Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron en la opinión pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende dividirlos como ocurrió con Enrique Peña Nieto; lanza una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, y sus representantes legales. El gobierno federal, sin avisar a los padres, invitó a otro pequeño grupo a una reunión de trabajo como una maquiavélica maniobra para dinamitar el diálogo y confrontarlos entre familiares. Sin embargo, las familias lejos de enfrascarse en esa pesadilla esperan resultados de las autoridades sobre el paradero de sus hijos.
En la mañana de este jueves 11 de enero del 2024 las madres y padres tenían pactada una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa con el propósito de que se entreguen los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero no se logró. Para las familias ha sido importante la solicitud de los documentos del CRFI desde junio del 2023. La existencia de estos documentos lo confirmó el entonces subsecretario Alejandro Encinas, pero “en diciembre el gobierno federal unilateralmente anunció la apertura generalizada de los archivos”. Las madres y padres solicitaron una reunión urgente que se realizó la semana pasada sólo con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, sin que convocara a otras instancias, “donde las familias querían escuchar la metodología de la búsqueda de los archivos y lo que se planteó en la mesa es que el gobierno tenía la expectativa de que las familias acudieran directamente a los archivos militares a rastrear si ahí encontraban algo”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, Santiago Aguirre, en una conferencia de prensa llevada a cabo en sus instalaciones a las 3 de la tarde.
“En la reunión que íbamos a tener hoy nos llevamos la sorpresa de que a nuestros representantes legales no les avisaron, menos a nosotros como padres, que iba a estar un grupo pequeño de madres y padres que responden a otros intereses [como estar con los perpetradores, exigiendo la libertad de José Luis Abarca]. Cuando llegamos vimos que estaban ahí ellos. Qué es lo que está haciendo, aunque le duele al presidente de la república, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros padres. Y eso es lo que pasó hoy para que nosotros peleemos, pero no le quitamos su derecho porque nosotras como madres y padres siempre buscamos a los 43, cada vez que nos paramos y tomamos el micrófono. El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona. Por eso nosotros nos levantamos de la mesa porque no queremos estar confrontando con ellos, le dijimos al subsecretario que nos atienda aparte”, comentó doña Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista.
Las mentiras y los golpeteos del sexenio siguen socavando la verdad que quieren saber las madres y padres de los 43. Las artimañas de ofrecer dinero a las víctimas y de dividirlos siguen siendo las prácticas más nefastas de los gobiernos de la derecha, y que se están reeditando en el gobierno de la cuarta transformación. Ocultar la verdad y preferir la descalificación pública de quienes la buscan con ansias. Los agresores, los gobiernos, ahora se sienten agredidos, parecen regímenes autoritarios que cuestionan a las propias familias agraviadas por el Estado.
La exigencia, sin distractores, de las madres y padres es que el ejército entregue los documentos del CRFI. Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y las madres y padres, afirma que la solicitud concreta ya tiene un año “que viene de un proceso de investigación, de unas líneas de investigación que da seguimiento la propia Fiscalía, la Covaj, donde estaba Alejandro Encinas y la coadyuvancia del Grupo de Expertos Independientes. Se revisaron con este motivo archivos militares, y se solicitó información a través de sendas baterías de preguntas que se hicieron al ejército mexicano. Con todo este trabajo hasta el año 2022 llegamos con un conjunto de información importante, pero dentro de esa información hacen falta 800 folios. En estos folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes, a través de una intervención telefónica que el ejército hizo en la noche del día 26 de septiembre”.
Además, “hemos solicitado información adicional al ejército, por ejemplo, la comunicación completa y el dispositivo donde ésta se encuentra, los números telefónicos que fueron objetos de intervención y los militares que hicieron la intervención; que nos den los nombres y que comparezcan. Esa información la deben, no nos la han entregado y, junto a ello, los 800 folios forman parte hoy en día en la investigación. Esos folios existen, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente, en las mañaneras, se dice otra cosa. El ejército es el que niega la información, dice que no existe, sin embargo, en las reuniones serias que tenemos de la Covaj se han confirmado. Estamos exigiendo que se entreguen en una reunión que se tenga en la Covaj, que el ejército ponga a disposición esa información y que pueda revisarla el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas, para que se pueda hacer una revisión y, si de esa revisión resulta necesario hacer una revisión -y cito- en los cuarteles pues ya se verá, pero no podemos ahorita ir a los cuarteles cuando es un trabajo que ya se hizo desde el año 2019”.
“El gobierno lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana y ahora hasta contra la OEA, inventando enemigos externos otra vez como los gobiernos anteriores, y descalificando a las organizaciones que asesoramos, que en términos constitucionales damos una asesoría técnica a los padres de familia, además una asesoría de la elección de los padres… por muy presidente que sea no puede quitar ese derecho a las víctimas. No es un tema de una organización política, son víctimas los padres de familia que por delante tienen expedientes, tienen un trabajo técnico que se tiene que hacer y que estar asistidos por sus representantes legales. Pero el presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla” sentenció Vidulfo.
El gobierno federal intenta medrar, dividir y confrontar a las madres y padres, así como responsabilizar a los representantes legales, principalmente al Centro Pro de que son culpables de que hayan sido liberados detenidos, cuando fueron torturados o los liberó un tribunal a través de un amparo que promovieron los abogados de los detenidos. Los abogados de las madres y padres no movieron ni un dedo. Más bien, “fueron torturados, hubo una investigación irregular, con una sentencia que decía que fue una investigación turbia y que se tenía que redireccionar. Y así fue como lo hizo este gobierno, quiso corregir y abrir nuevas investigaciones prescindiendo de la prueba ilícita, y ahora sale el presidente con que quiera regresar a la investigación anterior, quiere retomar la verdad histórica”.
El presidente de México no cesa en la guerra sucia para esconder la verdad. Golpea en lugar de obligar al ejército mexicano a entregar toda la información que exigen las madres y padres. Recurre a la despiadados intento de dividirlos. Lo peor de todo es que permite socavar la organización y la unidad de las familias convocando a un grupo pequeño de padres de familia que fueron expulsados hace un año y medio, porque justamente han obstaculizado las investigaciones. Quieren quebrar a las familias para no dar la información que exigen.
De acuerdo con Vidulfo Rosales lo que hizo “hoy el gobierno federal fue romper esta reunión, dinamitarla, romperla, y en esa tónica no podremos seguir en reuniones con la Covaj. Sin embargo, estaríamos solicitando una reunión directamente con el presidente de la república para que nos pueda decir qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, cuáles son las líneas pendientes y sobre todo qué va a proceder con la información que el ejército no ha entregado”.
Publicado originalmente en Tlachinollan
