“Son cinco los pueblos que, desde el Ladrillero, creemos que están en alto riesgo de sufrir agresiones policíacas que busquen la reacción de la gente y que les son necesarias para legitimar el aumento represivo que significa la Ley Eruviel”, apuntaron desde el Centro de Derechos Humanos del Estado de México, Zeferino Ladrillero.

San Francisco Magú, Coyotepec y Tecámac, se suman a los ya golpeados San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, en la alerta emitida por los defensores.

En las tierras de Atenco, donde desde hace un buen tiempo se resiste a la expropiación y a la construcción del “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, el martes, entró a tierras comunales una tanqueta del Ejército para escoltar a ingenieros de la empresa que pretendían “tomar medidas” en la zona. Los soldados apuntaron con sus armas, en señal de amenaza, a los campesinos que le salieron al cruce.

En Xochicuatla suman su cuarto día de resistencia. Luego de cosechar una minuta con una serie de acuerdos básicos e importantes, el principal que compromete al gobierno del Estado de México (Edomex) a “suspender los trabajos en el lugar para la construcción de la Carretera de Toluca – Naucalpan, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas a la construcción de dicho proyecto en acuerdo con los representados de la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla”, marcharon por la capital, hacia la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.

Además de ser la residencia del Presidente, la Casa Blanca está teñida de negro, o al menos, debería. La majestuosa construcción fue “un regalo” del empresario Armando Hinojosa Cantú estimada en 7 millones de dólares, ubicada en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros y exclusivos de la Ciudad de México.

La empresa principal de Hinojosa es el llamado “Grupo Higa” que cuenta en su poder con un cuantioso manojo de proyectos para la construcción de autopistas en la República, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México, además de acuerdos para trasladar funcionarios de gobierno en aviones privados, según reveló The Wall Street Journal a fines de 2014. De enero a la fecha, según reveló el equipo investigador de Aristegui, su empresa fue favorecida con otros contratos, en el entorno de los 6 millones de pesos (350 mil dólares) por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la construcción de instalaciones militares en Chiapas.

La “relación” entre el empresario y el presidente fue investigada oficialmente pero no halló nada irregular, ningún “conflicto de intereses” en esa relación nutrida con dineros públicos.

También el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es un buen amigo, ya que también recibió una residencia de parte de Hinojosa.

Este jueves 14, los vecinos movilizados de Xochicuautla y el nutrido contingente que no se ha despegado de su lado desde que comenzó el ataque a la comunidad el lunes 11 de Abril, fijaron como destino la Casa Blanca. Y enfrente, como para que nadie se olvide, dibujaron en el piso de la calle un cartel perfectamente apreciable desde la altura con la frase “PRHIGA” y el diseño de un excremento debajo.

Las máquinas de la empresa Autován fueron las que arremetieron contra el bosque del agua y la casa derrumbada durante el ataque del lunes. Autován es una filial del Grupo Higa, por eso todo.

En la reunión citada en el primer párrafo, se reunieron representantes de la comunidad con funcionarios públicos en representación del municipio de Lerma y del Gobierno del Valle de Toluca, como representantes del gobierno del Estado de México. También el director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones de esa entidad.

Además del compromiso del cese de “las obras” que fueron más bien un atropello, acordaron retirar a la policía, salvo la que custodiará la maquinaria que dejaron en el bosque a un kilómetro de la casa derrumbada.

En la calma chicha del cerro del agua, la tensión se disipó un poco tras el retiro de los casi 800 policías municipales que coparon un pueblito de 8 mil habitantes.

Sin embargo, desde el Ladrillero insisten en que el peligro prevalece y que hay más comunidades en vilo.

“Mañana, viernes 15, es la fecha en que el gobierno del municipio de Nicolás Romero marcó para intentar recuperar la delegación donde se ejerce la autonomía del pueblo” informó Antonio Lara, coordinador del Ladrillero.

San Francisco Magú también es un pueblo otomí que conserva buena parte de sus instituciones, entre ellas “el peso”, una cooperación anual que los habitantes ponen para los asuntos comunes del pueblo, ya que no pagan ningún tipo de impuesto al gobierno municipal.

Un campesino aporta 50 pesos al año, un obrero 100 y un comerciante 150 al fondo común de recursos administrado por el autogobierno indígena de Magú. También administra su propio sistema de agua y conserva la lengua otomí.

Sin embargo, el gobierno municipal se resiste a aceptar su calidad de “pueblo indígena” ya que eso implica también, reconocer los mecanismos internacionales que obligan a los estados a la consulta previa, libre e informada de cualquier proyecto que pretenda instalarse en su territorio.

En Magú hay un edificio en dónde funciona la administración autónoma otomí llamado La Delegación, que no es el palacio municipal. Ese está en otra parte del pueblo. En la Delegación también funciona el Consejo Administrativo del Sistema de Agua comunal.

“El municipio de Nicolás Romero anunció que mañana, posiblemente apoyado por fuerzas represivas, intente entregarle el control de La Delegación a gente de filiales del PRI (el partido del presidente) por lo que es posible que haya una agresión real con la policía en ese lugar.”

La situación de Magú se pondrá sobre la mesa en la reunión que representantes de todos los pueblos y organizaciones que conforman el Fuego de la Digna Resistencia, (ente ellos, los 5 en peligro) mantendrán con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez.

“Magú se encuentra en el ojo de la represión y es uno de los 5 pueblos que identificamos que tiene altas chances de ser el ahora agredido. En el marco del debate planteado por el Fuego de la Digna Resistencia para la abrogación (anulación o modificación de una ley) de la Ley Eruviel, el centro de la reunión con el presidente de la CNDH va a ser la Ley. Vamos a plantear los argumentos para que sea esta institución del estado la que promueva una acción de inconstitucionalidad contra una ley que representa una violación mayor de los derechos humanos de lo que ya sucede en México y que permite, entre otras cosas, que la policía use munición real para reprimir cualquier manifestación.”

Foto: Colectivo Rexiste