La trayectoria intachable de Vidulfo Rosales
y el prestigio internacional
del Centro de derechos humanos de la Montaña,
en nada se comparan con las trapacerías y balandronadas
de un ex gobernador defenestrado.
Como parte de la medida cautelar 409/2014 y a petición de la madres y padres de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, en marzo de 2015 fue creado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Se trató de un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de coadyuvar en la investigación sobre las 43 desapariciones, así como de los estudiantes asesinados y heridos. El GIEI a lo largo de estos 7 años ha demostrado ser un gran equipo que se ganó a pulso la confianza de las familias por su sentido humanitario, por su gran capacidad de escucha y por su profesionalismo, plasmado en los tres informes publicados.
En septiembre de 2016 presentaron su primer informe que tuvo un gran impacto nacional e internacional porque demostraron con pruebas científicas que la llamada verdad histórica, dada a conocer por el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam (actualmente procesado), no tenía sustento en pruebas. Su versión de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula quedó evidenciada como un montaje para encubrir todo el entramado delincuencial en el que participaron corporaciones policiacas municipales, estatales, federales y elementos del ejército.
Ante la contundencia de los peritajes que presentó el GIEI -que señalaban la imposibilidad de que la incineración de los 43 estudiantes hubiera ocurrido en tiempo, lugar y circunstancias descritas por la verdad histórica-, se desató una fuerte campaña mediática para desacreditar su trabajo. Las mismas autoridades federales cuestionaban los resultados de su informe. Se toparon los expertos con varios obstáculos, sobre todo al negarles información que requerían, se les restringió el acceso a los expedientes y se generó un ambiente hostil. También fueron víctimas de espionaje. En ese contexto se vislumbró la posibilidad de no concluir con el mandato acordado y de salir del país. Afortunadamente atendieron la petición de las madres y padres y se logró que concluyeran su segundo informe.
En abril de 2016 el GIEI presentó su segundo informe que profundizó en la investigación en las actuaciones de las diferentes corporaciones policiacas. Algo relevante fue que demostró con pruebas audiovisuales que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, el hoy prófugo Tomás Zerón, manipuló una supuesta diligencia en el río San Juan, y acudió al lugar un amplio despliegue operativo de fuerzas federales presuntamente para sembrar evidencias pues no se consignó esa visita en el expediente. Ante esta información tan prolífica y robusta en sus resultados y conclusiones, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió concluir la presencia del GIEI.
En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó a la CIDH nuevamente la asistencia del GIEI. Fue en el 2020 cuando regresa el GIEI a México, en un grupo compuesto ahora por 4 integrantes. Con la nueva administración, la Fiscalía General de la República (FGR) creó la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa conocida por sus siglas como UEILCA, dirigida por el maestro Omar Gómez Trejo, que en la primera etapa del GIEI se desempeñó como secretario ejecutivo. En esta etapa, la voluntad política de las más altas autoridades dieron un gran impulso para el acceso aa la información que había sido vetada. El mismo presidente de la república decretó que “las dependencias y entidades de la administración pública federal que cuenten con información o pruebas que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa COVAJ)”. A pesar de esta instrucción oficial el GIEI comentó en su tercer informe que tuvo que realizar numerosas gestiones para poder obtener la información requerida.
En febrero del presente año el GIEI presentó su tercer informe que profundiza en la documentación de archivos de inteligencia, incorpora nuevas declaraciones y diversas pruebas. Parten de la base documental de los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como el seguimiento y los antecedentes de la movilización que preparaban los normalistas de Ayotzinapa. Este análisis minucioso muestra el grado de conocimiento previo sobre esta movilización de los estudiantes, por parte de las instituciones de seguridad, tanto federales como estatales. También logran identificar con pruebas cómo las autoridades federales tenían conocimiento sobre la cooptación de las autoridades locales por parte de la delincuencia organizada. La revisión de los documentos de la Sedena les dio la pauta para evaluar las omisiones y actuaciones de las fuerzas militares y la policía federal. De igual manera incorpora nuevos elementos de la responsabilidad que tiene en estas desapariciones la policía municipal de Huitzuco y otras corporaciones locales.
