En México, la política pública de protección a migrantes únicamente se ha enfocado en contener el flujo migratorio y no en atender las causas por las que éste inicia, incluyendo las necesidades de los habitantes y sus derechos, indicó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Si bien la movilidad de la persona es un derecho fundamental, lo ideal es implementar acciones que prevengan la migración involuntaria o forzada; que los Estados proporcionen a sus nacionales las condiciones mínimas necesarias que garanticen y protejan sus derechos humanos para evitar que la población se movilice sin desearlo”, expresó González Pérez.
El titular de la CNDH señaló que “el anhelo de las personas migrantes por buscar mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. La pobreza, la desesperanza y, cada vez más, la violencia, son las causas por las cuales muchos de nuestros hermanos centroamericanos emprenden su largo camino”.
Tan sólo en el 2014, se recibieron 548 quejas sobre violaciones a los derechos humanos, y de enero a octubre de este año, se han recibido 670. “cuyos principales hechos denunciados consisten en trato inhumano por elementos del INM, uso excesivo de la fuerza por policías y miembros de las Fuerzas Armadas, inseguridad jurídica en estaciones migratorias, falta de artículos mínimos para una estancia digna en dichos lugares, así como hacinamiento”.
Las violaciones a los derechos humanos recaen en gran parte en la falta de capacitación de los servidores públicos, quienes deberían ser especialistas y tener la vocación de servicio.
“El respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad no sólo se logra a partir de la aplicación de la norma, de generar responsabilidades y castigar las violaciones a derechos humanos, sino también verificando los perfiles, la capacitación, la vocación y el actuar honesto de los servidores públicos que tienen en su labor la aplicación de la norma migratoria”, añadió.
Ante esto, se explicó que existe capacitación para los servidores en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Baja California.
González Pérez concluyó que es urgente la suscripción de tratados internacionales binacionales o multinacionales que contemplen a la población migrante, con el fin de garantizar los derechos humanos y la protección de los flujos migratorios.
