El gobierno de la cuarta transformación no investigará al ejército, ni los llamará a cuentas, aun cuando tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Fue una de las preocupaciones de las madres y padres de familia en la Asamblea Nacional Popular (ANP), el pasado 13 de agosto de 2022 en la escuela normal de Ayotzinapa. Confluyeron diferentes organizaciones sociales y colectivos de desaparecidos del estado y México que coincidieron en fortalecer la articulación de las luchas sociales para el esclarecimiento de la verdad.
Las organizaciones sociales se solidarizaron y respaldaron la lucha de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes consideran que el gobierno está preparando una nueva versión de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. No hay esperanzas. Al contrario, señalaron en la ANP, es muy posible que en próximos días dé a conocer el ejecutivo federal lo que supuestamente saben lo que ocurrió en el caso Ayotzinapa, parecido al de la verdad histórica. Seguramente afirmarán que el caso ya está esclarecido. Sin embargo, tenemos dos hechos irrefutables con los cuales podemos probar que eso es una mentira. El primero, este gobierno solamente logró, mediante las búsquedas, la identificación de dos estudiantes. La pregunta sería dónde están los demás estudiantes. El segundo, respecto de los hechos tienen una hipótesis basada en un testigo que ha logrado reunir la Fiscalía General de la República (FGR). Sobre esta declaración están construyendo la verdad de este gobierno. Eso es lo que tenemos.
Hay una fuerte tendencia del gobierno federal en darle una salida política al tema de la desaparición de los 43 normalistas. ¿Cómo dar por concluido el caso Ayotzinapa sin saber la verdad y sin acceder a la justicia?
Mientras esta salida política ocurre, el corazón de la investigación llegó a un callejón sin salida, donde las líneas nos conducen a la responsabilidad del ejército mexicano. Se ha insistido en que elementos castrenses supieron de todo, desde que los jóvenes salieron de la normal hasta las horas de la agresión. Cuando estaban agrediendo a los estudiantes las patrullas militares estuvieron en todos los lugares. Ellos intervinieron llamadas telefónicas de un integrante de Guerreros Unidos y de la policía, donde hablaban de los jóvenes estudiantes. Al final, los hilos que hoy cubren esta verdad están en los cuarteles militares. Sólo hay un detenido y otros más que hay prueba de que tienen vínculos con “Guerrero Unidos”. El testigo estrella del gobierno federal, Juan, dice que 25 estudiantes fueron ingresados al 27º batallón de infantería y ahí fueron torturados y entregados al grupo delictivo que los asesinó, pero el gobierno no la cree, explicaron las madres y padres a la ANP.
En su participación el abogado Vidulfo Rosales Sierra hizo un análisis de contexto donde relucen los acuerdos fácticos entre el gobierno federal con las fuerzas armadas. La realidad es que este gobierno no está dispuesto a ejercer presión al ejército para que sea investigado y sancionado. Por el contrario, hoy podemos ver cómo paradójicamente este gobierno está dando un sinnúmero de facultades legales al ejército mexicano para realizar tareas de seguridad pública que la constitución prohíbe, porque están encomendadas a la policía. Andrés Manuel López Obrador está consiguiendo lo que el ejército no pudo tener con el PRI y con el PAN. No hay poder que pare esas iniciativas. Las organizaciones sociales no tienen la fuerza para parar y las organizaciones de derechos humanos tampoco tenemos la voz. No podemos hacer nada para contrarrestar esa embestida, ese atraco legal que pretende hacer este gobierno al estilo de los gobiernos autoritarios del cono sur de América Latina: una dictadura militarista disfrazada.
Además, el abogado Vidulfo Rosales dejó con claridad que se les está otorgando facultades legales a un ejército asesino que en los años 60 y 70 desaparecieron y torturaron a cientos de luchadores sociales, principalmente en Guerrero; en el año 1998 masacraron cobardemente a 11 indígenas en la comunidad de El Charco; en el 2002 violaron cobardemente a dos mujeres indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en las comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres y de Acatepec. Tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue condenado el Estado mexicano y el ejército. En otro de los casos elementos del ejército asesinó a Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua, de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, cuando pasaba por un retén. Ahí terminaron con su esperanza de llegar a Estados Unidos para trabajar. Sólo algunos casos de múltiples agravios.
Este es el ejército del que hablamos y que el presidente dice que es emanado del pueblo. Sin embargo, no lo es porque ha torturado, asesinado a luchadores sociales de las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Es un ejército cuyas élites fueron educadas en las escuelas de las Américas, al servicio de las oligarquías de América Latina y de México. Ha sido un instrumento de opresión para perseguir a la disidencia política en este país, a los que alzan la voz y a las insumisas.
Un ejército que tiene vigilada a la normal rural de Ayotzinapa y que desde el 2010 la mantenía infiltrada porque supuestamente es semillero de rebeldía y porque aquí han nacido las voces que han cimbrado este país quebrado por la violencia y golpeado por la pobreza. Aquí estuvo Lucio Cabañas, Othón Salazar, Carmelo Cortés Castro. Fue el mismo ejército que los persiguió hasta que muchos se vieron obligados a subir a la sierra con el fusil en mano, para hacer los cambios en México.
Ese ejército mexicano en la actualidad es responsable directa e indirectamente de la desaparición de los 43 estudiantes. A pesar de las tropelías históricas de las fuerzas armadas el presidente de la república se ufana en abrirle la casa, el permitirle la entrada, en darle facultades, en darle el proyecto de la democracia. Este es el rostro de un gobierno progresista que se arroja a los brazos de una fuerza autoritaria y de funestos opresores. Son sembradores de la muerte y los responsables de las violaciones más graves a los derechos humanos en México, desde 1968 hasta Ayotzinapa.
A este análisis del nuevo contexto de militarización las organizaciones sociales llamaron a la articulación de las luchas porque las heridas del pasado siguen y los agravios del presente se ahondan cada vez más.
Hicieron un llamado a todas las organizaciones, al pueblo mexicano a levantar la voz y establecer un diálogo con más referentes de lucha. Las madres y padres de Ayotzinapa anunciaron la jornada de protestas del 12 al 27 de septiembre, a 8 años de la desaparición de sus hijos.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Publicado originalmente en Tlachinollan