Un tema de suma trascendencia es la intervención en el basurero de Cocula y río San Juan por parte de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar). El GIEI tuvo acceso a los archivos de la Marina. Obtuvieron documentos confidenciales, catalogados como “secretos” que se referían a una intervención de elementos de la Marina en el basurero de Cocula y el río San Juan del 27 al 29 de octubre. El GIEI analizó a profundidad un video del 27 de octubre de 2014 en el que se registran actividades realizadas por la Marina que no se conocían y que además no aparecían en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR. El video corresponde a una grabación de más de dos horas y fue realizado con una aeronave no tripulada de la Semar. Lo grave de estas actuaciones es el ocultamiento deliberado y la negativa de las autoridades de proporcionar información sobre su participación en estos lugares.
Para el GIEI este informe da cuenta de la cantidad de personas e instituciones involucradas a diferentes niveles en el caso, lo que muestra el entramado que ha permeado las responsabilidades a niveles cada vez más altos. También muestra la participación de personas y agentes no solo del crimen organizado sino de todas las instituciones del estado.
Un nuevo capitulo se abrió con el informe presentado por el presidente de la COVAJ, el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, quien presentó ante las madres y padres de los 43 y el presidente de la república los nuevos hallazgos que obtuvo a través de fuentes que no fueron compartidas con la FGR ni con el GIEI. Fue contundente en sus conclusiones: confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa constituyó un crimen de estado. Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes y se presume que se prestaron para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. También reitera que en todo momento las autoridades de los tres niveles tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes. Afirma que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Más bien todos los testimonios y evidencias acreditan que los estudiantes fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Las madres y padres de los 43 ante esta información que no esperaban, optaron por analizar con detalle su contenido, sobre todo para verificar la veracidad de las fuentes. Pidieron al GIEI que realizara un análisis exhaustivo y objetivo de los datos presentados, sobre todo las capturas de pantalla de conversaciones entre mandos militares y líderes del grupos criminal Guerreros Unidos que son las que le dan sustento a sus conclusiones.
Durante estos dos meses, después de emitido el informe las madres y padres quedaron desconcertados por varios hechos que se suscitaron: notaron que hubo prisa por parte del gobierno federal para hacer público este informe, sobre todo cuando se acercaba el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. También constataron que no incluyeron los hallazgos obtenidos por el GIEI en sus investigaciones, que también son claves para dar con el paradero de los estudiantes. Lo grave fue la destitución del fiscal especial Omar Trejo, quien fue suplantado por otro equipo impuesto por el fiscal general, para tomar el control de las investigaciones. Tomaron sus oficinas y le impusieron una auditoría para amedrentarlo y descarrilaron sus investigaciones.
El equipo del fiscal general fue el que se encargó de armar la acusación contra Murillo Karam, respondiendo más a un interés político. El nombramiento del nuevo fiscal especial que no conoce el caso y que tampoco tiene la confianza de las madres y padres, es un retroceso en las investigaciones que había consolidado el fiscal anterior.
Hay una gran incertidumbre en las familias de los 43 sobre la veracidad de las capturas de pantalla, que hasta el momento se desconoce su procedencia. Falta demostrar la consolidación de estos datos que son de dudosa calidad jurídica. La exigencia mayor de las madres y padres es que se investigue al ejército y que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión. Sin embargo, han corroborado que el presidente Andrés Manuel se resiste a que se involucre a más altos mandos y medios del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes y le reiteraron su petición al presidente en su última reunión en Palacio Nacional. Solo esperan que se atienda su exigencia porque saben que el involucramiento del ejército fue clave en estos hechos atroces. Este lunes 31 de octubre el GIEI dio su opinión técnica sobre el informe del presidente de la COVAJ. Hay altas expectativas entre las familias que siempre han confiado en los expertos y expertas. Saben que no les van a mentir, por lo mismo, están preparados para aceptar la verdad, siempre y cuando existan pruebas científicas, de lo contrario, la lucha por la verdad continuará su derrotero.
Publicado originalmente en Tlachinollan
