México. En un contexto nacional lleno de violencia, donde cada vez más gente es expulsada del derecho a una vida digna, y en un Chiapas donde no ha habido justicia ni paz para los pueblos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que este marzo llega a los 25 años de vida, tiene el reto de fortalecerse y vincularse a nivel nacional e internacional, afirma Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente de ese organismo. “No hay que olvidar que el Frayba hoy ya no es un grupo de defensores de derechos humanos para los indígenas; hoy es de los pueblos indígenas, de él dependen los promotores comunitarios de derechos humanos; en él y su dirección están presentes los miembros de las comunidades”, apunta.

Los defensores de derechos humanos en México están sometidos al acoso y la amenaza, señala Raúl Vera, además de que “el gobierno de Chiapas se niega a la interlocución”, por lo que el Frayba debe cuidar su fortaleza, identidad y vocación y seguir teniendo una presencia fuerte, sobre todo por lo que significa para las comunidades indígenas.

El Frayba, que desde 1989 acompaña a los diversos pueblos y comunidades indígenas del estado, celebra su aniversario en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con un foro internacional de derechos humanos titulado “De la memoria a la esperanza”, con la presencia de representantes de comunidades locales, de pueblos indios de México, Guatemala y El Salvador, así como de intelectuales y defensores de derechos humanos.

Para Raúl Vera, el principal reto de derechos humanos para México lo representa el modelo económico, con una clase política plegada a él y sin vocación de servicio. “No podemos estar lejos de lo que pasa en el país. Siempre intentaron encapsular a Chiapas, y siempre dijimos que el fenómeno de Chiapas está ligado a lo que se vive en todo el territorio nacional. Hoy el Frayba  tiene que seguir generando relaciones e interacción todavía más fuertes en el resto del país, porque la violencia y la expulsión del derecho a la vida digna es cada día mayor”, abunda el obispo de Saltillo, reconocido por su labor de defensa de los derechos humanos.

Paramilitares, megaproyectos y Acuerdos de San Andrés

Para Chiapas, donde el Frayba actúa, los principales retos para los derechos humanos son la autonomía y la paz, que están relacionado con el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Fray Raúl Vera, quien fue obispo coadjutor de Samuel Ruiz entre 1995 y 1999, acusa que la paramilitarización es un fenómeno que sigue asolando a los pueblos indígenas, atizado por la liberación de los responsables de la masacre de Acteal, ocurrida en 1997. En el Ejido Puebla llegó el expresidente municipal de Chenalhó a hostigar a la población, que tuvo que huir ante la inminencia de una agresión en su contra, acusa el obispo.

Pero no es una amenaza solitaria. En la zona de las Cascadas de Agua Azul, “el gobierno del estado de Chiapas patrocinó que un grupo fuera y echara a los ejidatarios de ahí, todavía con la anterior administración”, enumera Vera, quien sonó como candidato para el premio Nobel de la Paz en 2013. El religioso dominico agrega a la denuncia al proyecto carretero San Cristóbal-Palenque, “parte del Plan Puebla Panamá, con el que se propusieron convertir en un correo industrial toda esa zona, que empiece en Estados Unidos y llegue al sureste y a Centroamérica”.

El obispo abunda en los ejemplos de amenazas a los derechos humanos que se relacionan con el modelo económico. Acusa que las ciudades rurales son otra forma de controlar a la población y prepararlos para alquilarse a las maquiladoras. “Es un condicionamiento a los hermanos para lograr la explotación del territorio con los megaproyectos, en los que van de por medio el agua, el bosque, la biodiversidad, los hidrocarburos, las mineras”, lamenta.

Ante los megaproyectos y la transformación que traerían a la vida de los pueblos indígenas en este estado, la defensa del territorio es uno de los retos para los derechos humanos, señala quien fue obispo coadjutor de Samuel Ruiz.  “Para los chiapanecos no ha habido justicia, no hay una ley indígena –la famosa es un programa de SEDESOL metido a la Constitución, donde los indígenas siguen siendo objetos de derecho, no sujetos de derecho”, resume.

Pero dentro de las facturas pendientes para los derechos humanos en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés son la más grande, valora Raúl Vera López. Los Acuerdos, “un trato directo con los hermanos del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)”, fueron firmados por el Estado no sólo con las etnias mayas, sino con los pueblos originarios de México, recuerda el obispo, premio RAFTO de derechos humanos. La consecuencia del incumplimiento es que se sigue hostigando a los indígenas en Chiapas, acusa.

“El derecho a la paz está alterado, está el tema de la dignidad de las culturas indígenas y la autodeterminación a la que tienen derecho, y por eso mencionaba a los Acuerdos de San Andrés, que tienen que ver con el derecho a la autodeterminación, paz social y al desarrollo, a ser sujetos de derecho y no objetos de derecho”, abunda.

México no pasó la prueba

El obispo  resalta que en la evaluación sobre derechos humanos que hace la Organización de las Naciones Unidas, México “sale reprobado”. Jtatik, nuestro padre, como lo llaman los pueblos indígenas de Chiapas, llama la atención hacia un tema que considera que no se ha cuantificado suficientemente en el tema: la destrucción de los sistemas productivos y de las fuentes de trabajo. “Todo eso está asomando ahorita en Michoacán”, donde los productores se encuentran copados por el crimen organizado, relata.  “Y no es el único territorio donde la ley del monte es la que impera”.

Vera, defensor de migrantes y de trabajadoras sexuales, apunta que a nivel nacional las desapariciones forzadas son otro de los temas pendientes. Además, están las reformas legislativas del último año, que dieron “al traste con una serie de conquistas. Por ejemplo, la laboral tiene como centro la ganancia, eufemísticamente llamada competitividad, y la persona está convertida en un esclavo”.

“Ahora viene ya la reforma del campo y es para ponerse a temblar. Están despojando el territorio”, finaliza Raúl Vera. Por ello, insiste, es necesario que el Frayba “siga fortaleciendo sus vínculos y denuncie a nivel nacional e internacional”.

17 de marzo 2014