En el gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador firma tres acuerdos de cooperación en seguridad con Estados Unidos. Año 2019, acuerdo conocido como Sistema Seguro de Comparación y Evaluación de Identificación Personal (PISCES); año 2023, el acuerdo para la «Asistencia e Interceptación Aérea», el Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas – AROCAMT que permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas de la costa ecuatoriana y el Acuerdo Sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés). A partir de la conveniente toma del canal TC televisión por un grupo de pandilleros flacos y desarrapados, el gobierno de Noboa declara la guerra interna, militariza el país, lo someta a estados de excepción permanente, ratifica el SOFA y firma otros acuerdos de seguridad con Estados Unidos que permiten operaciones militares conjuntas contra organizaciones declaradas terroristas vinculadas al narcotráfico y el intercambio de oficiales de enlace y datos biométricos.  

Estos acuerdos, que son parte de La Hoja de Ruta de Asistencia al Sector Seguridad (ESSAR) implica lo siguiente: 1. Inmunidad Penal al personal militar estadounidense y sus contratistas que permite que EE. UU. mantenga jurisdicción sobre su personal en territorio ecuatoriano. 2. Libre circulación de aeronaves, buques y vehículos estadounidenses. 3. Exenciones tributarias de importación y exportación al personal militar y contratistas estadounidenses. Toda esta entrega de soberanía se hace en nombre de la seguridad del Ecuador que, curiosamente, en el contexto de la firma de estos acuerdos entra en una espiral de violencia ventajosa para la legitimación de los mismos.    

Es importante señalar que los gobiernos de Lasso y Noboa convocaron a tres consultas populares donde el pueblo ecuatoriano rechazó la presencia de bases militares extranjeras en el país, ratificando la Constitución y la soberanía del Ecuador. A pesar de esto, el gobierno de Noboa de manera inconstitucional e impopular abre las puertas del país a los aparatos de seguridad de Estados Unidos. Finalmente, el 5 de marzo de este año 2026, el Ecuador junto a otros países de la región suscribe un acuerdo de seguridad con el Comando Sur que sella un compromiso multilateral “para enfrentar amenazas comunes mediante la cooperación estratégica y operativa entre los Estados firmantes”, es decir, con Estados Unidos. Con esta suscripción, el Ecuador junto con los demás países firmantes, entra de forma directa a la guerra geopolítica lanzada por Estados Unidos y marcada por el ataque militar a Irán. A partir de este acuerdo, el día 11 de marzo se apertura la primera oficina del FBI en el Ecuador, convirtiéndonos de facto en una colonia militar del imperio en decadencia. 

Hagamos la lectura incómoda y real sobre esta política hemisférica. 

Estos acuerdos, que realmente son imposiciones imperiales, responden al cálculo estratégico de la Doctrina Monroe (América para los estadounidenses) en la versión siglo XXI que la podemos llamar Doctrina Trump, no porque sea un asunto de Trump sino porque en su gobierno se manifiesta el proyecto imperial de los Estados Unidos en su momento de declive.  A diferencia de la Doctrina Monroe que marcó el inicio del desarrollo del imperio estadounidense, la doctrina Trump marca su fin con el plan de acción que se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025. Es importante señalar que esta política exterior está signada por el cambio de perspectiva que se desplaza de la seguridad a la guerra con su secretario Pete Hegseth. No enfrentamos una política de seguridad, sino una clara y abierta política de guerra lanzada por Estados Unidos en contra de lo que considera amenazas geopolíticas (China, Rusia, Irán y el avance d ellos BRICS). Una respuesta guerrerista al actual conflicto geopolítico global, contexto en el cual Estados Unidos pierde hegemonía.   

¿Qué papel juega en este escenario América latina? Nada más que convertirse en el espacio de atrincheramiento del imperio en decadencia para enfrentar la guerra global que está provocando. Debido a este interés, los discursos del gobierno de Trump se llenan de alusiones al centralismo del hemisferio occidental, América para los americanos, léase estadounidenses, fortalecimiento de la seguridad regional, etc.   La re-ocupación histórica de América Latina se vuelve intensiva con el segundo gobierno de Trump, entendiendo que el poder del capitalismo corporativo ligado al extractivismo, el narcotráfico y el negocio de las armas no han dejado de operar a través de los organismos del estado profundo, sobre todo del Comando Sur en nuestra región. Lo que se ha visibilizado con la agresión a Venezuela, el secuestro de Maduro y el sometimiento del gobierno venezolano a Estados Unidos es la estrategia de contención e intento de expulsión de los intereses extra hemisféricos, principalmente de China, Rusia e Irán. Desde esta perspectiva, todos los acuerdos estratégicos con Estados Unidos, a nombre de la seguridad y el combate al narco terrorismo, dan el marco para declarar terrorismo a toda forma de organización política, estatal o no estatal, que rechace la ocupación de América latina y la destrucción de la soberanía de nuestros países, el no alineamiento geopolítico, peor aún, el alineamiento con el eje euroasiático. 

No es fortuito que, desde el inicio de la política contra las drogas en América latina, nuestros territorios se hayan envuelto en un espiral de violencia ascendente que crea caos, miedo y justifica cualquier política militar que restringe soberanía y derechos. Una guerra contra las drogas que ha sido un éxito en extender la violencia, la criminalidad, el control de la sociedad y el saquero de nuestros recursos y, como es obvio, ha fracasado en acabar con el narcotráfico. Tampoco es una sorpresa que el negocio de las drogas, articulado a otros negocios ilegales del capital criminal, beneficie principalmente y por mucho al capitalismo central, ante todo al sistema financiero global de Wall Street, Black Rock y demás fondos buitres y criminales. No es casualidad que el supuesto combate al narcotráfico sea selectivo, unos gobiernos y unos gobernantes no alineados a USA son acusados de narcoterroristas y los otros que han decidido someterse no. Es claro que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos poco o nada tienen que ver con el combate a los cárteles de la droga, en los que muchos de los firmantes participan. Al contrario, están muy conectados con la guerra que el imperio ha lanzado contra sus rivales geopolíticos. 

Así, el discurso del terrorismo y del narcoterrorismo es simplemente el pre-texto para la ocupación militar agresiva de América latina, obligando a sus países y gobiernos a alinearse con Estados Unidos en su guerra geopolítica y convertirnos en legítimos objetivos militares de sus enemigos globales. Por supuesto, esta ocupación le da vía libre para disponer de nuestros recursos naturales y sociales como recursos de guerra, en un momento en que claramente están perdiendo su poder geopolítico. Esta pérdida volverá al imperio más agresivo y su atrincheramiento en América latina será mucho más destructivo para nuestros países. Lamentablemente, la derrota que puede tener con Irán será encubierta con una brutal agresión a Cuba y una mayor y más violenta ocupación criminal de América Latina. 

Por último, creo que la apertura de la oficina del FBI en el Ecuador es el signo indiscutible de que la camarilla anglosionista, genocida, pedófila y caníbal, que la policía federal encubrió en Estados Unidos, operará con impunidad en nuestros países, para lo cual crearán más caos y violencia como lo hacen en Medio Oriente. Y como allí, los países más sometidos al imperio como los del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) serán objetivos militares legítimos de los gobiernos y potencias agredidas por Estados Unidos.