La madrugada del 7 de septiembre de 2006 marcó un hito que, si bien puede pasar desapercibido en un recuento general de la historia reciente de México, entraña, al mismo tiempo, algunas de las transformaciones más lesivas del recorrido contemporáneo de su sociedad. Se trata de uno de esos eventos liminales que señalan modificaciones profundas en la socialidad, así como en la percepción y la transformación de las formas de violencia. En esas horas, un comando armado ingresó a un centro nocturno llamado Sol y Sombra, ubicado en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, y, después de reducir a los asistentes, realizó disparos al techo, mientras una parte de los agresores depositaba 5 cabezas humanas en la pista de baile, acompañadas de lo que, a partir de aquellos años, fue identificado como narcomensajes. Si bien no fue el primer episodio de este tipo, se trata de uno que implicó cruzar un umbral social respecto a las violencias en el país.

A través de ese acontecimiento se hizo pública la existencia de una organización que, junto con sus sucesores en Michoacán, sería parte de un proceso más amplio de dinamización y complejización de los brazos armados de la economía criminal en México, así como de su imbricación con los tres niveles de gobierno.

El suceso señaló, además, el inicio de un proceso de diversificación en las actividades de las estructuras de la economía criminal que comenzó a incorporar en su portafolio cobros por protección, conocidos en México como derecho de piso, así como diversas rentas ilegales. En particular, despuntaron aquellas que remiten a las efectuadas por el Estado, a tal punto que en uno de los momentos más álgidos se acuñó la noción de despotismo tributario.

En la portada del diario, el episodio apareció a un costado del titular del día dedicado a la recepción de la constancia como presidente electo de México de Felipe Calderón Hinojosa, como colofón de un proceso definido por distintas voces como fraudulento. Sólo unos tres meses después, el 11 de diciembre, y ya como jefe del Ejecutivo en funciones, el también oriundo de Morelia, capital del estado de Michoacán, lanzaría la llamada Guerra contra el narcotráfico mediante una operación realizada en la tierra que lo vio nacer.

Cuando estamos a punto de cumplir 20 años desde el inicio de ese proceso, contamos con indicadores de violencia inusitados en contextos sin conflictos armados declarados. Aun cuando orientarse por variables de violencia como estas resulta limitado, y además invisibiliza las historias y trayectorias de vida detrás de las cifras, resulta una manera de calibrar el volumen de fenómenos que han transformado profundamente la diversidad de pueblos, naciones y culturas que conforman México.

A eso agrego que no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana y que, en parte, episodios como el antes descrito resultaron clave para justificar el lanzamiento de la estrategia de militarización de la seguridad pública, porque, de hecho, en 2005 el país registró mínimos históricos en los indicadores de violencia letal. Resulta importante que, en 2026, cuando Estados Unidos ha lanzado una narrativa de guerra contra las drogas a escala continental, que, además de ataques directos desde helicópteros, prevé el uso de tropas en tierra, nos hagamos preguntas que pongan en cuestión la genealogía del proceso.

La primera que se propone es pensar en cómo se construyó el discurso y la narrativa sobre la inseguridad en México. Aunque esto cuenta con antecedentes desde la década de los ochenta del siglo XX, que pueden asociarse con los efectos de la implementación del neoliberalismo, consideramos clave la realización de marchas sucesivas contra la inseguridad. Estas, llevadas a cabo primero en Morelos y en el entonces llamado Distrito Federal en noviembre de 1997, y después en la capital del país, con réplicas en distintas partes de la república en junio de 2004 y agosto de 2008, resultaron un momento crucial para la incubación del huevo de la serpiente del que surgió la guerra.

Estas manifestaciones, que contribuyeron a delinear las demandas de mano dura, fueron convocadas por sectores privilegiados y reaccionarios de la población. Aunque en las primeras movilizaciones participaron sectores diversos, entre sus asistentes asiduos se contaron el propio Felipe Calderón Hinojosa, la Unión de Padres de Familia, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, así como la organización clandestina de ultraderecha conocida como Organización Nacional El Yunque.

Lo más significativo es que, a partir de estas muestras de fuerza y de la gran cobertura mediática con la que contaron, se posicionó una agenda de políticas públicas que incluyó la “profesionalización de los cuerpos policiacos”, la cual derivó en su militarización; la promoción de la vigilancia del espacio urbano, la cual ha seguido al alza con las redes de cámaras y centros de comando y control; así como un conjunto de exigencias que promovieron la criminalización de la pobreza y de la juventud. No es ocioso recordar que en aquel entonces se propuso reducir la edad de imputabilidad penal a 15 años (en los delitos de secuestro extorsivo) y que, en una de las demandas más ominosas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó la pena de muerte.

Reflexionar sobre la manera como la fabricación de esas narrativas transformó a México resulta una tarea urgente cuando en el presente, contra toda prueba objetiva sobre la eficacia de las políticas implementadas, la región y el país tienen en la llamada guerra contra las drogas los mecanismos predilectos no sólo del control y el disciplinamiento de sus poblaciones, sino también el saqueo de su territorio.