La movilidad humana no es un tema neutral al género. Mientras el mundo se prepara para la septuagésima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), el mensaje debe ser claro: no hay justicia de género posible si seguimos dejando a las mujeres y las niñas migrantes en los márgenes de las políticas y las conversaciones globales. La migración y el desplazamiento están indisolublemente marcados por desigualdades estructurales que determinan quién puede moverse de forma segura y quién es arrojada a la vulnerabilidad extrema.

Aunque las mujeres y las niñas representan casi la mitad de la población migrante a nivel mundial, sus experiencias siguen siendo narradas desde la carencia o la invisibilidad. No se trata solo de números; se trata de un ciclo migratorio donde los riesgos se agravan por el simple hecho de ser mujer. Desde la exposición a la violencia física e institucional en las rutas, hasta las barreras infranqueables para acceder a servicios básicos y protección social, la realidad de las mujeres en contextos de movilidad es una carrera de obstáculos contra un sistema que no fue diseñado para ellas.

América Latina y el Caribe enfrentan una crisis de movilidad sin precedentes. Para finales de 2025, la región registró la alarmante cifra de 21 millones de personas desplazadas, de las cuales casi la mitad son mujeres. México y Centroamérica, específicamente, se han consolidado como uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo. Aquí, la violencia no es un evento aislado, sino una constante interrelacionada que ocurre bajo el manto de la impunidad.

Los datos son contundentes y dolorosos: tres de cada diez hogares migrantes reportan discriminación por su estatus; el 65% de las familias con niñas y niños enfrentan riesgos críticos de protección; y dos de cada cinco mujeres conocen directamente casos de violencia de género durante su trayecto. Además, el hecho de que el 16% de las víctimas mundiales de trata transnacional provenga de nuestro continente subraya una falla sistémica en la protección de la vida.

Entonces, ¿por qué, ante la evidencia, las respuestas políticas siguen siendo insuficientes? Existen factores clave que restringen el diseño de políticas eficaces. Primero, las brechas persistentes en datos desagregados por género que impiden dimensionar la magnitud del problema. Segundo, asistimos a una disminución preocupante del financiamiento para servicios de atención a sobrevivientes y una débil incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones oficiales.

A esto se suma la «externalización de fronteras» y una militarización creciente que, lejos de ordenar los flujos migratorios, empujan a las mujeres a rutas más peligrosas y controladas por el crimen organizado. Para las mujeres indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+ y aquellas en situación migratoria irregular, estas políticas restrictivas no son solo muros físicos, sino regímenes que anulan su derecho a la justicia y a la rendición de cuentas.

Contamos con marcos internacionales robustos, como el Pacto Mundial de Migración y la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, estos documentos corren el riesgo de convertirse en letra muerta si no se operativizan en políticas de desarrollo que aborden las causas raíz: la pobreza extrema, la violencia de género en los países de origen, tránsito y destino, y la inseguridad estructural.

Es urgente transitar hacia un enfoque de derechos humanos que desafíe las narrativas estigmatizantes desde una perspectiva interseccional. No podemos seguir viendo a las mujeres migrantes solo como víctimas; debemos reconocerlas como sujetas políticas con capacidad de agencia que demanda justicia transfronteriza.

En este contexto, el papel de la sociedad civil es vital. Organizaciones como la Red Mesoamericana de Mujeres, Salud y Migración (RMMSyM) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), con más de 15 años documentando violencias y brindando acompañamiento a las mujeres migrantes y sus familias, son las que poseen el pulso de la situación en la región.

Por ello, los retos que enfrentan las migrantes deben ser parte de la agenda del CSW70. A unas semanas de que Nueva York se vista de morado y la ONU reciba a mujeres de todo el mundo, desde el IMUMI y la RMMSyM llamamos a generar un espacio de resistencia, donde las migrantes y las defensoras generemos recomendaciones de política pública accionables. Es el momento de promover mecanismos de justicia que obliguen a los Estados a mirar de frente los patrones regionales de violencia contras las mujeres y las niñas migrantes.

Colocar a las migrantes en el centro de la agenda del CSW70 no es una opción técnica, es un imperativo ético. La justicia que no cruza fronteras no es justicia. El mundo está mirando, y las mujeres en contextos de movilidad ya no están dispuestas a esperar en el silencio de las sombras.