El gobierno del estado de Colima debe hacer cumplir la ley y los compromisos firmados ante sus propios funcionarios y desalojar del balneario Ojo de Agua, de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, al grupo de opositores al Comisariado de Bienes Comunales (CBCZ) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio (CIDTZ) que bloquean el camino desde el pasado día 25, cuando atacaron a pedradas a miembros del grupo del comisariado con saldo de siete personas heridas de gravedad.

Así lo señaló  Jesús Santos, integrante del CIDTZ, quien en entrevista vía telefónica precisó que dicho ataque fue perpetrado por seguidores del ex comisariado de Bienes Comunales Carlos Guzmán, quienes bloquearon el camino al balneario impidiendo la salida de turistas, por lo que miembros del Consejo y del CBCZ intervinieron para desbloquearlo, lo que hizo que la gente de Guzmán los atacara a pedradas.

Después de ese incidente, el sábado 26 hubo una reunión con el Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, en la que estuvieron el presidente del CBCZ, Taurino Rincón Lorenzo, así como del CIDTZ y de Carlos Guzmán, en la que «el gobierno presionó» para que se acordara que en la administración del balneario -que ha estado en manos del Comisariado como corresponde legalmente-  participen tres miembros del grupo de Guzmán y tres del Comisariado, pero «como trabajadores, no en el manejo de los ingresos del balneario. Se hizo el convenio y el Secretario de Gobierno dijo que si no se respetaba él iba a mandar a los antimotines a quitar a los que estaban bloqueando el camino», informó Santos.

Sin embargo, el domingo 26 Guzmán y su gente rechazaron el convenio firmado «pero el Secretario de Gobierno rompió su palabra y no los desalojó», ahora en el bloqueo del camino está también un grupo de policías estatales.

Santos mencionó que el lunes 28 el Secretario de Gobierno convocó a un nuevo diálogo  para proponerle a Taurino «que se elija al administrador del Ojo de Agua. Taurino dijo que él no se iba a prestar a su juego, que el Comisariado de Bienes Comunales tiene el derecho de administrarlo y no lo va a ceder y que si el gobierno no cumplió el primer compromiso de desalojo qué garantiza que cumpla un nuevo convenio», apuntó.

De acuerdo al Observatorio Social de Occidente, el presidente del Comisariado, Rincón Lorenzo, mencionó que las autoridades estatales no han cumplido con su obligación de resolver la problemática que mantienen los dos grupos de habitantes, puntualizando que el gobierno estatal tiene que hacer entender al grupo que mantiene bloqueado el ingreso al balneario que no les respalda la razón, además de que se está incurriendo en diversas faltas y violentando la seguridad de habitantes y de quienes visitan el centro recreativo.

Puntualizó que tiene que respetarse su personalidad jurídica, ya que están reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), con nombramiento ante autoridades federales, estatales y municipal.

Destacó que se presentará una denuncia en contra de las personas que violentaron la seguridad y que agredieron en su mayoría a mujeres de la tercera edad habitantes de la comunidad. Además que en caso de que pueda suscitarse algún incidente, la responsabilidad será del gobierno estatal el cual, afirmó, no ha resuelto nada desde tiempo atrás, siendo solamente un observador.

Se deslinda Bios Iguana

Por su parte la organización ambientalista Bios Iguana se deslindó del ataque a pedradas ocurrido en Zacualpan, luego de que el gobierno colimense en un comunicado informara que “se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana”.

Bios Iguana -que ha estado asesorando la lucha de la comunidad de Zacualpan contra las dos concesiones mineras por 50 años que se otorgaron sobre su territorio sin consultarlos- negó que hubieran estado en el ataque en Zacualpan y denunció a su vez en un comunicado que el gobierno de José Ignacio Peralta retoma el argumento del anterior gobernador, Mario Anguiano, contra la organización para que la opinión pública crea que ellos son los que promueven la violencia en la comunidad, buscando criminalizar su lucha social en defensa del territorio y de los derechos humanos.

“Rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo”,  aseveró Bios Iguana rechazando «enérgicamente que el Gobierno del Estado nos quiera utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor”.

La organización sostuvo que el Gobierno estatal debe garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos y no argumentar que se conduce con “neutralidad” en el conflicto. Además responsabilizó a Peralta Sánchez de cualquier daño que pudiera ocurrirle a integrantes del CIDTZ o de Bios Iguana.

A su vez la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) repudió el regreso de la violencia contra miembros del CIDTZ -integrante de la red- y recordó que el grupo de Carlos Guzmán «ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del balneario Ojo de Agua que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014; bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la Comunidad Indígena de Zacualpan».

Mencionó que este episodio de violencia «ocurre también en el marco de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, la señora María Elena Díaz Rivera, por acusaciones de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la Comunidad Indígena de Zacualpan».

La REMA exigió la inmediata intervención de las comisiones Estatal de Derechos Humanos; Nacional de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos, para que, en el uso de sus facultades, «intervengan para detener de manera definitiva la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de su red en Colima»; que las autoridades investiguen los hechos denunciados y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.