Chilpancingo, Guerrero. Las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe sobre México del pasado 13 de febrero, confirman lo que por años hemos venido afirmando diversas organizaciones de familiares de víctimas y de acompañantes de víctimas: en México y en particular en el Estado de Guerrero, se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas”, donde muchas veces participan Agentes del Estado, ya sea de manera directa o encubriendo y protegiendo a los delincuentes.

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó lo que todo el mundo sabe y reclama: es un caso de desaparición forzada y como tal debe seguirse investigando hasta encontrar la verdad y hacer justicia. No puede cerrarse irresponsablemente.

Ahora el Estado Mexicano y como parte de él el Gobierno de Guerrero, se encuentra evidenciado y exhibido ante los ojos de los pueblos del mundo para asumir compromisos reales de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas.

En el Estado de Guerrero, el gobierno debe asumir las 8 recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al gobierno mexicano y por tanto considerar nuestras exigencias que venimos planteando desde hace 8 años:

1.- Que se integre un Plan de Búsqueda de la Verdad que permita reabrir todos los casos y se reactive la investigación con los familiares de las víctimas como coadyuvantes, haciendo valer su derecho a un trato digno, respetuoso y a recibir información objetiva y de manera directa y no a través de los medios de comunicación.

2.- Que se cree un banco de ADN y se confronte de manera científica y profesional con los restos humanos encontrados en diversas fosas en los diferentes municipios de la entidad durante los últimos años, además de que dichos restos sean manejados con respeto y de manera profesional y reintegrados a sus familiares.

3.- Que se integre un fondo de contingencia social destinado al sostenimiento de las familias de las víctimas y al apoyo a la coadyuvancia de las mismas en las investigaciones.

4.- Que se apoye la creación del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Social en Guerrero y se restituya el Módulo de Información, Cultura y Denuncia del Tadeco y el Comité de Familiares en la Plaza Cívica de Chilpancingo, conforme las recomendaciones de la Coddehum y la CNDH.

5.- Que se armonice la legislación estatal con los estándares internacionales de atención a víctimas y de la propia Ley de General de Víctimas vigente a nivel federal y que se incluya en la nueva constitución la figura legal de la desaparición forzada y se reforme y actualice la ley sobre este tema.

En este sentido tenemos conocimiento que desde el mes de diciembre, el Ejecutivo Estatal envió al Congreso Local una iniciativa de Ley de Víctimas que se elaboró sin tomar en cuenta a las organizaciones de víctimas y de acompañantes de víctimas, persistiendo en la actitud arrogante y de menosprecio que desde hace 8 años ha mantenido hacía nuestro Comité y al Tadeco como su acompañante, por lo que no confiamos en que se esté legislando de manera responsable y de acuerdo a los derechos y necesidades de las víctimas y de sus familiares.

Además, desde hace varios años diversas organizaciones de familiares de víctimas y acompañantes en el país y aquí en Guerrero nosotros, hemos venido exigiendo al Estado la promulgación de una Ley General Sobre Desaparición Forzada y el reconocimiento de la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas para que pueda intervenir en éstos casos; que se homogenicen las leyes nacionales y estatales de acuerdo a los estándares internacionales y se cree la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada para salvaguardar los derechos de las víctimas y sus familiares. La indolencia del Estado mexicano hoy se evidencia cuando el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le recomienda trabajar urgentemente en este sentido.

El Gobierno del Estado de Guerrero tiene una gran tarea que no puede hacer al margen de las víctimas y sus organizaciones, a reserva de perseverar en su carácter represivo, antidemocrático y en su perversa asociación con las empresas del narco. Además de lo arriba señalado, también debe esclarecer los casos de desaparición forzada durante la guerra sucia, hacer justicia y especialmente presentar con vida a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Al refutar el informe de la ONU, el Estado Mexicano, su clase política, los empresarios incluyendo a los carteles del narco, sus instituciones y como parte de éstas el Gobierno de Guerrero, han cerrado filas y dan señales de que no pueden comprometerse a decir la verdad y hacer justicia en éstos delitos de lesa humanidad porque se evidenciaría su profunda relación y dependencia económica y política con las empresas del narco y romper vínculos con ellas, tendría con un costo muy alto para mantener su predominio en el país, para los partidos políticos y los malos gobiernos. Reconocerlo sería hacerse el haraquiri y por su naturaleza, el Estado siempre se negará a eso.

Nuestro reto ahora sigue siendo lograr la verdad y la justicia para nuestros amigos y familiares de víctimas de la violencia del sistema capitalista y acabar con la base económica de los negocios de las empresas del narco, porque lo que debe desaparecer es el capitalismo y no las personas. El Gobierno de Guerrero tiene la palabra…