Foto de archivo: José Luis Ramírez
Las familias del pueblo K’iche’, de Quetzaltenango, ven con gran preocupación que el gobierno central, departamental y local no cuenten con un plan de contingencia, ni protocolos adecuados para el correcto tratamiento de la pandemia provocada por la Covid-19 y el regreso de migrantes al occidente del país.
El jueves 30 de abril de 2020, durante una video conferencia de prensa, miembros del Consejo Maya K’iche’ (CMK), de la ciudad altense informaron que muchos vecinos viven con la incertidumbre y miedo ante la llegada del coronavirus a los diferentes municipios del departamento, sumando a ello la poca información que hay en las comunidades y en el área rural.
Según Jose Luis Ramírez, miembro del consejo, la desinformación generada y el mal tratamiento de la situación, ha provocado conflictividad en las comunidades. Para Ramírez, ante esta realidad debe ser un compromiso y obligación del Estado mantener informada a la población y la correcta coordinación con gobiernos municipales, autoridades comunitarias, ancestrales y organizaciones de sociedad civil.
“Varios hermanos migrantes que llegaron a Guatemala desde Estados Unidos o México fueron deportados y llegan a Quetzaltenango en camionetas por las noches, de aquí los distribuyen a otros puntos de la región de Occidente. El error, según el dirigente, es que el gobierno no coordina con las autoridades locales para que ellos puedan informar a la población, por eso al llegar los hermanos que estuvieron en el norte, la población tiene miedo”.
Para el CMK existe poca voluntad en el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno de Guatemala, negando a la población medidas de protección para atender los efectos económicos provocados por la COVID-19, que estarían contenidas en el decreto 15–2020, el cual fue vetado por el presidente Alejandro Giammattei.
Los pobladores piden al Gobierno central que se presente e informe sobre el plan de contingencia específico para el departamento de Quetzaltenango, asimismo demandan hacer funcionales los canales de comunicación oficial, definir una campaña que minimice la conflictividad social en las comunidades y que en lo inmediato se publique el decreto 15–2020 en el diario oficial.
Publicado originalmente en Medium – Prensa Comunitaria