La plataforma Memoria y Verdad, un proyecto conjunto de organizaciones de derechos humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales  (INAI) cuya apuesta es la construcción social de la verdad y la preservación en la memoria pública de 15 casos paradigmáticos de violaciones graves a derechos humanos en México, es boicoteada por personal al interior del instituto

Una actuación opaca del INAI y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos, así como las divisiones políticas y burocráticas que lo aquejan se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos; asimismo, las decisiones unilaterales y opacas del pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión.

Article 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, emplazan al INAI y a sus comisionados para que en la segunda etapa del proyecto de la plataforma presentada se revierta la falta de voluntad para lograr una verdadera transparencia.

La primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y ocultamiento que rodea este tipo de casos. Más de 10 años de transparencia en México y dos reformas constitucionales de avanzada, hablan de la falta de compromiso de los intérpretes de la ley con la verdad.

Durante año y medio de trabajo, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, coordinaron esfuerzos con el INAI para diseñar e implementar esta plataforma, que busca facilitar el acceso a la información pública y de otras fuentes, y así apuntalar el conocimiento público y procesos de memoria y verdad de casos de violencia estatal como la Guerra Sucia, Tlatelolco y el Halconazo, hasta aquellos más recientes como Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 en San Fernando, el incendio de la Guardería ABC, Ayotzinapa 2011, las fosas de San Fernando de 2011, Cadereyta, Tlatlaya, la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la masacre en Apatzingán.

Una evaluación a la información aportada por autoridades durante más de una década de transparencia en el país demuestra que las respuestas a más de 600 solicitudes analizadas, que representan el 50 por ciento del total de solicitudes relacionadas con los 15 casos, no entregan información alguna, la clasifican o la declaran inexistente. El resto es información fragmentada que requiere de un contexto u otros documentos para ser útil en la construcción de verdades. Cerca de 50 años después de la primera violación que se documenta en esta plataforma, la masacre de Tlatelolco, el Estado no ha dado respuestas. 

En este sentido, la segunda etapa, que da inicio a partir de la presentación, requiere discusiones públicas y aportaciones de aquellos documentos e información que tengan todas las expresiones sociales (academia, defensores, periodistas, investigadores, etcétera) para poder hablar entre sí e ir construyendo verdades.

Enfilarse a esa segunda etapa requiere hacer un alto en el proceso y que el INAI haga una seria evaluación del rol que juega en el proyecto.

Durante los meses de colaboración cercana entre el instituto y las organizaciones, la construcción de la plataforma no fue un proceso armónico: múltiples áreas al interior del mismo, así como algunas ponencias del pleno, sostuvieron posiciones encontradas sobre el proyecto.

Al respecto, si bien los problemas enfrentados han sido diversos y en apariencia obedecen a trabas técnicas, detrás de estos existen claros intentos provenientes desde su interior por debilitar y entorpecer la concreción de la plataforma. Algunas de las objeciones que entorpecen están:

1. La decisión unilateral de excluir el incendio de la Guardería ABC de la versión final de la plataforma. En un primer intento, comisionados argumentaron que en lugar de ser un caso de graves violaciones a derechos humanos, como la Suprema Corte lo sentenció, éste obedeció a un accidente por causas fortuitas. En el segundo intento, sostuvieron que habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas para que el mismo no fuera publicado, muy a pesar de la colaboración activa y determinación constante del Movimiento 5 de junio para que el mismo sí hiciera parte de la plataforma.

2. El uso desproporcionado, insostenible y equívoco de la protección de datos personales, que configura una forma de censura. En la versión que se presenta, el INAI decidió, nuevamente de forma unilateral, no difundir imágenes, videos ni documentación de fuentes no públicas relacionadas con ningún caso que habían sido transmitidos y aceptados por el grupo permanente porque exige que las organizaciones que aportaron el material recaben los consentimientos expresos de todas y cada una de las personas que estén involucradas. No sobra advertir que este requerimiento es de imposible consecución, por ejemplo, para el caso de las fotos, pues fueron tomadas por reporteros en contextos de manifestaciones públicas, protestas y marchas multitudinarias; algunas de las fotos corresponden a víctimas de los delitos (actualmente desaparecidas o muertas); o simplemente muchas tienen cerca de 50 años de haber sido tomadas.

3.  Causa seria preocupación que el órgano garante de la transparencia, clave en los procesos de apertura gubernamental, haya actuado en repetidas ocasiones como un órgano arbitrario que toma decisiones de espalda a sus contrapartes.

Estos puntos representan de forma somera una lista más amplia de preocupaciones y alarmas que se pudieron documentar en el marco de este proyecto conjunto. Por esta razón, las organizaciones contrapartes del proyecto hacen un llamado público al INAI, a sus comisionados y comisionadas para revertir los puntos señalados y traducir a hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Este emplazamiento busca recuperar la intención y alcances originales del proyecto, los que siempre fueron consensuados por todas las partes del grupo de trabajo. Article 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México están convencidas que el marco legal que otorga garantías, el delicado contexto de impunidad actual y,  el deber y derecho a la memoria y verdad que tienen todas y todos como sociedad e instituciones permitirán alcanzar y superar lo originalmente pactado.

La plataforma Memoria y Verdad, en una versión no consensuada por el grupo permanente de trabajo. Está disponible en www.memoriayverdad.mx