El gobierno mexicano debe expresar su completo respaldo al trabajo de los defensores de derechos humanos en el país, así como contrarrestar las campañas de desprestigio y estigmatización que pretende socavar su trabajo, exhortaron tres expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, señaló Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido objeto, en el último mes, de acusaciones por fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.

“El trabajo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”, expresó Frost.

Los expertos resaltaron el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuya labor y resultados de investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, han sido desprestigiados mediante campañas de desacreditación.

“Cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación”, indicó David Kaye, relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión.

Por su parte, Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, señaló que “el gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”.

Por último, los tres expertos manifestaron su preocupación ante los atentados contra los defensores de derechos humanos en México, mismos que aumentan el peligro y la vulnerabilidad para ellos, su trabajo y las víctimas que atienden.