*Coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

La publicación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México marca un parteaguas en la construcción de una ciudad más hospitalaria. Nueve años después de que la Constitución de la Ciudad de México reconociera el derecho al cuidado, finalmente comienza a consolidarse una institucionalidad que permita transversalizar los cuidados en la Administración Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, el verdadero reto no es solo construir un Sistema de Cuidados, sino garantizar que este también proteja a quienes suelen quedar fuera de las políticas públicas: las personas migrantes y refugiadas.

Los datos muestran la dimensión del desafío. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) estima que 58,3 millones de personas en México requieren algún tipo de cuidado. Tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres y su trabajo, muchas veces invisible, sostiene la economía y la vida cotidiana. El trabajo de cuidados no remunerado equivale a cerca del 24 % del Producto Interno Bruto del país y, tan solo en la Ciudad de México, alrededor del 30% de su economía es sostenida por quienes cuidan.

La nueva ley crea una estructura de gobernanza mediante una Junta del Sistema de Cuidados, un Programa Especial de Cuidados, un consejo con participación de sociedad civil, mecanismos de monitoreo y presupuesto específico. Además, fortalece los servicios dirigidos a personas con discapacidad, niñas y niños, personas mayores y personas en situación de calle, consolidando un cambio de paradigma: el cuidado deja de ser una responsabilidad individual para convertirse en una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

Sin embargo, la conversación sobre cuidados no puede ignorar la realidad de la movilidad humana. La Ciudad de México se ha convertido en un lugar de destino, tránsito y retorno para miles de personas migrantes, refugiadas, desplazadas y deportadas. Tan solo en 2025, la ciudad registró más de 23 mil solicitudes de asilo, convirtiéndose en el segundo destino del país después de Tapachula, Chiapas. A ello se suman las personas mexicanas retornadas, desplazadas internas y quienes permanecen varadas en la ciudad tras el cierre de la frontera con Estados Unidos.

Las personas en movilidad no solo necesitan cuidados; también cuidan. Son madres que viajan con sus hijas e hijos, personas mayores, adolescentes que cuidan a familiares, mujeres que sostienen emocionalmente a sus familias durante procesos de regularización y personas LGBTIQ+ que enfrentan múltiples formas de exclusión sin redes de apoyo. Muchas trabajan en el sector de los cuidados en condiciones precarias mientras asumen una intensa carga de trabajo del hogar, de cuidados especializados y de larga duración, además de trabajo de cuidados no remunerado dentro de sus comunidades de acogida.

El propio sistema migratorio genera nuevas necesidades de cuidado. Los largos trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), la incertidumbre jurídica, las dificultades para acceder a empleo, vivienda y educación, así como la falta de redes familiares, obligan a miles de personas a invertir tiempo y recursos en sobrevivir antes que en reconstruir sus proyectos de vida.

En este contexto, es un avance significativo que la nueva ley incorpore por primera vez referencias explícitas a las personas en movilidad. Entre sus principios reconoce la no discriminación por condición migratoria; establece que la Secretaría de Gobierno deberá coordinar acciones para atender a personas migrantes, refugiadas, desplazadas y en retorno dentro del Sistema de Cuidados; y prevé que la política pública contemple acciones dirigidas a esta población con un enfoque de restitución de derechos. De manera paralela, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana prepara la apertura de un espacio comunitario de cuidados y un centro multiservicios dirigido específicamente a personas en movilidad, una iniciativa que puede convertirse en un paso importante para materializar este derecho.

No obstante, el verdadero desafío comienza con la implementación de la ley. Para muchas personas migrantes y refugiadas, la principal barrera para acceder a programas de cuidados y espacios como las Utopías y estancias infantiles no es su inexistencia, sino los requisitos administrativos. Solicitar una CURP, comprobantes de domicilio, padrón de huéspedes o documentación migratoria vigente puede convertirse, en los hechos, en un mecanismo de exclusión. Si el derecho al cuidado, a ser cuidada y al autocuidado pretende ser universal, no puede depender del estatus migratorio, la nacionalidad, el color de piel o el idioma.

Por ello, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y organizaciones lideradas por mujeres migrantes participamos en las consultas del proyecto de ley para proponer medidas que fortalezcan el sistema. Entre ellas, garantizar expresamente que la falta de documentación migratoria no impida el acceso a los servicios derivados del Sistema de Cuidados; asegurar que las reglas de operación no establezcan criterios de exclusión por nacionalidad o condición migratoria y sean accesibles para personas no hispanohablantes; incorporar información sobre el uso del tiempo de las mujeres en movilidad para diseñar políticas públicas basadas en evidencia; y fortalecer la participación de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana dentro de la gobernanza del Sistema para asegurar que la movilidad humana sea considerada de manera transversal.

¿Qué sigue después de la publicación de la ley? El éxito del Sistema de Cuidados dependerá de asignar un presupuesto suficiente, tanto al Sistema como a la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana; fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables; definir indicadores claros para el monitoreo y la evaluación de sus resultados; y garantizar la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias personas migrantes y refugiadas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de cuidados.

Construir una ciudad que cuida implica reconocer que la dignidad no depende del lugar de nacimiento ni del estatus migratorio. Una política de cuidados que deja fuera a quienes migran o fueron forzadas a huir reproduce las mismas desigualdades que pretende combatir. En cambio, un sistema de cuidados incluyente puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para reducir las brechas de género, fortalecer la integración social y garantizar que todas las personas, sin importar su origen, puedan ejercer su derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado.