“El Estado mexicano se ha preparado para hacer una guerra contra su población civil”

Proyecto Chakana

– ¿Cuál es la historia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como El Frayba?

– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nace en 1989 por iniciativa del obispo emérito Don Samuel Ruiz García. Él lo crea desde la estructura de la Diócesis de San Cristóbal. Había y sigue habiendo muchísimas injusticias, y una gran necesidad de asesoría que pedían los pueblos indígenas sobre cuestiones de Derecho. El nombre se debe a que aquí Fray Bartolomé de las Casas es un ícono. Desde la colonia fue el primer defensor de los derechos de los indígenas y esta fue su Diócesis.

Este año el Centro va a cumplir 22 años y en todo su caminar ha cambiado la forma de cómo ha trabajado. En un principio era como un buffet de abogados que ayudaba en cuestiones jurídicas. Pero el concepto ahora es la defensa integral de los DDHH. Es ir acompañando a los pueblos en procesos de defensa de los derechos. Entonces mucho tiene que ver con los modos o las formas que los pueblos tienen para ejercer sus derechos. Todo depende de qué es lo que quiere el pueblo. Nosotros siempre actuamos como centro a petición.

Parte de nuestra misión es caminar al lado del pueblo pobre, excluido y organizado. Apostamos a todos estos procesos colectivos que están trabajando y están tratando de hacer un nuevo modelo. Un nuevo sistema económico, político, etcétera. No quiere decir que no atendamos a todos los demás, pero como Centro nos enfocamos principalmente en los derechos de los pueblos indígenas.


– ¿Cuál es la situación de los indígenas en México y en Chiapas?


– La situación de los pueblos ha sido y es terrible, porque al final es un modelo económico el que está provocando esta violencia. El Estado es un operador de los proyectos económicos y políticos neoliberales que están chocando o con quienes tienen propuestas, o tienen territorios que les interesa a esta economía poderosa. Muchos de esos pueblos no quieren ceder a esos proyectos, y ahí vienen todas estas confrontaciones y violaciones. Son brutalmente golpeados usando al Estado. Al Estado hablando del Estado Federal, y los Estados estatales. Usando grupos de corte paramilitar, grupos de corte parapolicial. El Estado al final es un operador y ni siquiera se va a quedar con la riqueza.

En Chiapas en particular, los avances de estos proyectos han sido muy fuertes y muy violentos. Avanzaron por donde pudieron avanzar, pero ya están llegando a las puertas de las comunidades que tienen que desalojar, que más se están resistiendo. Entonces la escalada se está poniendo peor, porque lo que está haciendo el Estado es provocar conflictos. Es una estrategia muy vieja que se ha usado en muchos lados: provocas un aparente conflicto interno, entonces el Estado resguarda la zona, el lugar, el territorio, para que “no se maten entre ellos”. Se necesita un control del territorio, tanto físico como político. Sólo estos intentos y estas situaciones de control traen un sin número de violaciones de DDHH.

Acá están la mayor parte de los recursos naturales: agua, petróleo, gas, minas, que realmente no han sido explotadas como ellos quisieran. Y sigue habiendo esta resistencia que no les permite explotarlas directamente. Entonces nosotros vemos un escenario de guerra peor para México y esperemos que todos esos grupos y la solidaridad internacional eviten que esto sea peor.


– ¿Cuáles son estos proyectos que necesitan control territorial?


– El proyecto principal que nos afecta en México es el Proyecto Mesoamérica, que antes era el Plan Puebla Panamá. México y Colombia son los dos puntos de este proyecto, y Colombia es un ejemplo de cómo lo quieren hacer aquí. Porque según ellos sí les está funcionando y los países tienen características parecidas: tienen insurgencia, tienen narcotráfico, tienen pueblos indígenas, etcétera. Entonces están  colombianizando México, para tener mayor poder de penetración y control. Para allá va esta dizque guerra contra el narcotráfico que está haciendo el Gobierno Federal. Entonces la violación creemos que va a ir para peor, porque para el 2015 el Proyecto Mesoamérica tiene que dar sus primeros resultados.

En las cascadas de San Sebastián Bachajón quieren poner un centro turístico grandísimo. El problema es que hay gente que sí está a favor porque son del gobierno, pero hay bases de apoyo del EZLN y gente de la Otra Campaña que no quieren dar esos terrenos para poner hoteles. Los quieren para seguir sembrando. Y Mitzitón es la autopista que va desde San Cristóbal a Palenque. O sea, como se va a llegar a Bachajón. Y claro, ellos no quieren ceder ese territorio. Pero los tienen que hacer a un lado ya. Porque ya urge poner los hoteles. Porque las empresas transnacionales pierden dinero si no los ponen. Entonces hay que golpearlos, hay que destruirlos.

Por eso nosotros alejamos un poco el lente. Los conflictos se ven en lugares pequeños, comunidades. Pero si te alejas, lo que vas a ver es que atrás de todo está este gran proyecto económico y político. Y este proyecto es el que está causando esos conflictos internos en las comunidades. Los pueblos dicen “nosotros estamos defendiendo, no una caseta de cobro como en Bachajón, estamos defendiendo nuestro territorio y nuestra tierra. No queremos hoteles”. Y ahí está la confrontación. Claro, ya si te acercas, son pueblos pequeños contra este monstruo, apoyado por todo el dinero y todo el recurso y todas las opciones militares de Estados Unidos.

Y en México es lo mismo. Si vas viendo donde están los conflictos más fuertes, pues ahí hay recursos. Lo que están haciendo es quitar a la población. No podían, pero ahora con la supuesta guerra contra el narcotráfico lo están haciendo. Hacen una masacre y pues la gente se va. Ahí no te queda de otra. Y entonces ya tienes control territorial. Y pronto verán que en esos lugares donde había gente, aparecerán empresas mineras. Entonces ahorita en México se está dando una lucha por el territorio.


– ¿De qué manera trabaja el Estado para golpear a los movimientos?


– Con lo que hemos documentado consideramos que ha cambiado un poquito su estrategia. En el ’94 su estrategia fue muy como en Colombia: crear grupos civiles armados que se podían identificar. Pero hubo un cambio en México. Durante ochenta años siempre gobernó el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pero en el 2000 vino el PAN (Partido Acción Nacional), un partido de ultraderecha que cambió la estrategia. Entonces, en vez de crear grupos paramilitares y confrontarlos, fue por la compra de conciencias y por la derrama económica brutal, en todos los lugares donde había o hay presencia de personas que estén revelándose.

Son programas que le llaman de apoyo a la población. Programas millonarios. Pero lo que tienen en el fondo es un carácter totalmente contrainsurgente, porque van con una derrama muy fuerte de dinero para romper las resistencias y para dividir las comunidades. Y les ha funcionado. Ha confrontado a la gente de las comunidades, porque la resistencia en la pobreza extrema es muy dura. Y con los programas, lo que hacen es ir con una cara dizque amable y bonita, a llevarles muchísimo dinero, luz, agua, coches. Pero no tienen un carácter realmente de desarrollo, es un programa específicamente contrainsurgente, porque no les asegura un futuro.

Es difícil decir que esos programas son contrainsurgentes cuando dicen que la ONU los está avalando. Pero detrás de esto está la acción contrainsurgente, está documentada, pero es difícil sacarlo a la luz. Todos van a decir “No, cómo crees…¿La ONU?”. Pero la ONU en Chiapas no sido nada neutral y de carácter contrainsurgente.

El hecho de avalar programas y situaciones de un Estado que tiene un control férreo de los medios de comunicación tipo dictadura, que ante cualquier expresión en contra de las políticas estatales hay hostigamiento, represión, criminalización y cárcel. Ya ha pegado a campesinos, como siempre, a ejidatarios, pero a periodistas y ahora hay un director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá preso. Entonces eso es totalmente una dictadura.

Criminalizan a defensores de Derechos Humanos que llegan a documentar una situación, diciendo que ellos son los principales delincuentes de una acción y los encarcelan. Los acusan de motín, que es algo que se les acusa a grupos subversivos. Eso es criminalización, y ese es el rostro real de México y del Estado de Chiapas. Eso pasa todos los días, eso sucede con todos, todo el tiempo. El Estado mexicano, tanto federal como estatal, ha venido preparándose para hacer una guerra en contra de su población civil, para lo que ha modificado leyes y le ha dado poder al Ejército.

– ¿Qué otros métodos de contrainsurgencia se están usando hoy en día?

– La otra es que estos grupos que fungían como paramilitares, se insertaron en organizaciones más amplias, de corte social y campesino. Entonces, es mucho más difícil poder acusar o señalar a tal organización como una organización paramilitar, porque no todos son. Son algunos, son grupos, que a partir de esa organización salen, hacen sus acciones contrainsurgentes y se vuelven a cobijar. Ha cambiado un poco la estrategia y hace que se nos dificulte tanto a los centros de DDHH como a los pueblos, tener bien identificadas estas situaciones.

En la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) no todos son paramilitares. Hay gente que es tranquilamente campesina y se dedica a lo suyo. Pero adentro están los que formaron otros grupos paramilitares. Eso es lo difícil. No podemos decir “la OPPDIC es paramilitar”. Podemos decir “dentro de la OPPDIC hay gente que está haciendo un trabajo paramilitar”, pero la OPPDIC como tal, no. Es una estrategia, porque si tú acusas directamente a una organización grande, se te va a venir encima toda la organización. Y realmente no todos lo son. La estrategia cambia, ya pasa un nivel más de todas las estrategias que hicieron en Centroamérica y Sudamérica. Ahora es un paramilitarismo y una contrainsurgencia muy social.


– ¿Qué papel juega la guerra contra el narco en este contexto?


– Toda esta guerra contra el narcotráfico es una justificación para hacer unas leyes que sin este teatro de la guerra no podrían justificar. Como tener al Ejército en las calles todo el tiempo, poder entrar a cualquier comunidad, a cualquier casa, a cualquier lugar y detener quien sea diciendo que pueden ser delincuentes.

Que sea legal el arraigo. Porque al final el arraigo es una detención preventiva. Y eso no puede ser. O te detienen y te acusan formalmente, o no te detienen mientras te investigan. Y aquí no. Aquí te detienen con esa figura del arraigo, que está creada para la delincuencia organizada. En Chiapas, el 90 por ciento de los que han arraigado no son por el crimen organizado. han sido por movimientos campesinos y han sido periodistas. Están utilizando esas reformas para criminalizar y para golpear a las organizaciones, a los movimientos sociales y a los defensores de los DDHH.

También ha habido una constante estrategia mediática de criminalizar a ciertas organizaciones, siempre tratando de vincularlas con la delincuencia organizada, siempre tratando de aparentar que lo que hacen algo tiene que ver con la delincuencia. Contra el Frayba llevamos por lo menos dos años de una campaña permanentemente en medios de comunicación. Aparte de un veto bastante fuerte que ahora se abrió un poquito, pero teníamos un veto total. No había ningún medio de comunicación nacional o local que sacara nuestra palabra.


– ¿Cómo está la situación de los observadores de Derechos Humanos?


En México ser periodista o defensor de Derechos Humanos son los trabajos más peligrosos. Ya estamos como el segundo o tercer lugar a nivel mundial donde más matan a periodistas, y donde más matan a defensores de DDHH. Es el Estado el que lo está haciendo, pero se cubre con esta dizque delincuencia. Al final, la delincuencia organizada y el Estado son lo mismo en México. Entonces eso es lo peligroso que nosotros vemos.

Esa situación no ha llegado tanto al sur. Está más en el centro y norte de México, que es esa guerra en las calles. Pero es una guerra del Estado mexicano contra su propia población. Nosotros creemos que ese escenario lo van a traer al sur, como una forma de deshacerse de todas las organizaciones que tienen proyectos alternativos. Ya llegó a Oaxaca, ya llegó a Guerrero, que junto a Chiapas son los estados tradicionales de movimientos sociales muy fuertes.

A nosotros nos preocupa eso. Traerán esta supuesta guerra contra el narcotráfico y entonces darán parejo. Nos podrán detener o matar y dirán “es que estaban relacionados con el crimen organizado”. Nos inventarán como siempre mil delitos y hasta ahí quedará. Y se van a deshacer de nosotros como centros de DDHH, como organizaciones campesinas o como el EZLN.


– ¿Cómo cambió el panorama el levantamiento zapatista del ’94?


– El ’94 puso un escenario diferente, un escenario de guerra que no se había vivido tanto en el Estado. Porque conflictos siempre ha habido. Chiapas es muy complicado, porque hay muchísimas organizaciones. A veces una comunidad es de una organización y dentro de dos años es de otra, y después de otra. O se dividen y después se juntan. Siempre hay un constante flujo de entrada y salida de gente. La situación depende del momento, del tiempo y de la coyuntura que esté sucediendo.

Lo que sí hay, es un Estado que se ha comportado siempre igual. En contra de quien sea. Y que utiliza todo lo que sabemos que han utilizado en Sudamérica y en Centroamérica para control social y político. Las mismas estrategias que hemos visto una y otra vez en todos lados, las usan y las siguen usando. Entonces digamos que la situación de los DDHH siempre es complicada.

El primero de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese día aparecieron los zapatistas y trajeron la construcción de un modelo que choca de frente contra el modelo capitalista. Entonces ya imaginarán lo que puede venir. O sea, no pueden coexistir. Uno de los dos es el que tiene que no existir. Y los dos supongo que harán lo que sea para que su modelo sea el que quede.

Al final, el del ’94 es uno de los movimientos que más ha resistido. Es la organización que más ha durado luchando en México. Y para México eso es bastante nuevo. Normalmente a las organizaciones de ese corte las han reprimido fuertísimo. Las han deshecho. Las dejan otra vez en núcleos muy chiquitos. Hay otras organizaciones en México, pero el EZLN es la única que tiene una base civil y un ejército que ha estado bastante intacto a pesar de embestidas muy fuertes en sus 17 años de luz pública. Y siguen construyendo, entonces eso es lo nuevo.


 

– Una ofensiva emblemática fue la de Acteal en el ’97


– Es parte del mismo proceso. Acteal era un campamento de desplazados de varias comunidades, incluyendo comunidades donde había grupos paramilitares. Y se ubicaron cerca de donde sí hay comunidades de Bases de Apoyo. El EZLN venía creciendo muy rápido hacia esas partes, hacia los Altos y hacia el norte del Estado.

Entonces la masacre de Acteal fue un ejemplo. Una masacre para que la gente no siga metiéndose en las organizaciones. Fue un grupo de paramilitares entrenados por el Estado mexicano, armados, que llegaron a masacrar a las personas que estaban en ese lugar. En un campamento de refugiados. No fueron a la comunidades Bases de Apoyo, fueron a un campamento de refugiados. Claro, los de Acteal dijeron “nosotros no somos zapatistas, nosotros no somos del EZ, porque nos van a hacer daño”.

Don Samuel estuvo cerca desde el primer momento. Es el proceso más antiguo que tiene el Frayba. Ha estado con ellos durante los trece años desde que sucedió la masacre. Se detuvieron a muchas personas. Muchos de ellos fueron señalados por las propias víctimas y por los sobrevivientes como los autores materiales. Ellos los reconocen. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de La Nación de México dijo que hubo un mal procedimiento. Ellos no opinan sobre si son inocentes o culpables. Y con este supuesto alegato quedan libres.

Pero para nosotros ahí están retorciendo las leyes y haciéndolo para beneficiar a estas personas que son señaladas. La Suprema confirma esta estrategia contrainsurgente. Al autor material pues al final lo liberan y entonces este proceso queda en impunidad. La preocupación de los sobrevivientes es que los asesinos están regresando y prometieron venganza. Les dijeron que cuando salieran se iban a vengar de porque los habían metido en la cárcel. De los autores intelectuales ni se diga. Nadie, jamás, no los han ni siquiera requerido. En México lo que más hay es la impunidad. Aquí no hay justicia. Ni siquiera el Estado mexicano reconoce que hay grupos paramilitares.

Nosotros monitoreamos todos esos temas y los documentamos. Y como parte de nuestro monitoreo, hay uno que se llama Conflicto armado interno no resuelto. Porque para nosotros, este conflicto que empezó en el ’94, todavía no ha terminado. No se puede hablar de reconciliación o de paz, porque el Estado sigue en guerra. A lo mejor no hay una guerra de balas, pero está en una situación de guerra. De posiciones, de toma de territorio, de desgaste, de cárcel, de matar gente. Ahora se matan más de forma selectiva. El Ejército sigue en las mismas posiciones e inclusive han puesto más militares por esta dizque lucha contra el narcotráfico.

Eso es lo que nosotros hemos podido documentar. Tenemos el Plan de Campaña ’94, que es un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo para confrontar al EZLN y ahí vienen muchas de estas cuestiones que las pueden ver, que siguen y continúan. Entonces a nosotros nos preocupa este escenario, que se ha podido equilibrar con toda la solidaridad internacional, con los observadores internacionales, con los Centros de Derechos Humanos, que lo han hecho visible. Se ha podido hacer que no pasen cosas tan graves. Pero si encima le pones esta dizque lucha contra el narcotráfico, va a ser muy complicado. Para todos.


– ¿Tienen conocimiento sobre la situación de derechos humanos a lo largo del continente?


– Nosotros colaboramos con algunos medios en Sudamérica, Centroamérica y las denuncias son muy parecidas. Al final son contra la minería, contra el despojo de tierras. Es la misma dinámica a nivel americano. No hay que perder de vista que los conflictos y las violaciones a los DDHH no surgen solitas en la comunidades. Es por este Proyecto Mesoamérica, que es operado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para beneficio de las transnacionales.

Al final el proyecto de Estados Unidos, el famoso ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no lo han podido implementar. Cada vez más países se oponen y Estados Unidos lo ve cada vez más complicado. Entonces creo se van a poner más pesados, como sólo ellos saben, y ahí es donde nosotros tenemos la preocupación. Si no les ha llegado, les va a llegar. Si viven en algún lugar donde puede haber una mina, los tratarán de despojar tarde o temprano. Y curiosamente, donde están los recursos que necesitan los EEUU, están los pueblos indígenas. En toda Latinoamérica. Es la misma historia que vamos a escuchar una y otra vez.

Es una constante. Desde que llegaron los españoles en el 1500 no ha parado. Ha habido mejoras, claro. En Chiapas ya no hay tiendas de raya. En las fincas te daban vales para que en las mismas tiendas del patrón pudieras cambiar tus productos. Existieron hasta 1993. Con el ’94 eso cambió. Ahora los pueblos pueden andar por las banquetas. En San Cristóbal tenían que andar por la calle. Cambiaron cosas y siguen cambiando, pero todavía está bastante fuerte la situación.

Pero también vemos que existe la otra parte de esperanza. Lo positivo es que en toda Latinoamérica, incluyendo México y Chiapas, está la resistencia, que están los pueblos organizándose, a pesar de estas envestidas tan fuertes y brutales. Para nosotros como Centro, ahí está nuestra apuesta. A ese modo. Si decidimos acompañar a un proceso y a un pueblo, pues no podemos ser tan neutrales. Pero es nuestra misión y una visión. Ya falleció nuestro presidente fundador, Don Samuel, pero esa fue la misión que dejó. Acompañar a los pueblos.


– ¿Cómo sintieron la presencia de los poderes políticos en el velorio de Don Samuel?


– Creemos que el enviado del Vaticano y Calderón querían montarse en todo esto, porque realmente nunca estuvieron cerca. Y Don Samuel, hasta en sus últimos días, estuvo firme en lo que creía. Estar al lado del pueblo pobre y organizado. Y todo esto de que viniera el Gobernador, el Presidente, el Vaticano, fue un show mediático que inventó el Estado para apropiarse de su fallecimiento. Porque es un evento internacional, y en vez de permitir que se expresaran realmente los pueblos, pues lo acapararon ellos para que no pudiera salir todo esto de lo pueblos.

Pero su trabajo está vivo. El trabajo de Don Samuel en Chiapas ha sido muy grande, ha dejado un sin número de organizaciones, un sin número de procesos que siguen trabajando y que van a seguir adelante. Es una semilla de esperanzas, todo ese trabajo que está y que el Estado no ha podido ni podrá frenar.

Publicado el 01 de Junio de 2011

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