Las presuntas narconóminas encontradas durante el operativo que derivó en la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes (alias El Mencho), no representan sorpresa alguna, solo confirman una vez más la corrupción endémica que permea al interior de  los cuerpos de seguridad pública y que se hizo  extensiva a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno. El descubrimiento, también ha brindado elementos a la narrativa hipócrita de la clase política opositora para pedir la intervención del gobierno norteamericano.

Por más que los opositores políticos pretendan reducir la corrupción imperante a los dos sexenios encabezados por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), es una verdad incuestionable que el fenómeno de la corrupción es de larga data y se encuentra enquistado en los tres ámbitos de la administración pública. La clase política que hoy se rasga las vestiduras es la misma que años atrás encabezó los gobiernos que pactaron con legendarios narcos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera, etcétera.

Sería conveniente que en lugar de clamar porque el presidente Donald Trump ordene una intervención punitiva contra México, la clase política opositora realice un ejercicio de autocrítica y reconozca que cuando ha gobernado, ha sido incapaz de combatir la corrupción e impedido que los grupos de la delincuencia organizada consoliden su control territorial y detenten el poder punitivo del Estado, esto último, a través del acceso de algunos miembros de esas organizaciones criminales a cargos públicos como alcaldías, diputaciones, senadurías y gubernaturas.

Es incuestionable que todos los partidos políticos que han gobernado a México, tarde o temprano han sucumbido ante la fuerza corruptora  del crimen organizado. Aunque, durante las administraciones  encabezadas por los institutos políticos, no todos los funcionarios públicos han incurrido en actos de corrupción, sí es claro, que como ente gubernamental o como partido, la clase política ha sido incapaz de enfrentar el fenómeno de la corrupción; incluso no han sido pocas las ocasiones en que los mismos partidos han impulsado las carreras políticas y/o administrativas de personajes claramente vinculados a la delincuencia organizada (Tomás Yarrigton, Mario Villanueva, Genaro García Luna, José Luis Abarca, etcétera). 

Pero volvamos a las narconóminas y específicamente al renglón en donde aparece la frase “estatal pakales”. La agrupación  Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), fue creada en diciembre de 2025 por decisión del gobernador del estado de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, como una policía de élite para combatir la delincuencia organizada y hacer frente a la violencia que escaló durante el gobierno de Rutilio Escandón. 

En el sexenio de Rutilio Escandón, el nivel de la seguridad pública en el estado de Chiapas alcanzó niveles de descomposición. Un ejemplo de ello es la manera en que públicamente se desenvolvían algunos personajes vinculados a la delincuencia organizada llegando incluso a residir en los mismos fraccionamientos en los que habitaban los más altos funcionarios encargados de la seguridad pública. La exposición pública de los miembros de la delincuencia organizada se interrumpió abruptamente -al menos de forma temporal- el 7 de julio de 2021cuando fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez, Gilberto Rivera Estradaidentificado como el jefe de plaza del cártel de Sinaloa, hecho que terminó sumiendo a la entidad en una espiral de violencia que hasta la fecha no ha cesado. Paradójicamente, la violencia no impidió que meses después María Escandón hija del Gobernador, públicamente se exhibiera en redes sociales acompañada de la esposa y la hija de Juan Valdovinos Mendoza “El Señor de los Caballos” operador del CJNG en Chiapas.

La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) se dio en el momento en que los homicidios, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado interno habían crecido exponencialmente en Chiapas. Si bien, en un principio los operativos desarrollados por el grupo Pakal -según las autoridades- lograron “éxitos importantes” aquellos fueron inflados mediáticamente. A la par de esos “éxitos” comenzaron a difundirse denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza pública y latrocinios cometidos por algunos integrantes de la FRIP; esas quejas a priori fueron desvirtuadas por las autoridades y algunos medios de comunicación afines al gobierno del estado,  señalando que los agraviados estaban relacionados o eran parte de la delincuencia organizada.

A las denuncias por excesos del uso de la fuerza pública, se sumaron el arresto de cuatro elementos de la FRIP en el mes de julio de 2025 acusados de extorsión contra comerciantes y pobladores del municipio Benemérito de Las Américas, así como la detención de seis elementos acusados de abuso de autoridad después de que se difundiera en redes sociales un video donde golpean a un joven indígena dentro de un cuartel de la policía en el municipio de Chilón. También, existen señalamientos sobre graves violaciones de derechos humanos, que el 18 de febrero del año en curso, de forma conjunta realizaron una ONG defensora de derechos humanos, la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús y familiares de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, integrantes de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez; ellos denunciaron a la FRIP por  fabricación de delitos, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de estas dos últimas personas.

