar a la comunidad dicha potestad. En 2005, por ejemplo, la gestión del priista Aarón Urbina Bedolla tomó por la fuerza la administración del agua potable para abastecer las casas construidas por SADASI, su empresa inmobiliaria.

Aunado a ello, los gobiernos local y municipal autorizaron que Tecámac recibiera 30 mil toneladas de basura al día para ser incineradas con un microreactor atómico. El hecho acarrea graves problemas de salud para los pobladores de este municipio, quienes además se encuentran preocupados por la sobreexplotación de sus pozos de agua, ya que el proyecto necesita de millones de litros de ésta para enfriar el desperdicio incinerado.