A todo lo anterior, se suma el reportaje suscrito por los periodistas Fernando González y Joyce Castillo, publicado en el Diario El Universal en su edición del seis de marzo del presente año. En esa nota informativa, los periodistas dan a conocer los precios extraordinariamente bajos por los cuales el Secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño. De acuerdo con su declaración patrimonial de 2024, durante los años 2022 y 2023 adquirió diversos vehículos antiguos, bienes inmuebles y joyería; así como, la desproporción entre sus ingresos y egresos, que tan solo en 2023 llevó a que el Secretario gastara el 97% de sus ingresos declarados, en la compra de joyas y vehículos. Si bien el artículo no menciona actos de corrupción sí destaca lo inusual de algunas operaciones.

Es claro que a poco más de un año de su creación, se cierne un manto de desprestigio sobre la FRIP. La aparición de esa “fuerza de elite” en la narconómina del CJNG es solo el corolario de algo que va más allá de una simple conjetura sobre los excesos y la corrupción que permea en ese grupo. Ante el cúmulo de ilegalidades, no es suficiente que el gobernador Eduardo Ramírez declare que ha ordenado una investigación sobre el desempeño de la FRIP. Si el titular del ejecutivo estatal realmente quiere enviar una señal de transparencia, es necesario que todos los elementos de la FRIP y el Secretario de Seguridad Pública sean sometidos a exámenes de control de confianza aplicados por una entidad ajena a la administración estatal, de lo contrario la seguridad pública en Chiapas seguirá siendo un gatopardismo.

En el caso de los servidores y figuras públicas y la importancia de la percepción pública y su integridad, bien cabe aplicarse la frase atribuida al emperador romano Julio César “La mujer del César no solo deber ser honrada, sino también parecerlo”.

Comportamiento judicial

Llaman la atención algunas posturas asumidas por la ministra María Estela Ríos González durante el desarrollo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  sobre todo porque muchas de ellas van en contra de sus propuestas de campaña, entre las cuales destacan “el impulso a resoluciones judiciales claras y comprensibles, para que todas las personas —sin importar su rol social— puedan entender y ejercer sus derechos, agilizar los procedimientos administrativos y judiciales, mejorando los sistemas informáticos para garantizar certeza jurídica y respeto por el tiempo de vida de las personas”. Durante su campaña, también enfatizó su compromiso con la mejora de condiciones sociales y profesionales de las mujeres, y con una justicia libre de corrupción, imparcial y expedita”.

La ministra Ríos González  también manifestó “su convicción de servir al país a través de la impartición de justicia con sentido humano y con una perspectiva incluyente, especialmente enfocada en la dignidad de las personas, la equidad de género y el acceso universal a la justicia”.

Sin embargo, contraviniendo sus compromisos de campaña, presentó al Pleno un proyecto de resolución declarando la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que fue impugnado a través de una acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al considerar que dicho artículo por su “ambigua” redacción permite abusos en desalojos forzosos, por lo que el  legislativo local había transgredido el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. Ante la protesta de varias organizaciones sociales que aglutinan a miles de personas que carecen de una vivienda propia, la ministra se vio obligada a retirar su proyecto.

La ministra Ríos González también presentó ante el Pleno  un proyecto de resolución sobre la constitucionalidad del artículo 57 fracción segunda de la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas derivado de un amparo indirecto promovido por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, por su propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad. Dicho proyecto fue rechazado por la mayoría de los integrantes del Pleno al considerar que no tomaba en consideración el interés superior de los menores y el plazo razonable para la interposición de un recurso. 

Finalmente, también ha sido pública y notoria (y de eso da cuenta el sentido de sus votos) su reticencia para que el máximo tribunal ejerza sus facultades de reasunción de competencia y de atracción, en asuntos que por su importancia y trascendencia revisten un interés particular para ciertos grupos vulnerables o para la sociedad en su conjunto.

Más allá de los criterios jurídicos sustentados por la ministra  María Estela Ríos Gonzalez en las sesiones del Pleno, varios de los cuales han sido solidamente refutados por los demás integrantes del Pleno. Lo que debe quedar evidenciado, es la incongruencia que existe, entre sus compromisos de campaña y su actuación cotidiana; los dos casos antes citados y su negativa recurrente sobre la reasunción de competencia y el ejercicio de la facultad de atracción, son un claro ejemplo de que la actuación de la ministra María Estela Ríos González, carece de  sentido humano y perspectiva incluyente.